La tasa de pobreza que arrojó la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2022 y que se conoció el año pasado sorprendió a todos. Según el sondeo, la pobreza en Chile pasó de 10,7% en 2020 a 6,5% en la última medición, en lo que constituye el menor registro histórico desde que hay datos comparables (1990), y también el menor número de población pobre (1.292.521). Así, los datos fueron aún mejores que los registrados en 2017, previo a la crisis social y a la pandemia, cuando la pobreza llegó a 8,5%.
Según se señaló cuando se presentaron los resultados, una de las razones detrás de esta baja fue el aumento de las transferencias de Estado a los sectores de menores recursos, es decir, subsidios que ayudaron a complementar los ingresos de las familias. Pero también estuvo presente el factor de la imputación del alquiler, lo que generó debate entre los expertos.
El alquiler imputado busca reflejar la condición de los hogares que ocupan una vivienda sin tener que pagar por ella. A esos hogares se les pregunta cuánto se paga en el barrio en que viven por el arriendo de una vivienda como la que ocupan y ese monto se les suma como una fuente de ingresos.
Precisamente, ese fue el tema que abordó el análisis realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) “Medición de la pobreza en Chile: el rol del alquiler imputado” y que ahondó en el rol que ha jugado este último elemento.
“Nuestro argumento es que en esta metodología existe un problema de actualización de la canasta no alimentaria (específicamente en ‘IPC resto’), porque no incorpora el alquiler imputado. Esto ha derivado en una subestimación significativa de su valor y, con ello, en una subestimación de la pobreza”, detalla el informe realizado por el coordinador académico del CEP, Sebastián Izquierdo, y por Gabriel Ugarte, investigador de ese centro de estudios.
En 2013, cuando se introdujo la metodología actual de medición, la pobreza se definió en relación con la capacidad de los hogares para solventar un gasto referencial. El gasto referencial quedó conformado por dos componentes: el asociado a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y los “otros” gastos. En estos últimos se incluyó un “alquiler imputado”, que es un componente contable. Este corresponde al arriendo de mercado que tendrían que pagar aquellos hogares que tienen casa propia, si no la tuvieran. Ese gasto es el que no se ha ido actualizando, dice este informe.
En ese contexto, Izquierdo menciona que “nosotros identificamos un problema en cómo se ha venido actualizando el alquiler imputado desde la última vez que se calculó en 2012. Esto, porque a las familias se les imputa un ingreso ficticio”.
En su análisis sugieren que se utilice el Índice de Precios de la Vivienda (IPV) del Banco Central, el “cual mide los precios de las transacciones efectivas de compraventa de propiedades habitacionales a nivel nacional con datos administrativos”, sostiene el informe.
Con esta nueva metodología, plantean, “se observa que la tasa de pobreza simulada sería entre 2,2 y 3,4 puntos porcentuales mayor que la oficial, dependiendo del año”. Así medida, sostienen, la pobreza por ingreso en 2015 habría sido 13,4% en lugar de 11,2%; en 2017 de 10,9% y no 8,5%, y en 2022 de 9,1% y no de 6,5%.
En todo caso, el informe del CEP puntualiza que “la tendencia de la tasa de pobreza muestra que efectivamente ha estado disminuyendo desde 2015, por lo que la discrepancia es más una cuestión de nivel que de tendencia”.
Dos líneas de la pobreza
Dentro de su análisis, el CEP entrega propuestas no sólo de corto plazo, como es cambiar la metodología, sino que también establece la necesidad de abordar en un mediano plazo la idea de tener dos líneas de pobreza.
Gabriel Ugarte lo explica: “Ante los desafíos que implica su actualización, también proponemos estudiar dos líneas de pobreza: una para propietarios y otra para arrendatarios, y así evitar tener que medir el alquiler imputado, que implica muchos desafíos”.
Sobre ese punto, en el texto se resalta la experiencia de Estados Unidos, donde se reconocen diferentes umbrales de pobreza según la situación de tenencia de la vivienda: propietarios con hipoteca, propietarios sin hipoteca y arrendatarios. “Esta diferenciación se justifica principalmente por el hecho de que los propietarios sin hipoteca suelen tener un gasto en vivienda menor en comparación con arrendatarios o propietarios con hipoteca, lo que podría resultar en la clasificación errónea de propietarios sin hipoteca como pobres, cuando en realidad no lo son”.
Otro de los temas que releva el estudio, es la necesidad de contar con un “cálculo riguroso y preciso de la pobreza para focalizar la política pública”. Ugarte subraya que “una medición precisa de la pobreza es clave para la focalización de la ayuda social en los que más lo necesitan. El Fondo Común Municipal redistribuye ingresos usando la tasa de pobreza comunal, por lo que es necesario que esta refleje lo mejor posible la situación de vulnerabilidad de las personas”.
También indican que es “preciso preguntarse sobre las características de estas personas que, al estar al borde de la línea de pobreza, no eran categorizadas como pobres bajo la metodología oficial, pero que en las simulaciones presentadas sí lo son. Es decir, hogares con ingresos ligeramente superiores a la línea de pobreza oficial cambian de categoría con la nueva línea de pobreza estimada y pasan a formar parte de la categoría de pobreza”.
Para trabajar en cambios metodológicos a la encuesta Casen, el gobierno creó el año pasado una comisión de expertos que entregará las propuestas para actualizar la forma en que se mide la pobreza en Chile.
