Pese a que era esperable que Aldo Motta recurriera a la Corte Suprema, para pedir anular el juicio por el que fue condenado en la arista penal del caso Cascada, el escrito presentado el miércoles por su defensa abre nuevos escenarios, que en algunos casos podrían ser perjudiciales para el Ministerio Público.
En términos simples, el exgerente general de las sociedades cascada, firmas a través de las que Julio Ponce participa en la propiedad de SQM, busca dejar sin efecto el juicio por el cual fue condenado a cuatro años de libertad vigilada y que, en su lugar, se realice uno nuevo, pues a su parecer se habría infringido la garantía del debido proceso.
"Se trata de un recurso de nulidad claramente artificioso e inconsistente, que se limita a reiterar de manera resumida un conjunto de alegaciones que efectuó la defensa de Motta Camp durante el largo proceso judicial, todas las cuales fueron rechazadas en numerosas oportunidades por los tribunales de justicia", afirmó Mauricio Daza, abogado querellante en representación de Roberto Lobos.
Además, calificó de "insólito" el argumento que busca desacreditar a su representado, "sobre la base de especulaciones, las cuales ya fueron rechazadas, y no se relacionan con los hechos por los cuales Motta fue condenado".
A su vez, fuentes de la Fiscalía indicaron que revisarán si conviene presentar algún escrito sobre admisibilidad o esperar a lo que resuelva la Corte Suprema.
Consultados los otros querellantes del caso y la defensa de Motta, prefirieron no dar declaraciones.
Los pasos que siguen
Tras la presentación del recurso por parte de los abogados Samuel Donoso y Marcelo Sanfeliú, ahora el máximo tribunal del país debe decidir su admisibilidad. Si es que prospera, pasaría a la Segunda Sala de la Suprema o podría derivarse a la Corte de Apelaciones de Santiago. Posteriormente, se abren los alegatos para que las partes entreguen sus argumentos.
En cualquiera de esos casos, podría haber un fallo a mediados de año, donde los magistrados podrían rechazar el recurso, declarar la nulidad del juicio y ordenar su repetición, o determinar la nulidad de la sentencia y dictar una en su reemplazo.
En paralelo a este proceso, tal como lo dijo en entrevista con PULSO la fiscal que lidera el caso, Ximena Chong, seguirán avanzando en la investigación respecto de los otros partícipes, donde tomarán la decisión de formalizar o no perseverar en los próximos meses.
El factor Ponce
Según comentaron algunas fuentes, para el equipo que encabeza la fiscal Chong es fundamental que la condena contra Motta quede ejecutoriada. No solo porque sería un respaldo al trabajo que han realizado, sino que también porque tendría efectos respecto de sus opciones de ir contra Julio Ponce, quien ha sido acusado como el principal beneficiado por el eventual esquema delictivo.
Lo anterior, porque uno de los tres grupos de hechos por los que fue condenado Motta, el denominado caso 6, podría involucrar directamente a Ponce. En este, las sociedades cascada y algunas firmas ligadas a Julio Ponce transaron 136 millones de acciones de Pampa Calichera A, lo que habría generado beneficios para el controlador, en perjuicio de los accionistas minoritarios.
De hecho, en la condena dictada por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal contra Motta, hay varios pasajes en los que se hace referencia a Ponce.
Así, si el recurso de Motta llegara a prosperar, las posibilidades del Ministerio Público de formalizar a Ponce podrían debilitarse.
