Se esperaba que estuviera aprobado cerca de las 16 horas, pero el trámite en la sala de la Cámara de Diputados se aceleró. Y por ello, luego de seis meses de discusión, el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias o antievasión quedó listo para ser ley.
Esto porque la Cámara de Diputados aprobó los cambios que se hicieron en el Senado y por ello, se evitó la comisión y mixta.
La primera señal de que este trámite podía ser expedito lo entregó la Comisión de Hacienda de la Cámara.
A las 9:00 de la mañana esta instancia revisó el texto del proyecto de ley antievasión que anoche emanó desde el Senado. En esta instancia los legisladores se mostraron favorables a las modificaciones que se incluyeron en el debate que hubo en la Cámara Alta y, por ende, el proyecto salió de ahí con informe positivo.
Con eso se allanó el camino para que la propuesta del gobierno,fuera despachada por el Congreso.
Con este proyecto, el Ejecutivo espera recaudar 1,5% del PIB, unos US$4.500 millones. De ellos, US$1.200 millones se podrían sumar el Presupuesto 2025, recursos que se destinarán principalmente a seguridad ciudadana y pensiones.
Tanto en la sesión del martes en el Senado, como en la de hoy en la Comisión de Hacienda, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue consultado sobre el destino de los US$1.200 millones que se incluirán en el Presupuesto 2025.
Según lo que explicó Marcel al respecto, en el erario 2025 los recursos permitirán “financiar aumentos presupuestarios en materias de orden público y seguridad ciudadana”. En ese ítem detalló que se financiarán los proyectos de ley en trámite como el que crea el Ministerio de Seguridad Pública, el fortalecimiento del Ministerio Público, Fiscalía Supraterritorial, monitoreo telemático. También los proyectos de inteligencia del Estado, seguridad municipal, inteligencia economía y defensoría de victima”.
Asimismo, el secretario de Estado agregó como “destino de los recursos los gastos en seguridad pública que el Presidente de la República mencionó el 1 de junio, entre ellos, el aumentar en un 30% las dotaciones policiales, montos de gratificación de Carabineros, adelantar el llamado a servicio del 2024 y aumentar las plantas de personal de la PDI. A eso se destinarán los recursos”.
Otro de los ejes que se financiará con estos recursos es el aumento gradual de la Pensión Garantizada Universal (PGU). “Se financiará la PGU, tanto en su cobertura como en su reajuste, más el incremento a $250 mil para la población que esté definida en el proyecto de pensiones”.
