La idea de un presupuesto base cero (PBC) o que se revisen los gastos superfluos todos los años es nueva en Chile, pero no en el mundo, porque se ha implementado desde los 70 en algunos países con mayor o menor éxito.
Un informe de Libertad y Desarrollo (LyD) pasa revista geográfica a la aplicación de este instrumento. “A principios de los años 70 se utilizó en los presupuestos generales del estado de Georgia en Estados Unidos, lo que llevó a que se ahorraran US$55 millones sin que hubiera una disminución significativa en la calidad de los servicios públicos provistos” indica el documento aunque advierte que paulatinamente se dejó de utilizar por excesiva burocracia.
Por la misma razón Canadá dejó de implementarlo, “sin embargo, la estrechez fiscal producto del menor crecimiento de los últimos años ha llevado a plantearlo nuevamente como una herramienta”, señala LyD.
Entre los países que han utilizado con éxito este instrumento figuran Reino Unido, Singapur y Nueva Zelandia.
En algunos lugares se ha ejecutado para ocasiones específicas como en el caso México que lo aplicó en 2016 para enfrentar la caída del precio del petróleo, “terminando con un resultado exitoso, ya que permitió reducir el número de programas presupuestarios a través de fusiones y eliminaciones, y contener así el crecimiento de ciertos componentes del gasto”. No obstante, añade el informe, no ha podido mantenerlo como un parámetro por la falta de infraestructura administrativa adecuada.
También, según LyD la provincia de Buenos Aires usó el presupuesto base cero en 1982 resultando una experiencia que cumplió los objetivos buscados.
El informe plantea que durante los años de alto crecimiento, en general los países se olvidan de este instrumento, que surge cuando se ralentiza la actividad. “Ahora que el dinamismo de las economías se ha reducido en forma transversal, en varios países se ha vuelto a poner en el tapete de la discusión el implementar esta herramienta”, sostiene.
Para el caso de Chile, LyD observa que no basta con que el Ejecutivo haya elaborado el proyecto que presentó al Congreso con este parámetro, sino que debe pasar un segundo test en el Congreso. “El principal desafío sería la aceptación y aprobación por parte del Legislativo de los antecedentes y ajustes que resulten de aplicar esta metodología, dejando de lado cualquier consideración política”, sintetiza.
Después, en todo caso, quedaría un tercer paso que es determinante para que esta herramienta dé sus frutos y es que el gobierno lo ejecute como fue diseñado.