El tema de la situación portuaria del país se instaló. El conflicto entre los trabajadores eventuales del Terminal Pacífico Sur (TPS) que se extendió por 35 días, elevó el tema a la primera línea del debate público.

Si la semana pasada se conoció que tanto la Cámara de Diputados y el Senado habían aprobado proyectos de acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los portuarios, ayer la Sala de la Cámara aprobó una solicitud de 71 parlamentarios en orden a crear una comisión investigadora "de las actuaciones de los órganos de la administración del Estado en relación con la aplicación, evaluación e impacto de la Ley 19.542, que Moderniza el Sector Portuario Estatal".

La solicitud parlamentaria apunta a revisar y evaluar detalladamente el impacto de la vigente Ley de Puertos, investigando especialmente la actuación que los órganos de la administración del Estado han tenido en su implementación y puesta en marcha a 20 años de su entrada en vigencia.

De acuerdo a los diputados, lo anterior, se vuelve una necesidad, poniendo especial énfasis en infraestructura, para poder responder a la alta demanda existente; en materia tributaria, donde se requiere que los recursos que se obtienen contribuyan a mejorar a las ciudades que albergan a los puertos.

En el ámbito laboral proponen avanzar "decididamente hacia mejores condiciones para los trabajadores y en materia de desarrollo sustentable, concesiones, inversión y subsidios".

En el mismo contexto, insistieron en que la actuación de los órganos de la administración del Estado, desde la entrada en vigencia de la ley, merece ser puesta en cuestionamiento, con el objetivo de contar con la evidencia adecuada para futuras y necesarias reformas legislativas que permitan actualizar y otorgar dinamismo a la actividad portuaria. Para el cumplimiento de su propósito, la Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días.