Evidencia empírica robusta indica que los países que han alcanzado el desarrollo económico lo han hecho sobre la base de generar economías de mercado fuertes.

Pero la evidencia también apunta que existe una relación simbiótica entre el desarrollo de economías de mercado fuertes y el desarrollo de capacidad del Estado la cual está asociada al poder que tiene éste para recaudar impuestos, para hacer cumplir los contratos, para generar una adecuada regulación económica y para proveer bienes públicos de manera efectiva.

La relación entre la fortaleza de la economía de mercado y la capacidad del Estado es dinámica. En una primera etapa de desarrollo, el asegurar un buen funcionamiento del imperio de la ley y el respeto a contratos es clave.

De esta forma se generan los incentivos adecuados para la acumulación de factores, especialmente para la inversión en capital físico.

Pero conforme los países van progresando requieren perfeccionar y crear nuevas instituciones económicas que generen incentivos para seguir estimulando el crecimiento. Para esto, los países requieren ir invirtiendo a lo largo del tiempo en capacidad del Estado.

Utilicemos este marco para analizar algunos de los temas de debate actual en materia económica en nuestro país.

Partamos con el debate tributario. ¿Qué hace el proyecto de ley de modernización tributaria en términos de capacidad del Estado? De acuerdo con múltiples expertos, algunos de los cambios propuestos por el Ejecutivo, entre los que se encuentran los cambios a la norma general antielusión, los cambios a la definición del concepto de gasto tributario y los cambios a las facultades de fiscalización del SII, tienden a reducir la capacidad de recaudar, es decir, debilitan la capacidad del Estado.

Y como debilitan la capacidad del Estado, debilitan la capacidad que tiene éste para fortalecer el funcionamiento de la economía.

Y esto no es ni siquiera una discusión respecto del nivel de la carga tributaria, sino de la capacidad para recaudar, cualquiera sea el nivel de carga tributaria que el país defina.

Vamos, finalmente, a un tema de intenso debate: el INE y la controversia con los datos de empleo. Éste es un claro ejemplo de una falta de inversión en capacidad del Estado. Contar con una institucionalidad seria y creíble en materia de estadísticas es fundamental.

Los problemas en la medición de la encuesta de empleo (y potencialmente de las otras encuestas de hogares) tienen un origen: el marco muestral que se utiliza hoy se basa en el Censo 2002, esto porque en su momento no se pudo utilizar las cifras del Censo 2012 para actualizarlo, por razones que son de público conocimiento.

¿Qué se requiere? Un INE con recursos, con independencia del gobierno de turno, con un consejo de expertos que asegure la calidad técnica de las metodologías que se implementan, que pueda coordinar adecuadamente la integración de información de distintos registros administrativos.

Hay un proyecto de ley en el Parlamento que genera precisamente esta institucionalidad. Es de esperar que el gobierno comprenda que para potenciar la economía de mercado y el crecimiento también se debe invertir en capacidad del Estado.

Escuela de Negocios UAI