El gobierno, junto con salir a condenar los hechos conocidos en el denominado Caso Hermosilla, ha instado al mundo político a acelerar algunos proyectos de ley que buscan entregar mayores facultades a las entidades fiscalizadoras y reguladoras para pesquisar este tipo de actos. Uno ellos es el proyecto de ley de Inteligencia Económica Contra el Delito que actualmente se encuentra en la Comisión de Seguridad Pública.
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“Qué diferencia hubiéramos tenido si hubiéramos aprobado, dentro de plazos razonables, tres o cuatro meses, el proyecto de inteligencia económica, que sigue sin votarse”, comentó en entrevista con radio Infinita, Mario Marcel, quien agregó que “en Chile hemos tenido muchas restricciones en esta materia durante muchos años”.
A la propuesta que hace referencia el ministro es una que ingresó en julio pasado a la Comisión de Seguridad Pública del Senado que preside Felipe Kast (Evópoli).
En lo central, la iniciativa crea un Subsistema de Inteligencia Económica que tendrá como fin perseguir la ruta del dinero ilícito, mejorando la coordinación entre instituciones y fortaleciendo sus atribuciones. Este subsistema estará compuesto por la Unidad de Análisis Financiero y las Unidades de Inteligencia del Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII), que crea este proyecto. Los integrantes de este Subsistema podrán intercambiar información y requerir antecedentes entre sí y a otros organismos públicos. Si la información intercambiada tiene carácter de secreta o reservada, se mantendrá dicho carácter sin perjuicio de su traspaso o intercambio.
Estas unidades se alimentarán de la información que se levante al interior del mismo servicio o que soliciten a otros órganos públicos y derivará en informes secretos que se remitirán al director o directora respectiva, a la Unidad de Análisis Financiero, y a la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, cuando corresponda. Los funcionarios de estas Unidades de Inteligencia estarán sujetos a estándares estrictos de probidad y deberán mantener el estricto secreto de los antecedentes y documentos de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
Además, establece otras medidas para la prevención, detección temprana y alerta de operaciones sospechosas y de actividades que digan relación con el crimen organizado.
De acuerdo al gobierno, el proyecto apunta a perseguir la ruta del dinero ilícito mejorando la coordinación entre instituciones del Estado, junto a más inteligencia, más información, y trazabilidad de operaciones sospechosas.
El fin último de esta articulación, señala el texto, es recolectar y analizar información sobre actividades relacionados a distintos tipos de delitos, por ejemplo, tributarios, aduaneros, económicos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos sobre control de armas, o delitos vinculados al crimen organizado, incluyendo el de tráfico de estupefacientes y sicotrópicos y organización delictiva o criminal, a fin de alertar y/o colaborar con el Ministerio Público y el Sistema de Inteligencia del Estado, entre otros.
La última vez que la comisión analizó el proyecto fue el 17 de octubre. Si bien se ha analizado y escuchado a distintas entidades y expertos no se ha votado en general el proyecto. Ante el llamado que hizo el ministro de Hacienda para acelerar la discusión, el presidente de esta comisión, el senador Felipe Kast afirmó que el proyecto tiene deficiencias.
“Este proyecto lo hemos tratado en cinco ocasiones y los expertos que han ido a la comisión nos han indicado que se debe mejorar, porque lo encuentran insuficiente. Es un proyecto mal diseñado y el gobierno lo tiene que mejorar”, expresó Kast.
El legislador argumento que tal como está la iniciativa “en caso que la CMF encuentre algo no tiene el músculo para que esa información finalmente se traduzca en condenas o persecución penal. Es un proyecto que en la práctica carece de estructura efectiva para hacer una persecución de los delitos económicos, y por eso estamos a la espera de que el gobierno se haga cargo de aquello”.
Desde el oficialismo, la senadora PS Paulina Vodanovic, que también integra la Comisión de Seguridad Pública se alineó con la petición del ministro Marcel. “Es un proyecto que está orientado a seguir la ruta del dinero, a ver cómo se evita y perfecciona la institucionalidad vigente en materia de seguir la ruta del dinero ilícito y para combatir el crimen organizado”.
En ese sentido, la legisladora apuntó que “el gobierno ha pedido que se le de urgencia, pero el presidente de la comisión no lo ha puesto en tabla. Yo he sido reiterativa y en la última sesión también lo pedí. Esperamos poder avanzar pronto, porque es un proyecto complejo que requerirá de varias semanas de discusión”.
