Desde el Patio de las Camelias en La Moneda, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, en conjunto con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, presentaron este miércoles los cambios al Sistema Nacional de Inversiones (SNI), que “permitirán agilizar la inversión pública, eximiendo de ciertos requisitos a proyectos de menor envergadura, especialmente los presentados por municipalidades, que tienen alto impacto social”, detallaron.

Según informaron, los cambios tienen por objeto agilizar el desarrollo de proyectos de inversión pública, mediante la simplificación y mejoramiento de procedimientos que permitirán reducir plazos de diseño y ejecución de proyectos.

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Dentro de los cambios, se destaca la implementación de un piloto que eximirá de la evaluación ex ante a las iniciativas de inversión con un costo total inferior a las 5 mil UTM (Unidad Tributaria Mensual). Además, la actualización de las “Normas, Instrucciones y Procedimientos” para el Proceso de Inversión Pública 2024, permitirá que los proyectos no requieran de indicadores de rentabilidad social ni análisis técnico-económico para obtener la Recomendación Satisfactoria (RS).

En esa línea, la titular de la cartera de Desarrollo Social enfatizó en que “esta nueva forma de evaluación de proyectos de inversión pública fortalece la colaboración que tenemos como Gobierno con los municipios y gobiernos regionales, que, entre otras cosas, va a permitir que los proyectos menores a 5.000 UTM se puedan desarrollar de manera mucho más ágil. Estos son proyectos que impactan directa y positivamente en las vidas de las personas, como proyectos de Agua Potable Rural, pavimentación, electrificación rural, mejoramiento de jardines infantiles, de postas, multicanchas, proyectos de accesibilidad. Esto también es parte del compromiso que tiene el Gobierno con impulsar la inversión no sólo privada, sino también pública durante este 2024 para favorecer el crecimiento y el empleo”.

Por su parte la subsecretaria de Evaluación Social, precisó que “con estos cambios, estamos avanzando en agilizar la inversión pública, en un camino que iniciamos en marzo de 2022 y que hoy tiene su expresión más viva con la eximición de evaluación para los proyectos de menos de 5 mil UTM. Esta demanda, muy sentida por los municipios y los gobiernos regionales, es muestra de nuestro compromiso con el desarrollo local y el apoyo a las comunidades. Al reducir la burocracia, permitimos que los recursos se inviertan donde más se necesitan, de forma rápida y efectiva.”.

Mientras, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, sostuvo que “llegar tarde es como no llegar y muchas de nuestras comunidades esperan por años soluciones a problemas que podrían haber resuelto mucho antes si no es por la ‘tramitología’, permisos, burocracia. Esta iniciativa significa no dejar de priorizar la transparencia, la regularidad de los procedimientos, de la eficiencia y eficacia de los servicios públicos. El acelerar los procesos más bien tiene que ver con que las instituciones estamos al servicio de las personas, y no al revés”.

Según detallaron en un comunicado, dentro de los cambios, también se incluye una medida que busca reconocer las particularidades de los proyectos de agua potable rural, aplicando proporcionalidad en las iniciativas tanto en la fase de ejecución como en la fase de diseño y pre inversión. “Para ello, a fines de diciembre de 2023 se publicó un instructivo que distingue entre tamaño y complejidad de la ejecución de los proyectos de APR y el 31 de enero se publicará el instructivo de la fase preinversional y de diseño” indicaron.

En la instancia también se detalló que “durante el primer semestre de 2024, se desarrollará la metodología y el procedimiento para pilotear planes maestros multisectoriales que liderará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, optimizando los procesos para avanzar de manera simultánea en aquellas iniciativas donde sea posible, en lugar de seguir un enfoque exclusivamente secuencial”.

Al igual que se fortalecerá la metodología general, convirtiéndola en troncal y complementándola con anexos metodológicos específicos por sector, lo que facilitará la formulación de iniciativas y logrará una mayor eficacia en el desarrollo y ejecución de proyectos.

“Al tratarse de un piloto, al finalizar 2024, la Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de Evaluación Social analizarán los resultados de la eximición para determinar la permanencia y ajustes de esta medida” señalaron.