En una jornada importante para el gobierno, el Ejecutivo anotó este miércoles uno de sus triunfos legislativos más relevantes desde el inicio de su mandato. A pocos días de la segunda Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que crea un royalty para la gran minería del cobre, iniciativa que forma parte de los ejes de la reforma tributaria.

La aprobación se dio en una intensa sesión, con intervenciones tanto opositoras como oficialistas, y que tuvo su punto cúlmine en una celebración en pleno hemiciclo, donde los diputados entonaron el himno nacional.

En concreto, el grueso de los artículos fue aprobado en la primera votación, que contó con 101 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Aunque durante la jornada hubo cierta incertidumbre respecto a los artículos que crean tres fondos a repartir por US$450 millones, cuya caída hubiera significado que el proyecto pasara a una Comisión Mixta, finalmente todas las enmiendas introducidas por el Senado fueron visadas por la instancia legislativa. Con ello, el proyecto superó su tercer trámite legislativo y quedó en condiciones para ser promulgado.

El ministro de Hacienda Mario Marcel -quien sostuvo durante la jornada un almuerzo con diputados del Partido Socialista para aplacar las dudas y crítica sobre la distribución de recursos a regiones-, destacó la aprobación del proyecto y agradeció “el aporte que se fue haciendo en las distintas etapas, especialmente en el trámite que hubo en el Senado, en el cual senadores de todos los sectores políticos aportaron ideas para que este proyecto pudiera perfeccionarse”.

Marcel también remarcó el fin a la incertidumbre que pesaba en el sector. “Hoy día podemos decirle a la industria minera que es cierto que va a tener que pagar más impuestos, pero ya sabe cuáles son los impuestos que va a tener que pagar”, subrayó.

Por su parte, la ministra de Minería, Marcela Hernando, valoró el despacho de la iniciativa, ya que “uno de los aspectos más importantes para el sector y la inversión minera es la certeza jurídica”, dijo.

Tras su aprobación, el royalty entrará en vigencia en 2024, con lo cual se gravarán los resultados del ejercicio comercial 2023. En régimen, la iniciativa recaudaría un 0,45% del PIB por año, monto equivalente a US$1.350 millones.

En conjunto, el proyecto establece cargas sobre el margen operacional de las mineras, así como sobre sus ventas. Establece una tasa progresiva de entre 0,4% a 4,4% sobre el margen a los explotadores mineros con producciones anuales de entre 12 mil y 50 mil toneladas métricas de cobre fino (TMCF). En tanto, para quienes produzcan más de 50 mil, y su producción provenga en más de un 50% de minerales distintos al cobre, la tasa será de entre 5% y 14%. En caso que más de la mitad de su producción sólo sea cobre, las tasas irán entre 8% y 26%. Adicionalmente, estos últimos productores verán gravadas sus ventas anuales con un impuesto ad valorem del 1%.

Cabe recordar que los niveles de producción serán calculados según el promedio de ventas de los últimos seis años.

A dichas tasas se sumarán el pago del impuesto de primera categoría, de 27%, y el impuesto específico, que grava al tramo de productores mineros sobre las 50 mil TMCF, y que mantendrá su esquema de tasas marginales entre 5% y 34,5%.

Ante esto, el proyecto también establece un límite a la carga tributaria máxima potencial, el que se calculará sobre la renta imponible operacional minera ajustada (Rioma). Dicho tope se estableció en un 46,5% para los productores que superen las 80 mil TMCF, y en 45,5% para aquellos cuya producción sea menor al nivel antes mencionado.

En tanto, desde distintas entidades ligadas al sector minero reaccionaron a la aprobación final del proyecto. Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), destacó que con este hito “se ha puesto fin a un periodo de incertidumbre que se ha extendido por casi 5 años y que, sin duda, le ha hecho daño a la principal actividad productiva del país”.

“Éramos escépticos en cuanto a que en la Cámara Baja pudieran atenderse nuestras argumentaciones técnicas, incluso temíamos que pudiese empeorar lo que salió del Senado. Ello no ha ocurrido y ha sido aprobado en la instancia, por lo tanto se convierte en ley”, precisó el directivo.

Riesco reconoció que la propuesta aprobada, que visó las enmiendas introducidas por el Senado, “en definitiva es mejor que lo que en principio pretendía el Ejecutivo, con una carga tributaria máxima de 50%”.

En ello, también remarcó el rol del ministro Mario Marcel, quien “entendió nuestros argumentos e hizo varios ajustes al proyecto”.

Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), Jorge Cantallopts, calificó como” alentador” el amplio acuerdo alcanzado en la aprobación del proyecto, y estimó como “necesario presentar estrategias para restablecer la competitividad”.

“La razón detrás de la implementación de un sistema tributario diferenciado para la industria minera en comparación con otros recursos naturales, radica en el agotamiento de este último y su impacto en las áreas donde está inserta la industria, por lo tanto, el enfoque en el uso de dichos recursos debería centrarse específicamente en esos objetivos. El propósito es brindar sostenibilidad económica y compensación territorial”, analizó Cantallopts.