El 13 de mayo 2019 quedará marcado como la fecha en que explotó una nueva crisis en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esta vez, el producto en cuestión era uno de sus indicadores más importantes: el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si bien en ese momento, su entonces director, Guillermo Pattillo, anunció en conferencia de prensa los pormenores del caso y que se iniciaría una investigación sumaria para determinar si hubo o no manipulación, junto con presentar una denuncia ante el Ministerio Público, poco a poco se fue diluyendo la notoriedad del caso. En febrero hubo otro problema con el IPC lo que finalmente detonó la salida de Pattillo del mando del ente estadístico.
En su lugar asumió Sandra Quijada, quien en su primera entrevista a Pulso dijo que “cuando llegué a la dirección del INE entregué la instrucción de que el caso IPC se cierre lo antes posible”.
Si bien esa era su intención, la llegada de la pandemia a Chile afectó el proceso, ya que varias etapas tenían que ser de manera presencial. Eso hasta ahora, porque a medida que se han ido levantando las restricciones de movilidad se retomó el proceso.
Actualmente, se está en la probatoria. Según explica el INE en cualquier sumario administrativo, esta etapa se destina a recibir las pruebas que son ofrecidas por quienes son sindicados como inculpados en el proceso. En ese sentido, declaran las personas que los inculpados indican.
Así, los plazos avanzan rápidamente y la defensa del jefe del Departamento de Precios, Felipe López, afirma que a fin de año ya se tengan los antecedentes suficientes para determinar si se levantan cargos o bien se deja sin efecto.
Cristián Arias, abogado de López, sostiene que “hemos presentado el testimonio de varios expertos en IPC. La experticia en este índice es muy específica y entre estos testigos está la exdirectora del INE, Ximena Clark, testigo más que cualificada”.
Según Arias, los principales testimonios que han entregado los expertos apuntan a que “el procedimiento adoptado por Felipe López y su equipo se encuentra completamente ajustado a los procedimientos de cálculo, incluyendo las imputaciones de precios, como se encuentra establecido en todos los manuales internacionales; que hablar de manipulación en este caso es una cuestión que a estas alturas ya no resiste análisis; y que el equipo auditor que asesoró a Pattillo en esta imputación carece de competencias básicas para efectuar el análisis, sobre el procedimiento adoptado para el cálculo del IPC”.
Arias acusa al fiscal del INE que lleva el caso de “falta de imparcialidad”. En este punto argumenta que “han negado una diligencia absolutamente pertinente, técnica y objetiva, que consiste en pedir la opinión de organismos internacionales, expertos en cálculos de IPC, que informen con criterio técnico sobre el procedimiento que se objetó a Felipe López, y se ha negado reiteradamente. Evidentemente, no lo podemos considerar una buena señal de objetividad”.
Arista penal
En paralelo a este proceso el Ministerio Público inició una investigación desformalizada y en esa misma categoría se ha mantenido. “Esa investigación carece de todo sentido, es absolutamente incomprensible, puesto que si hubiese existido algún tipo de manipulación en un indicador tan importante como el IPC, ya habríamos tenido algún resultado”.