Caso Cascada: las tres operaciones por las que fue declarado culpable Aldo Motta

La arista Linzor implicó la generación de utilidades contables para la sociedad Pampa Calichera. Ello, según señaló la entonces SVS en el marco de la sanción por el caso Cascada, con el fin de que esta pudiera financiar vía dividendos a Oro Blanco, y esta a su vez tuviera recursos para recomprar acciones a las sociedades relacionadas y vinculadas a Ponce a precios sobre referencia de mercado.

Para realizar estas operaciones, Pampa Calichera vendió acciones de SQM-B y SQM-A a Linzor, a través de Banchile, y Linzor se las vendía a Oro Blanco. Pero esta sociedad no contaba con financiamiento para adquirir dicho paquete. Éste fue proporcionado por la propia Pampa Calichera, que financiero a su matriz con la venta de acciones SQM-A.

En octubre del 2014 la SVS sancionó a Banchile Corredores de Bolsa, y a su ex gerente de inversiones, Cristián Araya; a Linzor Asset Management y a su representante legal, Canio Corbo Atria.

Así, para los involucrados en la arista Linzor la SVS aplicó multas a que en su conjunto sumaron a UF165.000 (unos US$6,9 millones). Sin embargo, y pese a que se pudieronconfigurar las infracciones a la Ley de Mercado de Valores, la SVS resolvió cerrar sin sanción los procedimientos administrativos sancionadores contra Citigroup Global Markets Inc y su ejecutivo Fabio Gheilerman.

Por esta transacción, la jueza Isabel Espinoza estableció que Motta es culpable de manipulación del mercado.

Cuando Pampa Calichera y Oro Blanco, dos de las sociedades cascadas a través de las que Julio Ponce controla SQM, compraron y vendieron entre sí acciones serie A de la minera no metálica, entre diciembre de 2010 y enero de 2011, Aldo Motta Camp era el gerente general de ambas.

"Siendo Aldo Motta Camp el gerente general tanto de la parte compradora como de la vendedora, dando esos ciclos de ida y de vuelta en forma circular apenas en el curso de dos días bursátiles consecutivos, era ostensible que ambas compañías actuaban concertadamente, instrumentalizando el mercado", determinó la jueza del Cuarto Tribunal con Juicio Oral en Lo Penal de Santiago, Isabel Espinoza, en su veredicto.

"De modo que no cabe sino concluir que las operaciones contenidas en el caso cuatro son ficticias, al existir colusión entre las distintas puntas del mercado, ya que existió en ellas solo una apariencia de negociación, conforme al uso correcto y verificable de los diversos sistemas de negociación existentes", añadió.

Todo ello se habría realizado con el fin de aumentar el patrimonio de Pampa Calichera por ciertos compromisos que debía cumplir.

La magistrada, además, sostuvo que todos estos movimientos habrían sido concertados con anterioridad, lo que se tradujo en el envío de falsas señales al mercado en relación a la oferta, la demanda y, por ende, en relación a su precio.

Otra de las operaciones por las cuales fue declarado culpable, corresponde a las 136 millones de acciones de Pampa Calichera A que se transaron entre las sociedades cascadas y otras firmas ligadas a Julio Ponce, entre ellas, SQYA, las cuales, según acusó la Fiscalía, se hicieron con "el fin de obtener el enriquecimiento del controlador a costa del empobrecimiento de los demás accionistas minoritarios ubicados en los tramos medios de la estructura empresarial".

Estas transacciones les habrían causado un perjuicio de $45.600 millones.

"Para que SQYA pudiera perjudicar de algún modo a las cascadas, era necesario echar mano a una serie de artificios engañosos y fraudulentos que fueron precisamente los que ejecutó (Aldo) Motta al perpetrar el delito", determinó la jueza en su veredicto.

Añadió que "la renuncia formal de Aldo Motta a la gerencia general de la recién formada sociedad Potasios no fue más que una coartada amplia, relevante y soterrada influencia que Motta ejerció en aspectos delictivos, precisamente en el tiempo anterior a la culminación del plan que el controlador había concebido y compartido con Aldo Motta Camp, en diciembre de 2010, como se desprendió de correos electrónicos".

Por ello, fue considerado culpable de participar en un abuso de posición dominante del controlador respecto de los minoritarios.