El escenario fiscal para este 2025 será complejo. En abril, el gobierno presentará un plan de ajuste y nuevas proyecciones de ingresos y gastos en el Informe de Finanzas Públicas. De acuerdo a lo que ha estimado el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el presente año se requiere un recorte de US$1.500 millones para cumplir la meta de balance estructural de -1,1% del PIB fijada en el decreto fiscal del Ministerio de Hacienda.

Pero si esa rebaja no es fácil, el escenario para el próximo gobierno que debe asumir en marzo de 2026, es aún más complejo, incluso con lo que se denomina holguras negativas.

Así lo refrendó el CFA en su informe trimestral de balance estructural del primer trimestre, donde planteó que persistirá el estrés fiscal en los próximos cuatro años. Según explicó, esto es el resultado de una trayectoria iniciada con la crisis financiera global de 2008 y que se acrecentó con la pandemia de Covid-19 (2020-2021). De hecho, detalló que “el gasto público ha superado a los ingresos estructurales en 15 de los últimos 17 años, y ha existido un aumento sostenido de la deuda bruta y neta”.

En cuanto a la trayectoria fiscal más reciente, sostuvo que en 2022 se redujo significativamente el gasto público en 23%, retirando gran parte de las medidas extraordinarias de la pandemia. Sin embargo, tanto en 2023 como en 2024, que fueron años sin crisis, hubo importantes déficits estructurales, de 2,7% y 3,2% del PIB, respectivamente, lo que acrecentó el desafío de converger hacia un balance estructural y de estabilizar la deuda.

En este contexto, el CFA dijo que es “imprescindible cumplir en 2025 con la meta estructural de -1,1% del PIB, lo cual requiere ajustes adicionales del gasto por al menos 0,5% del PIB este año”.

Plan de mediano plazo

Como el estrés fiscal se proyecta al mediano plazo, el CFA señaló que adicionalmente se requiere un plan que genere espacio fiscal permanente. “La Dipres (Dirección de Presupuestos) prevé holguras negativas cada año hasta 2029. En particular, proyecta que los gastos ya comprometidos superan el nivel compatible con las metas supuestas de BE (balance estructural) en un promedio de 0,4% del PIB por año, lo que equivale a un total de 1,6% del PIB (US$5.950 millones) durante el período 2026-2029″, enfatizó. Por ello, advirtió que será necesario reducir los gastos en al menos esos US$5.950 millones en el período 2026-2029.

Pero también alertó que, en ausencia de nuevos ingresos, tal necesidad de ajuste podría ser mayor si no se gestiona adecuada y oportunamente una serie de riesgos. Entre estos destacó: nuevos incumplimientos de las metas de balance estructural, el encarecimiento del financiamiento, efectos cambiarios en la deuda, subestimación de las necesidades de inversión pública, menor recaudación que la esperada de la Ley de Cumplimiento Tributario, y la activación de gastos o desactivación de ingresos que actualmente no estén adecuadamente registrados en la contabilidad fiscal. En cuanto a la deuda bruta, si bien la Dipres proyecta que esta no superará el nivel prudente de 45% del PIB en el mediano plazo, el CFA indicó que también podría verse afectada por los riesgos señalados.

Medidas

Frente a tal escenario, el CFA entregó varias recomendaciones para que se pueda contener el gasto público en los próximos cuatro años.

Lo primero que planteó es la necesidad de alcanzar un acuerdo político amplio para lograr ganancias de eficiencia permanentes del gasto público y mantener el nivel prudente de deuda en 45% del PIB.

Al respecto, dijo que “es conveniente actuar oportunamente” y que dicho pacto en pos de la sostenibilidad fiscal debe incluir “al Ejecutivo y al Congreso, para garantizar la coherencia entre los gastos permanentes y sus fuentes de financiamiento, y terminar así con el aumento sostenido de la deuda pública. Este acuerdo amplio requiere esfuerzos importantes en 2025, pero también a mediano plazo, por lo que abarca a la actual administración y también a las próximas”.

Luego mencionó que se debe enfocar el ajuste fiscal requerido preferentemente en el gasto corriente y no en el de capital, para no incidir en la inversión. “Por más de una década se ha mantenido una tendencia de subejecución del gasto de capital, lo que, de repetirse, junto a la reducción sustantiva de las proyecciones de inversiones hacia 2029, generaría efectos negativos en el crecimiento económico y, a la larga, potencialmente también en los ingresos fiscales”, advirtió.

Como tercera medida está el mejorar la planificación y gestión de la ejecución presupuestaria del gasto de capital, y explicitar las razones para la disminución de la inversión pública comprometida a mediano plazo.

Y como cuarto punto mencionó el precisar, aclarar y eventualmente corregir ciertas transacciones de la contabilidad para la regla fiscal.