El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que fortalece la resiliencia del sistema financiero local y sus infraestructuras fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, y ahora fue despachado al Senado para su segundo trámite legislativo.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que, frente a las crisis financieras experimentadas en Chile, particularmente la acarreada por la pandemia de Covid-19, la necesidad de contar con un sistema financiero resiliente, que contribuya a atenuar los efectos en la población de estas recesiones se hace manifiesto.

“Existen espacios de mejora para contar con un espectro más amplio de respuestas de las autoridades del sector financiero y una mejor adaptación de los agentes de mercado, lo que ha sido ratificado por evaluaciones internacionales realizadas, por ejemplo, por el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, agregó el secretario de Estado.

Asimismo, Marcel explicó en su presentación que el proyecto busca mejorar la provisión de liquidez en distintas dimensiones del sistema financiero, a fin de mejorar su respuesta frente a shocks u otras situaciones similares a las vividas en los últimos años. Esto sería posible ya que el proyecto, por ejemplo, ampliaría las facultades del Banco Central e impulsaría la internacionalización del peso.

Pese a la aprobación en general del proyecto, los parlamentarios rechazaron ciertos artículos específicos sobre las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC). El ministro Marcel recordó que en la Comisión de Hacienda se discutieron varios aspectos relevantes para el sector, por lo que se decidió formar una mesa de trabajo para revisar normas generales con el fin de fortalecer el desarrollo de este tipo de instituciones.

“El Ejecutivo valora el rol de las cooperativas de ahorro y crédito como integrantes del sistema financiero, como fuente de crédito para segmentos no atendidos por la banca (…) Por lo que el apoyo al sector cooperativo en la economía chilena no se agota ni debilita en este proyecto”, indicó.

Los artículos rechazados fueron dos. Uno de ellos aumentaba los estándares mínimos prudenciales para las CAC que ingresarían al perímetro de supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con patrimonio igual o superior a 400mil UF. El otro rechazado fue el que otorgaba acceso, bajo ciertos requisitos, a los servicios del Banco Central (cuentas corrientes y facilidades de liquidez y depósito) a las CAC cuyo patrimonio no fuera inferior a las 800 mil UF.