Consejo Fiscal Autónomo pide al gobierno que busque nuevas fórmulas de financiamiento permanente para la Pensión Garantizada Universal

Si ya el tema del financiamiento era un dolor de cabeza para Hacienda, ahora derechamente se transformó en un problema. A los cuestionamientos que hicieron los parlamentarios de oposición, ahora se sumó un informe elaborado por el Consejo Fiscal Autónomo que pone en duda las fuentes de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y los instó a buscar nuevas fórmulas para allegar recursos.

Según el CFA, “si bien el Ministerio de Hacienda indica que en régimen el mayor gasto fiscal con las indicaciones se ubicaría en aproximadamente 0,95% del PIB, las cifras hacia 2050 no muestran una estabilización completa del mayor gasto, ya que para dicho año este aún se encuentra en ascenso”.

En base a esa observación, un primer elemento que analiza el Consejo se refiere al período de la proyección fiscal. “Si bien el CFA valora que la Dipres realice proyecciones a cerca de 30 años (2050), tratándose de materias previsionales se sugiere, en línea con recomendaciones internacionales, que dicho ejercicio considere un horizonte aún mayor (por ejemplo, de al menos 50 años), de forma tal de apreciar en plenitud el efecto de la transición demográfica en el sistema”, dice el informe enviado al Parlamento.

En el documento, el CFA analiza una por una las fuentes de financiamiento expuesta por el Ejecutivo. En primero lugar para el caso de reducción y eliminación de las exenciones tributarias, el Consejo observa que corresponde a nuevos ingresos permanentes, por lo que su efecto para financiar el gasto de la PGU no tiene impacto sobre el balance estructural ni en la deuda bruta o neta del gobierno. Sin embargo, advierte sobre “la fecha de entrada en vigencia de esos cambios a las exenciones, ya que los ingresos que provendrían de esa fuente dependen de la aprobación de un proyecto separado del que crea la PGU”

Por esto, el CFA sugiere “buscar fórmulas legislativas para que la implementación de los cambios tributarios que genera esta fuente de financiamiento sea anterior o que, al menos, coincida con la entrada en vigencia de la PGU”.

En cuanto a la provisión de los mayores gastos previsionales incluidos en la Ley de Presupuestos 2022 y en la programación financiera (2023-2026), el CFA plantea en el informe que su uso para la PGU “no significaría conceptualmente un deterioro para el balance estructural, al menos respecto de lo ya proyectado hasta 2026, por lo que, en un principio, no afectaría la deuda bruta ni neta del gobierno. Esto, asumiendo que la ley larga de pensiones no se aprueba, ya que no podría usarse la misma fuente de financiamiento para dos proyectos distintos”.

Sin embargo, el Consejo identifica en su informe “una serie de precauciones y limitaciones respecto de esta fuente de financiamiento y plantea que un análisis de sostenibilidad de largo plazo no debiera basarse en una programación financiera de mediano plazo, menos aún en un contexto de déficit estructural. De esta forma, se identifican desafíos y riesgos para la consolidación fiscal si se considera esta provisión como financiamiento permanente”.

Finalmente, sobre la disminución del aporte mínimo obligatorio que debe realizarse anualmente al FRP, que pasaría de 0,2% a 0,1% del PIB, el CFA dice que “implica una menor acumulación de ahorro para el financiamiento de los gastos previsionales futuros, para destinarla a gasto corriente en pensiones”.

Así, señala el Consejo, “en cuanto a los efectos en las variables fiscales del gasto en PGU financiado con el menor aporte al FRP, ello implicaría un mayor déficit estructural anual de 0,1% del PIB, por cuanto no existe una contraparte de mayores ingresos permanentes asociados”.

A la vez, indica que “la deuda neta aumentaría, debido a que el cambio implica un menor ahorro destinado al FRP, al reducir su aporte mínimo anual a la mitad. En base a este análisis, el Consejo sugiere su reemplazo por otra fuente de financiamiento con características de permanente”.