El IINE golpeó fuertemente a la defensa del jefe del Departamento de Precios, Felipe López -principal sindicado como responsable de la posible manipulación de los datos del IPC-, quien en junio pasado, interpuso ante el Segundo Juzgado de Letras de Santiago una demanda solicitando una indemización de $ 50 millones y disculpas públicas por daño a su honra.
Ante esta situación, la defensa del INE solicitó al tribunal declararse incompetente para resolver la demanda por tutela laboral, por cuanto argumenta que con base a la normativa vigente, los funcionarios públicos no tienen la facultad para acudir a un tribunal y denunciar vulneraciones a los derechos fundamentales, por cuanto, para los empleados del sector públicos no aplica.
"Resulta que la demanda no puede prosperar debido a que la vinculación entre el demandante y el demandado escapa de la órbita del derecho laboral, siendo aplicables las normas contenidas en el Estatuto Administrativo, toda vez que, como se ha señalado, el demandante tiene la calidad de funcionario público, designado a contrata. La relación existente entre las partes ha estado sujeta a un estatuto normativo específico, propio del ámbito del Derecho Público Administrativo", reza el oficio.
Todo esto, sumado a que, según remarca el documento y haciendo uso del artículo 160 del Estatuto Administrativo, la instancia competente para procesar solicitudes de provenientes del sector público, es la Contraloría General y no los tribunales laborales.
