Después de más de dos horas de audiencia, la jueza del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago, Isabel Espinoza, entregó su veredicto contra Aldo Motta, personaje clave en el denominado caso Cascadas, ya que ejerció como gerente de las sociedades a través de las que Julio Ponce controla SQM durante el periodo en que se habrían realizado las operaciones cuestionadas.
Había mucha expectación entre los asistentes, ya que la cita representaba todo un hito: era la primera sentencia en algún juicio oral por el caso. La instancia fue impulsada por la Fiscalía Centro Norte, que acusaba al ingeniero comercial de efectuar una serie de operaciones irregulares en el mercado de valores.
La tesis que el Ministerio Público buscó probar es que las transacciones de las sociedades cascadas fueron ficticias, engañosas y que se quiso instrumentalizar al mercado.
Y la jueza acogió, en gran parte, lo planteado por la Fiscalía. Lo anterior, pues declaró culpable a Motta por tres casos u operaciones: en dos de ellas por manipular el mercado y en otra por abuso de posición de mercado.
A su vez, lo absolvió de otras tres transacciones donde se lo acusaba de entregar información falsa y en la supuesta adulteración de actas de directorio que se le habían imputado.
Sin embargo, aún no se sabe cuál será la pena, ya que la lectura de la sentencia definitiva fue programada para el próximo 13 de enero.
Efecto Ponce
Tras el veredicto contra Motta surgió la interrogante sobre el efecto que podría tener para la investigación del Ministerio Público sobre la participación de Julio Ponce en el caso.
"La investigación hoy día se mantiene abierta respecto de distintos imputados, entre los cuales se encuentra el señor Ponce, y es una investigación que ha estado permanentemente con diligencias, incluso durante este tiempo que el equipo ha estado abocado principalmente al juicio", afirmó la jefa de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Región Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong.
De todos modos, matizó que "es una investigación abierta y no nos podemos referir con mayor detalle al contenido de la misma".
El abogado querellante Mauricio Daza, quien representa al accionista minoritario Roberto Lobos, fue un poco más allá.
"Esta sentencia coloca a Ponce en el centro de los actos que fueron considerados delictuales y el paso natural que debería seguir la Fiscalía es seguir con el resto de los partícipes de estas operaciones fraudulentas, entre ellos, el controlador de las sociedades cascadas", aseveró.
El abogado argumentó que si Motta fue considerado culpable de abuso de posición de mercado por participar de un conjunto de operaciones que beneficiaron a Ponce en desmedro de los accionistas minoritarios, entonces lo lógico es perseguir a quien se vio favorecido por todo ello.
Sentencia de alto valor
El veredicto de la magistrada Espinoza fue altamente valorado por el Ministerio Público y los abogados querellantes.
"Estamos conformes con el veredicto, fue un veredicto contundente", aseguró la fiscal Chong. Añadió que si bien no es 100% favorables a ellos, "nos satisface en cualquier caso que aquellas situaciones de manipulación de mercado que habíamos propuesto como delictivas, en tres de los casos se ha acreditado tanto la existencia de estos hechos como la participación de Aldo Motta Camp".
Por su parte, René García, abogado que representa a Moneda, sostuvo que "los hechos materia de este juicio constituyen el ataque más grave a la institucionalidad del mercado de valores desde que se tiene conocimiento en Chile.
Afortunadamente, y pese a la aparente complejidad de estos casos, el juicio permitió una profundidad en el análisis que se advierte ya en el veredicto dictado por el tribunal, razón por la cual verdaderamente estamos bien satisfechos con el trabajo que se ha hecho".
La pena de Motta
¿Aldo Motta podría ir a la cárcel por este caso? Habrá que esperar hasta la audiencia de enero para saber si eso ocurrirá.
Pero al menos es el deseo del Ministerio Público. Esto, pues ayer, después del veredicto las partes tuvieron espacio para argumentar la condena que le corresponde al ingeniero por los delitos que se le imputan.
En ese sentido, la fiscal Chong solicitó seis años de cárcel, además de una pena accesoria que le prohiba por un lapso de seis años desempeñarse como gerente o administrador de cualquier entidad fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Por su parte, los abogados querellantes pidieron hasta 14 años de cárcel, mientras que la defensa del ingeniero solicitó considerar las atenuantes de irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial. Sin embargo, la pena que se le impondrá recién se sabrá el 13 de enero próximo, cuando se lea la sentencia definitiva del juicio.
