La jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Herrera, revocó este miércoles las prisiones preventivas que pesaban sobre Gabriel Urenda y Sebastián González, en el marco de la arista penal del denominado caso Intervalores.
En su lugar, la magistrada estableció para ambos las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y de arraigo nacional, por lo que durante esta tarde quedarán libres.
Ambos se mantenían recluidos en el anexo penitenciario Capitán Yáber: Urenda, fundador del desaparecido grupo empresarial desde noviembre de 2018, y González, exgerente comercial, desde enero de este año.
En el caso de Urenda, el Ministerio Público le imputó los delitos de entrega de información falsa al regulador y al mercado, de estafa y apropiación indebida, mientras que a González le imputó sólo los últimos dos ilícitos.
Entre los argumentos que entregó la jueza para solventar su decisión fue que ambos tenían una irreprochable conducta anterior y que existía plausibilidad de que intentaron colaborar con la investigación que desarrolla el Ministerio Público. Junto con ello, enfatizó que la prisión preventiva es la medida cautelar más extrema y gravosa que se puede aplicar, que en el caso de ambos llevaban un tiempo razonable privados de libertad y que esta herramienta no se puede utilizar para anticipar eventuales sentencias de cárcel efectiva.
Según se expuso durante la audiencia, hasta ahora existen 80 víctimas en el caso y el perjuicio total involucra más de $11 mil millones.
La Fiscalía y los querellantes
"Se consideró que no era necesario que estuvieran tanto tiempo presos, puesto que había garantía suficiente de que iban a comparecer. Nosotros disentimos de eso, pero razonablemente es una resolución que el tribunal ha adoptado conforme a los fundamentos que dio", señaló el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, a la salida de la audiencia.
Sobre el vencimiento del plazo de investigación que tiene fecha para el 15 de junio, Sepúlveda dijo que pedirán prórroga, aunque no especificó cuánto tiempo adicional solicitarán.
Además, indicó que entre las diligencias pendientes están los peritajes contables y la recopilación de documentos y declaraciones de víctimas.
Por su parte, la abogada del estudio Carey Francisca Franzani, que representa a Panor, la mayor víctima del caso, sostuvo que "estamos absolutamente en contra de lo resuelto por el tribunal y esperamos que la Corte (de Apelaciones) revierta dicha resolución".
Añadió que "ambos imputados han defraudado por más de $11.000 millones a una serie de víctimas. A la fecha no se ha devuelto ni un solo peso y todas las declaraciones prestadas en la Fiscalía son incongruentes entre una y otra, por ende, malamente podrían ser consideradas como una colaboración en el caso".
