América Latina y el Caribe está por debajo de su potencial para convertirse en un actor clave de la industria del litio pese a sus grandes reservas, mientras debe enfrentar desafíos para aprovechar la limitada “ventana de oportunidad” que ofrece la atractiva industria, dijo este jueves la CEPAL.
En un estudio, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dijo que la transición energética, con el avance de la electromovilidad y las energías limpias, presenta oportunidades para los países ricos en el mineral usado para baterías de vehículos eléctricos.
Pero los mayores desafíos se relacionan con las iniciativas para procesarlo localmente en la producción de celdas de baterías de iones de litio o sus componentes.
”América Latina y el Caribe tiene un gran potencial para convertirse en un actor clave en la industria mundial de este recurso”, apuntó el organismo de Naciones Unidas. Sin embargo, su desempeño actual se encuentra muy por debajo de ese potencial, como se refleja en el volumen relativamente pequeño de producción de materias primas y compuestos de litio y el elevado nivel de concentración geográfica de dicha producción en Chile y la Argentina”, agregó.
La dificultad para acompañar el acelerado crecimiento de la demanda se explica por factores como las características químicas de salares y su entorno o, en el caso de las arcillas mexicanas, procesos de producción aún en etapa de desarrollo y que no han alcanzado escala industrial.
El precio de minerales esenciales para la transición energética ha aumentado rápidamente por el pronunciado aumento de la demanda, la interrupción de las cadenas de suministro y las expectativas de escasez y cuellos de botella de la oferta.
”En el caso del litio, el precio no solo se multiplicó casi nueve veces, sino que no se observa un descenso significativo, como en el de los otros minerales”, comentó la CEPAL.
Los países del triángulo del litio (Argentina, Bolivia y Chile) tienen el 56% del total mundial de reservas, lo que sube al 60% al considerar al resto de países en la región. Pero a nivel individual hay un desequilibrio significativo, ya que Chile explica por sí solo un 41% de las reservas mundiales y Argentina casi un 10%, según el estudio.
”Si bien la región ofrece un panorama prometedor en términos de proyectos, su participación podría caer en términos relativos. Mientras que en 2021 un 37% del litio consumido a nivel mundial provino de América Latina, se espera que esta cifra se ubique en un 32% hacia 2030″, señaló.
Agregó que subir en la cadena de valor tiene desafíos si se decide invertir recursos públicos: el alto financiamiento para instalar fábricas de celdas; la necesidad de acceder a otros minerales críticos que son objeto de una fuerte competencia global y las complejas capacidades tecnológicas.
”Los posibles beneficios que ofrece la minería de litio comúnmente se presentan como una ventana de oportunidad, que se cerraría en el curso de algunos años”, dijo el informe.
La limitación temporal se explicaría por el arribo de tecnologías alternativas (baterías de sodio, celdas de hidrógeno), llegada de nuevos actores y la recuperación desde baterías recicladas.
”Aun cuando estas amenazas pudieran materializarse, no desaparecería la demanda de litio producido en la región que, además, se mantendría entre las fuentes de producción de menores costos, dadas las ventajas competitivas que tienen los salares frente a otros tipos de yacimientos”, apuntó.
En 2021, la oferta mundial de litio alcanzó niveles en torno a las 500.000 toneladas de carbonato de litio equivalente y un 96% de la producción se concentra en Australia, Chile, China y Argentina, explicó el informe.
Los Gobiernos regionales también enfrentan retos vinculados a mejorar la captura de rentas económicas derivadas de la explotación así como en la distribución y uso de estas “rentas finitas” para la inversión en otras formas de capital, subrayó.
A nivel ambiental, es necesario desarrollar prácticas y tecnologías para mejorar la eficiencia en el uso del agua y la energía, realizar un monitoreo integral de los salares, establecer tasas de extracción sostenibles y ofrecer mecanismos de compensación por la pérdida de biodiversidad o degradación de ecosistemas.
