Luego que el lunes la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) diera luz verde al proceso de licitación para el otorgamiento o renovación de permisos de operación para un máximo de 12 casinos de juego que quedarán disponibles en diversas regiones a contar de julio de 2023, la Asociación Chilena de Casinos de Juego anunció que recurrirá al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
El proceso -que se inició este año con una consulta pública de las bases de licitación- ha sido criticado por los actuales operadores, quienes piden que se realice de acuerdo a la reglas establecidas cuando se otorgaron las concesiones -en 2005- que les daba un derecho preferente en la renovación de las salas de juego. Es decir, daba una base para el puntaje de la nueva licitación. Sin embargo, la SCJ aplica las normas fijadas en la Ley de 2015.
“En una resolución claramente ilegal, la superintendenta, Vivien Villagrán, aplica las normas fijadas en la ley de 2015, lo que contraviene la normativa dado que esa misma legislación señala expresamente que “los permisos de operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente ley se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento, salvo que las normas posteriores impliquen mejores condiciones para su operación” (inciso quinto del artículo 3º transitorio de la Ley)”, señalan.
En ese sentido, indican que “nos parece inoportuno el llamado al diálogo, que más bien parece querer distraer la atención para ocultar una flagrante violación a nuestros derechos y a la legislación vigente. Por eso, a los operadores de casinos hoy no nos queda otra opción que iniciar acciones legales para defender nuestros derechos, lo que derivará en demandas contra el Estado de Chile ante tribunales internacionales, como el Ciadi, y tribunales nacionales y sus autoridades”, dijo la Asociación este martes.
Y es que la Subsecretaría de Hacienda, tras anunciar el comienzo del proceso de licitación, indicó que iniciará una etapa de diálogo con los actores involucrados. “Ciertamente es un llamado tardío, frente al cual todos los miembros de la Asociación Chilena de Casinos de Juego coincidimos en que hoy no están dadas las condiciones para sentarse a conversar, mientras exista un proceso de licitación ilegal en curso”, dijeron los operadores.
Por otra parte, el llamado a conversar mientras se desarrolla el proceso licitatorio, “genera sin lugar a dudas una incerteza jurídica que pone en riesgo los US$1.400 millones de inversión y miles de empleos que hemos aportado en los últimos 15 años”.
