A pocos minutos de las 8 de la mañana de este jueves, la Cámara de Diputados despacho al Senado el proyecto de ley de presupuesto 2023. La maratónica jornada no estuvo exenta de polémicas, puesto que se rechazaron, disminuyeron o eliminaron recursos a varios programas correspondientes a distintos ministerios.
Algunos de ellos correspondiente al ministerio de la Secretaría General de Gobierno, Agricultura, Cultura e Interior. Igualmente, se rechazó el financiamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Además, durante la discusión, la oposición ingresó una indicación para ampliar el monto y cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Un grupo de legisladores planteó incrementar a $250 mil el monto mensual que reciben hoy los beneficiarios de dicha pensión. Sin embargo, la indicación no prosperó, al ser declarada inadmisible.
Además, en la jornada del martes, la sala de la Cámara declaró, impulsado por los parlamentarios de la oposición admisible varias indicaciones que establecieron nuevas materias o posibilidades de uso de los recursos asignados. Ese fue el caso de las propuestas para proveer de asesoría y defensa jurídica gratuita en juicios a víctimas de delitos violentos. Igualmente, para agregar a Los Lagos entre las regiones donde se aplicará el programa de Violencia Rural.
Otras iniciativas incluyen recursos para arriendo de viviendas para el personal de Carabineros y para la adquisición de tecnología para la búsqueda de personas. También se aprobó un reajuste para las remuneraciones de carabineros.
El gobierno las declaró “inadmisibles” y por ello, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo reserva de constitucionalidad y no descartó llegar al Tribunal Constitucional si es que esto prospera en el Senado.
Al término de la sesión legislativa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “estamos satisfecho por el trabajo realizado, no obstante, vamos a tener que corregir algunos temas en lo que resta de la tramitación del proyecto”. En ese sentido, precisó que una de ellas es “el rechazo a la partida del Ministerio del Interior, Junta Nacional de auxilio escolar y becas, Conaf y el Servicio al Patrimonio. Todo eso será objeto de indicaciones en el Senado, y haremos indicaciones para corregir las normas inconstitucionales”.
Marcel reconoció el apoyo de la Cámara, y en especial de los partidos que apoyan al gobierno y la disposición al diálogo de algunos otros parlamentarios. Además, valoró “el trabajo de la Dirección de Presupuestos encabezada por la directora Javiera Martínez y de la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos y de la ministra, Ana Lya Uriarte”.
