Más de 9 toneladas de cobre sustraído, es el registro que la compañía eléctrica CGE, que presta servicio a más de 3,2 millones de clientes, contabilizó entre enero y junio de este año, donde se registraron 192 casos de robo de cables en las instalaciones de la compañía, disponibles entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía.
Los robos son equivalentes a un total de 58.304 metros de cable de cobre, tanto de media como de baja tensión, lo que provocó que 88.839 clientes se vieran afectados por la interrupción del suministro eléctrico.
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Debido a la evidencia de que las bandas delictuales cuentan con material y personal técnico especializado, el subdirector de operaciones de CGE, Francisco Jaramillo, apunta a que esto es una clara señal de la presencia del crimen organizado.
“Estas son bandas delictuales, que cuentan con modus operandi desarrollados y que se van moviendo entre las regiones, buscando donde pueden cometer estos delitos y causar el mayor daño. Asimismo, cuentan con una organización que también les permite reducir el cable robado, lo que financia otros delitos. El perjuicio que provocan estas bandas delictuales no es solo a la infraestructura, sino también a la calidad y continuidad del servicio eléctrico para miles de clientes a lo largo de la zona de concesión de CGE”, explicó Jaramillo.
En el detalle se observa que las regiones más afectadas durante el primer semestre fueron Arica y Parinacota, además Tarapacá, que sumaron 51 casos de robos de cables. La Región de Antofagasta se ha visto afectada con 33 casos, mientras que Coquimbo con 29.
La Región de Coquimbo también se posiciona como la más afectada en cuanto a la cantidad de cable robado, con un total de 15.331, seguida por el Maule y Antofagasta, con 19.922 y 10.363 respectivamente.
Con un total de 196 kilómetros, en el 2023 se registraron 1.223 casos de robos de cables. Para este año, el costo total por el robo de cables llega a los $150 millones, mientras que el dinero invertido para la reposición de la infraestructura dañada alcanzó los $842 millones.
“Es necesario que las autoridades, en todos los niveles, tomen acciones para combatir a estas bandas. En el caso de CGE, la compañía realiza denuncias ante el Ministerio Público y las policías cuando ocurren estos casos, y también hemos interpuesto querellas para perseguir a los responsables”, sostuvo Jaramillo.
