En la octava jornada de alegatos del caso Factop, el Ministerio Público encendió los ánimos de los defensores en apenas 30 minutos. Esto ocurrió en la última de las la última audiencia de formalización. Este jueves, la jueza Cheryl Fernández decidirá si acoge o rechaza las medidas cautelares solicitadas y citó a las partes a las 14 horas para notificar sus decisiones.

La Fiscalía solicitó decretar prisión preventiva para los exsocios del Grupo Patio, Álvaro Jalaff y Antonio Jalaff, y mantener esa misma cautelar para Daniel Sauer, socio de Factop; y pidió arresto domiciliario nocturno para el exdirector ejecutivo de Larraín Vial SpA, Manuel Bulnes, y el director de finanzas corporoativas, Felipe Porzio. Todos ellos se opusieron.

El exgerente de operaciones de Patio, Cristian Menichetti y el exgerente general de Larraín Vial Activos, Claudio Yáñez aceptaron la medida cautelar de firma mensual y arresto domiciliario nocturno, mientras los exdirectores de la AGF, Jaime Olivera, Andrea Larraín, José Correa, Andrés Bulnes y Sebastián Cereceda quedaron con firma mensual y arraigo nacional.

Durante su espacio de réplica, este jueves el fiscal de alta complejidad Felipe Sepúlveda cuestionó los argumentos presentados por las defensas de los imputados un día antes. El fiscal sostuvo que los Jalaff y Sauer estuvieron involucrados en la facilitación de facturas falsas y la subdeclaración de ingresos, a pesar de los argumentos de la defensa, y sostuvo que, aunque los Jalaff alegan no estar al tanto de la emisión de facturas falsas, nunca denunciaron ni presentaron antecedentes que lo corroboraran.

La Fiscalía acusa que el Fondo de Inversión Capital Estructurado I, creado para reestructurar las deudas de Antonio Jalaff y administrado por Larraín Vial, habría incurrido en diversas irregularidades, como la entrega de información falsa a los inversionistas, valorizaciones inadecuadas y la compra de deudas a entidades relacionadas sin la debida transparencia. Además, la fiscalía alega que los fondos aportados por los inversionistas fueron utilizados para pagar deudas de Jalaff con sus propios relacionados, perjudicando a los aportantes

El abogado de Álvaro Jalaff, Rodrigo Cataldo, apuntó directamente a la Fiscalía. “La Fiscalía ha faltado abiertamente a la verdad. El 21 de noviembre de 2024, a las 9:30, acompañé personalmente a don Álvaro Jalaff a prestar declaración durante el acta 120, ante don Sergio Zambrano. En dicha ocasión, no se exhibió ninguna lista de abonos, no se preguntó por su origen ni se solicitó antecedente alguno″, afirmó.

Cataldo también denunció que no existe fundamento alguno en las imputaciones, ya que no se configura delito. “Para ocultar esta realidad, han presentado una ampliación de querella en el último momento, ocultando el informe que la respalda en carpetas ajenas, entre una maraña de documentos. El nivel de descaro es tal que, según consta en el oficio ordinario acompañado a este tribunal, se han negado a devolvernos los antecedentes proporcionados durante la fiscalización del impuesto de primera categoría. Esto es inaceptable y no ocurre en un país donde prevalezca el Estado de Derecho”, sentenció en alusión a las acusaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII). En defensa de Álvaro Jalaff también hablaron Hugo Rivera y Sergio Bunger.

Por su parte, la defensa de Antonio Jalaff denunció una “instrumentalización del proceso penal”. Cedric Bragados criticó a los querellantes, acusándolos de utilizar la prisión preventiva de su cliente como herramienta para presionar una negociación económica. Leonardo Battaglia, otro defensor, acusó a la Fiscalía de incumplir un preacuerdo para otorgar a Jalaf una medida cautelar menos gravosa y cuestionó la falta de pruebas concretas en su contra.

“No se ha descrito por parte del Ministerio Público ninguna conducta atribuible al señor Antonio Jalaf Sanz ejecutada durante la operación del mercado”, destacó Battaglia.

Por su parte, el abogado de Daniel Sauer, Octavio Sufán optó por insistir en que su cliente debe dejar Capitán Yáber, donde está desde el 8 de abril de 2024. “Hasta la bicicleta la tiene embargada”, dijo. “¿Para qué convertir la prisión preventiva en una pena anticipada?”, se preguntó. “Aquí lamentablemente el asunto se arregla con dinero y me parece que es un elemento de coacción”, concluyó.

El abogado Rodrigo Zegers, defensor de Felipe Porzio, criticó duramente a la Fiscalía por la falta de claridad en las acusaciones contra su cliente. “Esperaba que el Ministerio Público aclarara los hechos precisos y determinados que se le imputan a don Felipe Porzio, pero, en mi opinión, más que aclararlo, lo ha oscurecido”, afirmó. Además, calificó de “delirante” que se usen mensajes de WhatsApp descontextualizados como evidencia en su contra.

Zegers afirmó que el fondo cuestionado es completamente legal y comparable a otros instrumentos financieros en Chile y el extranjero. Resaltó, citando al abogado Nelson Contador, que las pérdidas del fondo no son atribuibles a su cliente, y mencionó casos similares, como Latam Airlines, donde los bonos perdieron el 80%, el General Motors, con una caída del 90%, y Abengoa, que sufrió pérdidas del 97%.

“Lo de Manuel Bulnes es lo de una nota al pie en esta historia”, dijo su defensor Jorge Boldt. El abogado también cuestionó a la Fiscalía, señalando que la acusación contra su defendido se basa en una norma derogada y carece de fundamentos claros, calificando la formalización como incompleta e insuficiente. Cuestionó la falta de pruebas concretas que vinculen a Bulnes con los hechos imputados, señalando que la Fiscalía no ha explicado adecuadamente la conducta punible ni presentado evidencias sólidas, limitándose a citas descontextualizadas, como mensajes de WhatsApp.