"No habiéndose dado, al interior del Tribunal, un proceso serio de restablecimiento de las confianzas y de procedimientos adecuados, inclusivos, sanos y transparentes de trabajo, no estoy en condiciones ni con voluntad de continuar desarrollando con normalidad y regularidad mis labores al interior de este órgano jurisdiccional. Por lo anterior, presento a usted mi renuncia definitiva e indeclinable".

Con esas palabras, quien fuera fundador y presidente del organismo ambiental entre diciembre de 2014 y marzo de 2017, Rafael Asenjo, presentó el 28 de junio su renuncia indeclinable a través de una carta enviada al Presidente Piñera. Si bien en esa fecha se informaron "motivos personales" para explicar su renuncia, en la mencionada nota a la que tuvo acceso PULSO, se describen las verdaderas causales de su partida.

En la misiva de cinco páginas, Asenjo describe tres situaciones de tipo "institucional y sistemático", relacionadas con el proceso de selección de ministros; con la creciente "politización partidista" de dicha selección; y con la que catalogó insuficiente supervigilancia externa ante arbitrariedades o irregularidades de funcionamiento.

En relación al último punto, dio cuenta de un conjunto de irregularidades de funcionamiento, las que fueron informadas a la Corte Suprema el 15 de septiembre de 2017, para después solicitar el 16 de noviembre, su intervención, que se inició en diciembre y terminó a los tres meses, sin conocerse a la fecha el informe final.

En esa solicitud, lo que se pedía era un pronunciamiento del máximo tribunal, respecto a una decisión tomada por dos ministros titulares de la misma orientación política: el actual Presidente,

Alejandro Ruiz y el ministro titular, Felipe Sabando, quienes habrían marginado a los dos ministros suplentes, Ximena Insunza (que presentó su renuncia el lunes) y Juan Escudero, de decisiones administrativas y de funcionamiento no jurisdiccional, cambiando el modo de trabajo que se había aplicado con regularidad durante los cuatro y medio años iniciales del TA y las dos presidencias anteriores, marcando así el inicio de la crisis al interior del organismo.

"En pocos meses, dicha mayoría tomó decisiones administrativas que condujeron a la renuncia del Secretario Abogado (Rubén Saavedra), a la renuncia un mes después del Secretario Abogado (I) (Juan Pablo Arístuegui), al despido del profesional que, desde el primer día de funcionamiento del TA había sido el encargado de administración y presupuesto (Juan Molina) y, posteriormente, de la profesional asesora de comunicaciones", escribió Asenjo.

"Esta absoluta concentración de todas las decisiones administrativas de funcionamiento del Tribunal en dos ministros titulares dio origen a un conjunto de irregularidades de funcionamiento que fueron desde la desconexión de la grabación de las cámaras de video para la seguridad interna y sospechas de intervención de los equipos computacionales de los otros ministros, tanto titular como suplentes, hasta el cambio de las chapas de la puerta de ingreso al Tribunal sin entrega de llaves a los otros Ministros. Todo esto se dio en medio de una absoluta paralización de la actividad jurisdiccional, dándose el caso que durante varios meses no se notificara sentencia alguna", añadió.

En esa sentido, le comunicó a Piñera que todos estos hechos no fueron aclarados ni resueltos por la Corte Suprema, por lo que los denunció, el pasado 13 de febrero ante el Ministerio Público.

Más problemas

Con todo, Asenjo también denunció una creciente "politización partidista" en los procesos de selección, principalmente por la aprobación que debe entregar el Senado, situación que según él, hizo que los nombramientos sean incorporados a las negociaciones partidistas.

"En el caso específico del TA de Santiago, las dos últimas designaciones de ministros titulares estuvieron absoluta, y a mi modo de ver, inapropiadamente marcadas por dicha tónica dando como resultado la designación de dos profesionales promovidos por una misma orientación política-ideológica, que permite presumir que ella se podría expresar en sus decisiones en clave ambiental", acusó.

"Esta politización amenaza la independencia de estos organismos jurisdiccionales, condición esencial de un apropiado cumplimiento de su función, que debe dar garantías de imparcialidad a todos los actores del debate ambiental en nuestro país", añadió.

En ese sentido, criticó la forma en cómo se designan a los ministros del TA, que considera la participación de los tres poderes del Estado, principalmente por la participación del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) como el primer "filtro".

Experto ambiental sugiere cambios a la Ley que creó al TA

Una autocrítica a los "excesivos resguardos" adoptados en la discusión de la Ley 20.600 que creó los Tribunales Ambientales, realizó el ex fiscal del Ministerio del Medio Ambiente, Jorge Cash, quien en 2012 participó en el equipo técnico que trabajó y discutió la normativa.

"Los resguardos adoptados respondieron a un exceso de celo que permitiera la menor interferencia política posible y una apuesta por la especialización", señaló,

Sin embargo, criticó que estos el hecho de que son los únicos cargos públicos que pasan por la aprobación de los tres poderes del Estado más la ADP. "Son cuatro cedazos. Se exigen diez años de experiencia, lo que sin duda ha demostrado ser un exceso. No hay incentivos para que postulen profesionales con esa experiencia", dijo.

Asimismo, comentó que la Ley cuenta con "verdadero espanta ministros", dado que establece una prohibición de dos años para prestar servicios profesionales en cualquier gestión que ante los TA.

Por lo anterior, sugiere reformar la Ley en los tres aspectos descritos.