El viernes 17 de junio, el Ministerio de Desarrollo Social informó que la encuesta de Caracterización Socioeconómica, Casen 2022, se la había adjudicado el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, desplazando al Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica que la realizaba desde 2017.

De esta manera, el levantamiento de pobreza vuelve a Microdatos, entidad que antes de esta última etapa históricamente tuvo en sus manos la realización de la encuesta Casen, con la sola excepción de 2009, cuando la llevó a cabo el Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado. El presupuesto total de la propuesta que se adjudicó el contrato es de $3.269 millones.

La directora ejecutiva del Centro de Microdatos, Lorena Flores, y el director del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la misma casa de estudios, Fabián Duarte, serán los encargados de encabezar este proceso que volverá a ser 100% presencial, luego del cambio metodológico impuesto por la situación sanitaria durante la recolección de la Casen en pandemia 2020, que se efectuó entre octubre de ese año y enero de 2021. En esa ocasión se realizó en dos fases. La primera consistió en salir a terreno a recopilar los teléfonos de contacto y generar confianza con la aplicación de la encuesta, mientras la segunda etapa fue la encuesta propiamente tal, que se hizo por teléfono entre el 31 de octubre y el 31 enero.

¿Fue una sorpresa para Microdatos el lograr la adjudicación de la Casen 2022?: “Yo lo esperaba, porque las propuestas del centro para otras encuestas técnicamente habían sido muy buenas y habíamos ganamos, y por eso pensaba que podíamos ganar esta encuesta”, se apura en responder Fabián Duarte. Lorena Flores complementa: “Vamos mejorando cada vez las propuestas, aprendiendo de los procesos anteriores, y eso nos ha servido para lograr obtenerla”.

Flores reconoce que los plazos están “justos”, porque la adjudicación se demoró dos meses adicionales a la fecha original. “En rigor deberíamos estar pronto haciendo el trabajo de campo piloto, pero todavía no tenemos el contrato firmado. Ahora, si logramos firmar el contrato en los primeros días de julio, se podrá comenzar el piloto en agosto, pero así y todo vamos a llegar justo con los tiempos” explica. Esto, considerando que el levantamiento de la información se realizará entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de enero de 2023.

Flores y Duarte detallan que todavía no se tiene definido en qué zonas del país se realizará el piloto. “En esta oportunidad en las bases de licitación no se pedía realizar un desarrollo del trabajo de prueba, pero sí será en tres regiones”, acota Flores, mientras Duarte agrega que “se tiene que definir con la contraparte, que es el ministerio, para definir dónde se realiza este trabajo previo”.

Si bien Flores señala que las bases establecían que se tenía que hacer una propuesta tanto para un levantamiento de manera presencial, como una alternativa similar a la que se hizo en pandemia, con un primer levantamiento de los teléfonos, para luego hacer la encuesta por esa vía, aclara que “por la fecha en que estamos y por lo que se ha demorado el proceso, es difícil que se pueda hacer eso, porque para lograrlo deberíamos partir ahora levantando los números de teléfonos y todavía no tenemos el piloto. Eso sería bastante más complicado”.

Duarte complementa la idea y sostiene que “hay que considerar que, si bien las tasas de contagio han subido ahora en invierno, la encuesta se comenzará a aplicar en primavera-verano y, por ello, es probable que las tasas de contagio estén bajas. Es poco probable que haya un rebrote fuerte en esa fecha”.

No obstante, ambos coinciden que el realizar encuestas presenciales pospandemia ha sido más complejo, ya que hubo un cambio en la conducta de las personas, mostrándose más reticentes a abrir sus puertas, y enfatizan que es clave realizar una buena campaña comunicacional.

“Nosotros tenemos mucha experiencia en realizar encuestas presenciales, pero la pandemia cambió el comportamiento de las personas. Entonces, hemos aprendido con las últimas encuestas que hemos hecho que se deben aplicar estrategias distintas”, puntualiza Duarte.

Sobre ese punto, Flores detalla que “para esta Casen se necesitan 850 encuestadores para todo el proceso, pero como es probable que haya bastante rotación, tenemos que convocar unos 1.500 encuestadores para tener reemplazo”. Todo esto repercute en el hecho de que se tendrá que hacer permanentemente capacitación.

Junto con el cálculo de la pobreza por ingresos y otros indicadores sociales y económicos, la Casen 2022 permitirá contar con una nueva medición de la pobreza multidimensional, la cual no ha sido calculada desde 2017, entregando datos clave para el proceso de recuperación luego de la pandemia.

La Casen es la encuesta más importante que se aplica a los hogares del país y tiene como objetivo conocer la situación de la población en relación con aspectos demográficos, de educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos, especialmente de aquellas personas en situación de pobreza y de aquellos grupos definidos como prioritarios por la política social.

Los resultados de la última medición de 2020 no fueron auspiciosos: la pobreza por ingreso subió de 8,6% en 2017, a 10,8%, lo que se tradujo en que 2.112.185 personas estuvieran en esta condición. Considerando la cantidad de población en 2017, según la proyección del INE en base al Censo 2017, la diferencia entre las tasas de pobreza equivalió a un aumento de 528.134 personas. En tanto, la extrema pobreza (cuyo ingreso mensual está por debajo de dos tercios del valor de la línea de pobreza) avanzó hasta 4,3%, lo que correspondió a 831.232 personas en esa condición (2,3% en 2017).