El Consejo de Defensa del Estado (CDE) contestó la demanda presentada por la sociedad Inversiones Las Arenas Ltda. y Álvaro Jadue Melnick, quienes operan el centro comercial Patio Bellavista. Los demandantes acusan al Fisco de Chile de falta de servicio y solicitan una indemnización por más de $13.000 millones por los perjuicios sufridos desde el estallido social de 2019.

En la demanda se señala que “el centro gastronómico y cultural no habría podido operar de manera regular atendido las constantes manifestaciones”, lo que habría provocado graves daños económicos. Además, se afirma que las autoridades “se acostumbraron a una dosis de violencia” y por eso “renunciaron a recuperar el área de la ciudad”, permitiendo que Plaza Baquedano se convirtiera en “una verdadera zona de sacrificio”.

El CDE respondió solicitando al tribunal rechazar la demanda en su totalidad. Argumentó que los hechos relatados ocurrieron hace más de cuatro años, por lo que la acción legal está prescrita. “La presente demanda fue notificada al Fisco de Chile recientemente, con fecha 30 de diciembre de 2024″, y los hechos base ocurrieron antes del 30 de diciembre de 2020, sostuvo el organismo.

Asimismo, el CDE negó que existiera una falta de servicio por parte del Estado. Señaló que “Carabineros estuvo siempre presente en el sector de Plaza Baquedano y sus alrededores” y que “no existió la denominada Zona de Sacrificio”. Agregó que las fuerzas policiales enfrentaron una situación excepcional por la violencia del estallido social y luego la pandemia, lo que obligó a distribuir recursos según las prioridades más urgentes.

También recalcó que los daños alegados no pueden atribuirse a la acción u omisión del Estado, ya que “las conductas que provocaron daños en el sector fueron todas perpetradas por terceras personas, desvinculadas absolutamente de los órganos estatales”.

El CDE explicó que la caída en la actividad comercial del sector puede deberse a muchos factores, como la crisis sanitaria, la inflación y los cambios en los hábitos de consumo. “La pérdida o disminución de la potencialidad comercial de un área urbana no es civilmente atribuible a los órganos del Estado”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el Estado ha entregado apoyo concreto al comercio afectado por la crisis, a través de subsidios y programas como “Chile Apoya” y otros fondos de Sercotec y Corfo destinados a reactivar zonas dañadas.

Proporcionalidad

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) cuestionó con fuerza las altas sumas que los demandantes piden por daño moral. La sociedad Inversiones Las Arenas Ltda. exige $150 millones, y Álvaro Jadue Melnick otros $50 millones. Según el CDE, estas cifras no se justifican, sobre todo si se comparan con casos mucho más graves que han sido resueltos por los tribunales chilenos.

En el documento, el CDE afirmó: “Todas estas cantidades distan mucho de aquellas que piden los demandantes en estos autos, a pesar de que el daño moral que alegan haber sufrido es ostensiblemente inferior en compararlo con la muerte o desaparición de un familiar”.

Para demostrar esto, el CDE mencionó varios ejemplos. Por ejemplo, en un caso en que el Estado fue condenado por la desaparición forzada de una persona durante la dictadura, la Corte Suprema ordenó pagar $25 millones a cada hijo de la víctima. En otro caso, tras el accidente aéreo del CASA 212 en Juan Fernández, se indemnizó con $100 millones a padres que perdieron a sus hijos. También se cita una situación donde se otorgaron $80 millones a la familia de un desaparecido, y otro donde se pagaron $30 millones por la muerte de un paciente por negligencia médica.

El CDE señaló que estos montos, en casos donde hay muertes o desapariciones, son menores que los que se están pidiendo en este juicio, donde no se trata de una pérdida humana, sino de efectos indirectos por problemas en el entorno del negocio.

Además, el CDE indicó que en esta demanda ni siquiera se explica bien en qué consistió el supuesto daño moral. No se dice cómo afectó emocionalmente a las personas ni se entrega evidencia concreta del sufrimiento. Por eso, el CDE sostuvo que “no basta con afirmar que se ha sufrido una merma anímica o emocional”, sino que hay que demostrarlo.

El organismo advirtió que aceptar este tipo de indemnizaciones tan altas, sin pruebas claras, podría abrir la puerta a que se culpe al Estado por cualquier problema económico, incluso si no tiene responsabilidad directa. Y según el CDE, eso haría que el Estado termine funcionando como una especie de “aseguradora universal”, lo que, en su opinión, no corresponde ni es razonable.