Fue tema obligado en los últimos días. El grupo Cencosud, ligado a Horst Paulmann -y a cuyo directorio se integró desde el jueves pasado el exministro de Hacienda, Felipe Larraín- además de haberse acogido a la Ley de Protección del Empleo con 7.731 trabajadores de una de sus filiales- repartió dividendos a sus accionistas por sobre el 80% de la utilidad obtenida en el último año, superando largamente el mínimo legal de 30%.

La decisión fue criticada incluso desde el gobierno, donde se acusó que la empresa no estaba poniendo por delante el empleo. Además, escaló al Congreso, donde tomó fuerza la idea de prohibir la distribución de dividendos de las empresas que se acogieran a esta ley. También se abrió una arista legal, pues el gobierno anunció que la Dirección del Trabajo llevaría a Tribunales la decisión de Cencosud de utilizar esta norma.

Pero este jueves Cencosud cambió de parecer y revirtió la suspensión de parte de su dotación, lo que había hecho acogiéndose a la nueva ley. “En el día de hoy el directorio de Cencosud S.A. ha tomado la siguiente decisión: el grupo Cencosud no se acogerá a la Ley de Protección del Empleo. Cencosud y sus filiales reintegrarán los montos pagados a nuestros colaboradores por AFC”, señaló el CEO de Cencosud, Matías Videla, mediante un comunicado.

Asimismo, indicó que Cencosud y sus filiales pagarán las remuneraciones en su totalidad, correspondiente a los trabajadores conforme a sus contratos de trabajo.

“El directorio reafirma su convicción de que Cencosud actuó conforme a leyes establecidas y de buena fe”, añadió la compañía en un comunicado.

Las reacciones se sintieron en el Congreso. El senador de RN, Francisco Chahuán, escribió en su cuenta de Twitter y valoró la decisión “Era impresentable. Lo mínimo era retractarse y no usar la Ley. Esperamos ahora cero despidos, porque si fueron capaces de repartir millonaria utilidades, perfectamente pueden asumir la mantención de sus trabajadores”, escribió el parlamentario.

“La actitud de Cencosud, de dar pie atrás a su situación de abuso (...) no hace más que demostrar lo inescrupuloso que es este grupo económico, que cuando se vieron pillados echaron pie atrás”, criticó el senador PS, Juan Pablo Letelier.

Reunión con trabajadores

El presidente de la Federación de Trabajadores Unidos Paris, José Salinas, señaló que este jueves, durante una reunión que tuvieron con la firma, se les comunicó que “que la empresa se va a hacer cargo de la remuneración de sus trabajadores”. Respecto a Ley de Protección al Empleo, el dirigente señala que “nosotros pensamos que es una mala ley, que se implementó mal, se habló que era para las pymes, pero en ninguna parte la ley lo decía”, indica.

“La distribución de utilidades de los accionistas ha generado un golpe mediático y de desprestigio para Cencosud tremendo”, sostuvo.

Respecto a una eventual reapertura de tiendas, dice que “no están las condiciones, nosotros como dirigentes y representantes de los trabajadores también tenemos que velar con que esté dentro de las condiciones. Falabella empezó a abrir algunos locales y para nosotros decir no es muy fácil, nosotros no queremos que abran, pero también hay otra necesidad de las personas de recuperar los empleos”.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, valoró la medida. “Me parece muy bien que una empresa que hizo uso de una ley de una manera que no era la correcta y que generó toda la polémica (...), dé la cara y haga una declaración pública”, dijo.

Pese a ello, el requerimiento judicial de la Dirección del Trabajo por este tema sigue su curso, para pedir antecedentes de las razones que llevaron a Cencosud a acogerse a la ley.

Entre los expertos también hubo opiniones encontradas. Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo, sostuvo que la situación de Cencosud “es un riesgo ya que al limitar la gobernanza de la compañía es posible que la empresa prefiera finiquitar a los trabajadores en lugar de acogerse a esta ley”.

Mientras que el economista y ex decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, dijo que “hay muchas empresas que no tienen las espaldas financieras que tiene Cencosud, y por ello no podrían hacer lo que hicieron, especialmente las ligadas al comercio”. Sin embargo, no considera que la ley desincentive la decisión de que las empresas se acojan a la ley.