CFA valora gestión fiscal del gobierno, pero advierte que incumplimientos podrían significar una nueva baja en la calificación crediticia

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó este martes 27 su informe semestral sobre el Ejercicio de sus Funciones y Atribuciones ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso. En el documento, el Consejo valora el esfuerzo de convergencia fiscal que se ha realizado el gobierno este año, a través del retiro de las medidas fiscales extraordinarias implementadas en 2020-21 para enfrentar la pandemia del Covid-19, no obstante, pone algunas alertas.

En primer término, el CFA valora la reducción del gasto pública con la consiguiente reducción del déficit fiscal y estabilización de la deuda. Por un lado, dicen que el déficit estructural proyectado para 2022 sería significativamente menor que el observado en 2021 (10,7% del PIB) y, por otro, la deuda pública bruta se estabilizaría en torno a 37% del PIB. “Siendo este un primer paso importante, es fundamental mantener el esfuerzo de consolidación en pro de asegurar la meta de déficit estructural fijada para 2026 (0,3% del PIB), y evitar que la deuda supere el nivel prudente de 45% del PIB”, sostuvo el presidente del CFA, Jorge Rodríguez en la presentación al Congreso.

No obstante, el organismo advierte que eventuales incumplimientos de la senda de convergencia de las finanzas públicas, podrían traducirse en una baja adicional en la calificación crediticia de Chile, persistencia de altas tasas de interés, un mayor costo de endeudamiento para el gobierno, las empresas y las personas, y alzas sustantivas de la deuda bruta. Para ejemplificar lo anterior, según simulaciones del CFA, “si el déficit estructural se mantiene constante en su valor promedio de los últimos 10 años (es decir, 2% del PIB), la deuda bruta sobrepasaría su nivel prudente -de 45% del PIB- desde 2027 en adelante”.

Además, el Consejo enfatiza que si bien en el escenario base del CFA -que se asume como el más probable- no se supera la deuda prudente, existen riesgos importantes donde las probabilidades de insolvencia para las finanzas públicas dejan de ser bajas. Según se desprende del informe, esos riesgos están asociados a sendas de convergencia para el Balance Estructural con déficits persistentes y elevados, tales como los que se han observado, en promedio, durante los últimos 10 años; comprometer gastos permanentes sin contar con ingresos igualmente permanentes para su financiamiento; una ralentización del crecimiento tendencial de la economía, y condiciones externas más adversas, como una caída del precio del cobre por sobre lo esperado.

El organismo agrega también un análisis sobre la meta de déficit estructural, de 2,6% del PIB para 2023, planteada por la Dipres en su último Informe de Finanzas Públicas. Sobre este punto, el Consejo recalca que esa cifra implicaría un aumento superior a 2 puntos porcentuales del PIB respecto del déficit con el que se estima que se culminará este 2022. En este sentido, el organismo advierte que esto “implicaría un retroceso en la convergencia fiscal del próximo año”, por lo que se “haría imprescindible para la sostenibilidad fiscal que el Ministerio de Hacienda ratifique retomar la senda de consolidación desde 2024 en adelante, para llegar a un déficit estructural de 0,3% del PIB en 2026″.

En la actual coyuntura, el CFA insiste como lineamiento básico de la responsabilidad fiscal que los gastos permanentes sean financiados con ingresos permanentes. En ese sentido, el Consejo recomienda al Ministerio de Hacienda estudiar en profundidad opciones de generación de ingresos de las siguientes fuentes:  nuevos ingresos tributarios, reasignaciones y/o mayor eficiencia del gasto público, y un mayor crecimiento tendencial.

En cuanto a ingresos tributarios, el organismo advierte que es riesgoso comprometer gastos con cargo al proyecto de reforma tributaria antes de que se materialicen efectivamente los mayores ingresos esperados. En ese sentido, indica que se generarían dinámicas de deuda crecientes en el largo plazo si se llegara a comprometer gasto por el total de la recaudación esperada (3,6% del PIB anuales en régimen), pero que está en los hechos resultase ser menor. De acuerdo a los cálculos realizados por el CFA, “si la recaudación anual fuese un 80% de lo esperado y no se ajustase el gasto correspondiente, la deuda bruta superaría el nivel prudente a partir de 2030″.