Casi 240 mil trabajadores del Estado a contrata cumplen con la “confianza legítima” de más de dos años de antigüedad

Desde que Dorothy Pérez asumió como la líder de la Contraloría General de la República (CGR), un tema que ha estado en el debate público es el criterio de la “confianza legítima”. Esta hace referencia a que los empleados “a contrata” con determinados años de antigüedad en la institución adquieren confianza legítima para la renovación de su contrato.

Históricamente, el criterio de la Contraloría era de 2 años, sin embargo, el 6 de noviembre, la nueva administración de Pérez dictaminó que se abstendría de resolver sobre el plazo de vinculación que daría paso a la confianza legítima y que serían los tribunales del país quienes determinarían el criterio, lo que en la práctica pasaba de 2 años a 5 años.

Sin embargo, el 4 de diciembre, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones resolvió acoger un recurso de protección interpuesto por la Fundación Fuerza Ciudadana y suspender el dictamen, indicando que la Contraloría debe seguir pronunciándose. Es por eso que actualmente la CGR establece como criterio dos años de servicio para la renovación, mientras que la Corte Suprema determina que será adquirida tras cinco años de antigüedad trabajando a contrata.

Un estudio de Horizontal, realizado por Alfonso España y Juan José Obach, analizó la cantidad de años de servicio de los funcionarios públicos. Lo que se identificó es que, al 30 de septiembre de 2024, de los 733.984 funcionarios que reportan a la Dirección de Presupuestos (Dipres), 325.185 trabajan bajo la modalidad contrata, representando el 44,3% del empleo público.

Ahora bien, de todos los funcionarios públicos “a contrata” al menos 239.433 cumplirían con el requisito de confianza legítima que establece Contraloría de al menos dos años de antigüedad, lo que se traduce en el 73,6%. Por otra parte, sobre la base del requisito de la Corte Suprema, se reducen a un 53,7%, pues serían 174.645 los empleados que superan los cinco años de servicio, aún así la mayoría de los funcionarios tiene la antigüedad necesaria para contar con confianza legítima.

El artículo 3 del Estatuto Administrativo (EA) establece que el empleo a contrata “es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. Sin embargo, el documento de Horizontal indica que “los funcionarios a contrata han dejado de ser temporales. Esto se observa en que la antigüedad promedio de los empleados a contrata es de 7,4 años”. En el estudio se hizo una categorización según el tipo de servicio, estas son: gobierno central, municipios y “otros servicios”.

En el caso específico de las instituciones del gobierno central la antigüedad promedio es de 7,9 años, por lo que casi 8 de cada 10 empleados a contrata (el 77,7%) contarían con la “confianza legítima”, según lo dictaminado por la Contraloría y un 58% bajo en criterio de la Corte Suprema.

El servicio aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile es la institución del gobierno central en que sus trabajadores a contrata (29) llevan más tiempo en esa calidad jurídica con 17,4 años. Le sigue el Registro Civil e Identificación con un promedio de antigüedad de 16,5 años pero con 3.065 empleados bajo dicha modalidad. Las siguientes instituciones en el ranking son el Instituto de Previsión Social y la Caja de Previsión Social de la Defensa Nacional con un promedio de 15,2 y 14,4, respectivamente.

En el caso de las municipalidades, el 47% de sus empleados que trabajan a contrata contarían con confianza legítima, según CGR, y 21,6%, según la Corte Suprema, además los municipios tienen una antigüedad promedio de 3,4 años.

Pese al promedio de antigüedad, hay casos como la Municipalidad de San Fernando, en donde los empleados públicos “a contrata” llevan 11,4 años.

En “otros servicios” se incluyen a universidades, centros de formación técnica, empresas del Estado y tribunales, entre otros. En esta categoría la antigüedad promedio es de 9,1 años y la lista la lidera la Universidad Tecnológica Metropolitana. En esta categoría, el 74,5% contaría con confianza legítima con base en la CGR y un 61,7% si se considera el parámetro de la Corte Suprema.

En el análisis que realiza Horizontal entregan también una serie de propuestas para reformular el “Estatuto Administrativo”. En primer lugar, el documento señala que “el problema que se origina con las “contratas” en el Estado tiene como causa un marco jurídico obsoleto y restrictivos, que no permite modernizar la gestión pública” y agrega la necesidad de uno que “promueva una carrera funcionaria meritocrática y de carácter técnico”.

Lo que plantea es reformarlo y establecer un sistema de ingreso único que, por regla general, sea vía concursos abiertos y competitivos. Junto con que, “quienes ingresen a la administración pública por primera vez bajo este nuevo sistema, deberán ser sometidos a un periodo de prueba de 90 días corridos antes de ser contratados”.

Como segundo punto propone el fin de la distinción entre “plantas” y “contratas” y más bien distinguir entre “funcionarios de carrera” y “asesores de gobierno”, dependiendo de si entraron por medio del sistema de ingreso único o por la autoridad electa, respectivamente.

Sobre eso, “los “asesores de gobierno” no deben poder superar el 0,5% de la dotación máxima autorizada en cada mes del año fiscal de la dotación total de la administración”, sostiene el documento en el que además señala que los funcionarios bajo esta calidad jurídica estarán sujetos al cese de funciones del jefe superior de servicio.