Por una amplia mayoría, este martes, la Cámara de Diputados aprobó en su segundo trámite legislativo, y despachó a ley el proyecto que busca combatir el sobreendeudamiento.

La iniciativa obtuvo 128 votos a favor, dos en contra y una abstención en la cámara baja, por lo que quedó lista para ser promulgada.

El proyecto busca entre otras cosas mitigar el alto endeudamiento de las personas, apoyar al sector inmobiliario y de la construcción con herramientas para combatir el sobreendeudamiento y el incremento de los costos financieros; y también enfrentar el número inédito de fraudes bancarios que han registrado un importante aumento en el último tiempo.

“Este no es un proyecto que busque resolver todos los problemas económicos que tengan las familias en el país, se focaliza en temas de carácter financiero. Y tienen que ver en primer lugar con el acceso al crédito; en segundo lugar, con la posibilidad de refinanciar créditos para reducir la carga de las deudas; en tercer lugar, para rebajar el impuesto de timbres y estampillas para la compra de viviendas; y finalmente, establecer una regulación más estricta de la ley de fraudes con tarjetas de crédito”, dijo el ministro Mario Marcel.

Y agregó que “la combinación de la garantía de Fogaes de 10%, más la reducción del impuesto de timbres y estampillas significa un crédito hipotecario más barato. Asegurará mejores condiciones para el crédito hipotecario en un momento que incluso llegamos a tener este mercado prácticamente paralizado”.

El Ministerio de Hacienda dijo que en la tramitación del proyecto, se introdujeron ajustes a los programas vigentes del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) de Construcción y Vivienda. Esto como una forma de apoyar a los sectores inmobiliarios y de la construcción.

La iniciativa que modifica diversos cuerpos legales comenzó su tramitación en noviembre de 2023 en el Congreso, había sido aprobado de manera unánime en el Senado la semana pasada.

Sin embargo, uno de los aspectos claves de la ley son las modificaciones a la Ley de Fraudes con Tarjetas. En el marco de la discusión de la iniciativa, la Asociación de Bancos señaló que la proyección anualizada, en base a información del primer semestre de 2023, indica que los fraudes se ubicarían en torno a US$ 350 millones en doce meses.

Para Claudio Ortiz, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Retail Financiero, “la aprobación del proyecto que modifica la Ley de Fraude es un avance importante y positivo. Sin embargo, aún quedan temas pendientes por resolver los que aspiramos se puedan ir incorporando a futuro, tales como modificar el régimen de atribución de responsabilidad, que actualmente es de culpa grave y posibilitar el término de contrato en caso de reiteración en desconocimiento de transacciones asociadas a autofraude. Todas estas son materias importantes y urgentes, que debiesen ser parte de una próxima modificación a este cuerpo legal”.

Entre las modificaciones aprobadas, está la reducción de los plazos para desconocer transacciones por parte de los clientes, acotándolo desde 120 a 60 días; la exigencia de presentar una denuncia ante carabineros o juzgados de policía local; que la CMF establecerá estándares mínimos de seguridad; y la extensión de de 5 e a 15 días hábiles en giros en cajeros automáticos o presenciales o canal físico.

La preocupación del ejecutivo pro la situación, fue ilustrada por la presentación de Marcel a inicios de año, quien sostuvo que “esta legislación desgraciadamente se está transformando en una escuela de fraude para decenas de miles de chilenos y chilenas. Decenas de miles están aprendiendo de sus vecinos, de sus familiares cómo concurrir a una sucursal bancaria, mentir desconociendo una operación, para luego obtener el reembolso de $400 mil”, ejemplificó el titular de la cartera.

Aprobada en 2020, la ley legislación detalla que a partir del momento en que el titular de una tarjeta reporta el extravío, hurto, robo o desconoce una operación realizada con el plástico, el emisor deberá abonar al titular dentro de los 5 días hábiles siguientes al aviso el monto defraudado, si es hasta UF35 ($ 1.288.000 aproximadamente). La obligatoriedad de abonar los recursos exigidos, sumado a la dificultad de acreditar dolo en casos de sospecha de una operación fraudulenta por parte del cliente, ha levantado las alertas en la banca y ha llevado a una creciente judicialización.

Una de las entidades más afectadas, considerando el tamaño de CuentaRut, es BancoEstado, cuyo presiente Daniel Hojman, reveló a principios de enero que la entidad había pagado US$120 millones a noviembre de 2023 por este concepto.