En uno de los meses claves para la reforma previsional, y con conversaciones en curso en el Congreso, para intentar llegar a un acuerdo, la Cámara del Comercio de Santiago (CCS) expuso sus preocupaciones en torno al aumento de la cotización a cargo del empleador.

Desde el gremio indicaron que si bien no se oponen a la iniciativa, se deben evaluar los impactos en el mercado laboral, ante la cotización adicional. “Recaerán sobre los empleadores como un costo adicional para incrementar las cotizaciones. Por ello, resaltan la importancia de aplicar criterios de gradualidad, condicionados a indicadores como las tasas de desempleo, informalidad y el crecimiento económico”, expusieron desde el gremio.


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La CCS comentó que el contexto laboral en noviembre del 2022, cuando se inició el trámite, era significativamente distinto al de ahora, el que incluye el aumento del salario mínimo, la Ley de 40 horas y la Ley Karin, lo que para el gremio se traduce en un incremento del costo operativo para las empresas.

A lo anterior, la CCS sumó que “en 2025, otros 25 proyectos laborales están en discusión en el Congreso, de los cuales un 70% podría tener como efecto secundario un aumento adicional en los costos de contratación. Paralelamente, la productividad del trabajo, que podría justificar estos mayores costos, no sólo no ha crecido, sino que ha disminuido. En 2023, ésta registró una caída del 6%”

Las estimaciones preliminares de la CCS indican que el mercado laboral dejó de generar cerca de medio millón de empleos en los últimos años, además de notar una capacidad de contratación sustancialmente limitada por parte de las empresas, con incrementos en los costos de impuestos por las nuevas normativas.

“En este complejo contexto, uno de los más desafiantes para el mercado laboral en las últimas décadas, se está desarrollando el debate sobre el destino de los 6 o 7 puntos adicionales que recaerían sobre los empleadores”, puntualizaron en la CCS.

CCS expone sus preocupaciones ante proyecto de reforma previsional

Así, también advirtieron que de confirmarse lo que proyectan, los recursos que ingresarán como ahorro al nuevo sistema previsional serán considerablemente menores a los pensados en un inicio, por una disminución en la cantidad de cotizantes.

“Esto se debe a que muchas empresas no podrán absorber un aumento de costos de esta magnitud, lo que llevaría a un incremento del desempleo, una reducción en la fuerza laboral formal y un mayor incentivo hacia la informalidad. Este último fenómeno, además de no generar ahorro previsional ni impuestos, podría aumentar la presión sobre las prestaciones sociales sin contribuir al sistema”, señalaron.