En instantes en que las isapres pasan por su momento más delicado en términos financieros y todas las fichas del gobierno apuntan a generar una transformación profunda en el financiamiento de las prestaciones de salud, el director de Fonasa, Camilo Cid, entra de lleno a las fórmulas que está barajando el Ejecutivo para transitar hacia un modelo en que mejore el acceso a los servicios médicos, aumente la solidaridad y se reduzca el gasto de los hogares en salud.
En la cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric anunció una reforma estructural a la salud mediante el envío de un proyecto de ley que crea un Fondo Universal de Salud (FUS), el que unificará las cotizaciones de salud de los trabajadores (7%) y el aporte del Estado en un solo pozo. Esta transformación implicará la desaparición de las actuales isapres como parte del sistema de seguridad social, aun cuando podrán seguir operando en el denominado “segundo piso” del sistema, como seguros complementarios voluntarios privados.
Camilo Cid, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Arcis, máster en Economía de la Universidad de Georgetown y doctor en Economía de la Salud de la Universidad de Duisburg-Essen de Alemania, precisa que el proyecto de ley será enviado al Congreso en noviembre próximo y anticipa que la transición hacia una reestructuración total del sistema debiera tomar alrededor de cinco años, de manera de resguardar los intereses de los afiliados y aminorar los trastornos que se podrían provocar en el sistema.
“Lo que estamos haciendo con esta ingeniería de transición es que el nuevo sistema no le salga más caro a la gente que hoy está en isapres”, afirma Cid, quien la semana pasada participó en un seminario internacional sobre sistemas de salud universales organizado por la Cepal, y que fue parte de las actividades de la misión de expertos de la Organización Mundial de la Salud que la semana anterior estuvieron en Chile para aportar asesoría técnica al proceso chileno.
¿Le preocupa la actual crisis que están viviendo las isapres?
-Obviamente que preocupa, en el sentido de que son instituciones que están participando en la seguridad social de salud. El contingente de los 3,3 millones de personas que están cubiertos por las isapres son chilenos que pagan su 7%.
¿Cree que las isapres están quebradas?
-Ellos han tenido pérdidas en 2021 y las están teniendo en 2022, pero hay que guardar las proporciones: en sus más de 30 años de existencia han tenido muy buenos años. Entiendo que son seguros que calculan sus ingresos y gastos no en un año, sino en el largo plazo. Por otro lado, hay resguardos en la legislación para las isapres, como las garantías financieras que estas empresas deben tener por mandato de la Superintendencia de Salud. Tienen dificultades, pero no veo una quiebra inminente de las isapres.
Usted dijo recientemente que las isapres deberían desaparecer del mapa de la seguridad social…
-Eso está en el programa de gobierno. Este plantea la creación de un Fondo Universal de Salud que se hace cargo de todos los ingresos disponibles para salud en el país: las cotizaciones de seguridad social y los aportes fiscales. Dentro de las cotizaciones de seguridad social están las cotizaciones que hoy se aportan en isapres. En la medida que esas cotizaciones de seguridad social pasan al FUS, las isapres desaparecen del esquema de seguridad social y tienen la oportunidad de participar, si así lo desean, en un mercado de “segundo piso” o un mercado de seguro voluntario privado para las personas que quieran tener esa cobertura.
Cuando se concrete esta transición a un nuevo diseño de salud, ¿se verán afectados los afiliados a isapres?
-Justamente esa es nuestra principal preocupación: los afiliados. Lo que se está diseñando es un aterrizaje suave, planificado y organizado de esta transición. Nuestro principio con la reforma es que podamos favorecer a la gente que está en Fonasa, pero sin perjudicar a nadie de los que están en las isapres. Eso es posible ya que no partimos de un mundo ideal en el sector privado, ya que tiene muchos problemas. Hay discriminación al interior del sector privado. Hay gente que es expulsada cuando les suben los precios. Hay precios más altos para las mujeres y los más viejos. Hay altos niveles de copago y poca cobertura financiera en un rango importante de la población de las isapres. Todas esas cosas esperamos también mejorarlas. Podemos tener en esto puros ganadores. Aspiramos a mejorar la situación de la gente de Fonasa y también a mejorar la situación de las personas de las isapres. También hemos dicho que el sector privado va a seguir participando y que, luego de la conformación del FUS, las personas podrán seguir atendiéndose en los mismos lugares en que hoy se atienden y con los mismos médicos, sin ningún problema.
¿Este diseño significará que las personas que hoy están isapres tengan que pagar más caro?
-Le puede costar más barato incluso. Lo que estamos haciendo con esta ingeniería de transición es que el nuevo sistema no le salga más caro a la gente que hoy está en isapres. El nuevo diseño reestructura el financiamiento: el 7% se destinará al FUS y, con los propios recursos del afiliado, tendrá un seguro adicional. Esto es lo mismo que hoy día pagan. En la actualidad, el afiliado paga ese mismo 7% y más. En promedio pagan el 10,3% a la isapre y en grupos de mayor riesgo, como los adultos mayores, puede alcanzar el 20%. En principio, lo que estamos haciendo, es separarlo.
¿El temor que hoy tienen afiliados a las isapres, de que con la reforma se pueda ver deteriorada su prestación de salud y también sus costos, es injustificada entonces?
-No me parece que sea lo correcto interpretar eso con la reforma. Hemos dicho que la reforma cuenta con la integración de los proveedores privados. No debiera ocurrir que las personas tengan un desmedro respecto del acceso que tienen hoy.
¿Cuántos años debiera tomar la transición hacia este nuevo diseño?
-Lo primero es que esperamos dejar constituido este Fondo Universal de Salud en esta administración. El proyecto de ley lo presentaremos en noviembre. Estos procesos en el mundo son largos, porque suponen el aumento del nivel de acceso y calidad del sector público y la nivelación de prestadores públicos y privados integrados. Creemos que la transición hacia este nuevo sistema debería durar unos cinco años, tal como lo dice la experiencia internacional.
¿En esta transición debe también haber un esfuerzo del sector público por ser más eficiente y mejorar su prestación?
-Por supuesto que sí. Pero hay que decir que la historia del sector público chileno de salud y de los hospitales públicos está marcada, fundamentalmente, por la escasez de recursos. Con esta reforma queremos aumentar los recursos disponibles y con eso exigir, promover e incentivar mayores niveles de eficiencia y gestión. Que se haga un modelo de salud que esté asentado sobre la atención primaria y que funcione en redes integradas es la mejor manera de fomentar la eficiencia.
¿Si eventualmente quiebran algunas isapres, Fonasa tiene la capacidad para recibir a miles de afiliados que quedaran sin este seguro?
-No me quiero poner en esa situación porque es como ciencia ficción. La ley dice que si hay isapres que queden en insolvencia se permite que otras isapres absorban a sus beneficiarios. Como dije al principio, no veo posibilidad de un escenario financiero de ese tipo para las isapres.
¿Qué le diría a gente que hoy insiste en su derecho a elegir donde cotizar su 7% de salud?
-Le diría que el 7% es una cotización de seguridad social, es un cuasi impuesto, que tiene una contrapartida que es un servicio. Si esa persona no va a usar hoy ese servicio porque tiene la suerte de no enfermarse, la va a usar otra persona o su propio abuelo, que es mayor y que se está enfermando. También cuando esta persona sea mayor va a poder contar con esos recursos. Ese es el concepto de ciudadanía que estamos construyendo, de solidaridad intergeneracional.
Que la libre elección dependa del bolsillo de la persona, lo hace bastante complejo y cuestionable. Además, el modelo de libre elección en nuestro modelo no se acaba. En un esquema de organización de servicios, como el que se está pensando, hay ciertos niveles de elección que son posibles. Por ejemplo, en el caso de la elección de los médicos y prestadores.
Hay especialistas que aseguran que el actual sistema de salud chileno, por su estructura de financiamiento, es poco común dentro del mundo occidental ...
-Hemos dicho que es bien sui generis, porque casi no existen países donde el 7% de salud, que es una contribución de seguridad social, sea administrado por seguros privados. Es muy escaso ese ejemplo.
Nueva Constitución
¿Toda esta gruesa reforma que se quiere hacer depende de que se apruebe la nueva Constitución?
-No, directamente. Esta es una reforma que está puesta en el programa de gobierno y tiene sus propios fundamentos.
Usted ha transmitido que el modelo de salud del Reino Unido, el NHS, es su preferido ¿Por qué?
-Es un sistema que tiene una amplia cobertura y acceso. Toda la población inglesa, de distintos estratos sociales, tiene cobertura en la NHS y tiene excelentes estándares de servicio. Está organizado a través de un primer nivel de atención primaria, una estrategia de sistema preventivo. Tiene excelentes resultados en términos de salud de la población.
¿Este modelo es muy similar a lo que ustedes están proponiendo en materias como el fondo común y otros?
-Por supuesto, el sistema es muy similar al modelo del Reino Unido, al modelo español, al de los países nórdicos. Todos conforman un grupo de sistemas de salud más consolidado, más avanzado. Esa es la aspiración. Ellos también tienen seguros privados regulados en un segundo nivel, los que se combinan con estos amplios sistemas de salud pública.
¿Esta aspiración también requiere un cambio cultural en la población?
-Los cambios culturales son necesarios en un ambiente donde estas políticas públicas son difíciles de comprender para algunos sectores porque hay temores. Pero en la medida que las personas vean que nadie quiere quitarles acceso y que queremos ser más eficientes, se puede ir comprendiendo y cambiando esa mentalidad un poco temerosa.