El séptimo lugar que ocupó Chile en 2013 en el Índice de Libertad Económica luce cada vez más lejano en el reporte anual elaborado por The Heritage Foundation, en colaboración con Libertad y Desarrollo (LyD) para el caso nacional. Desde entonces, el país ha mostrado vaivenes y, en los últimos dos años, retrocesos consecutivos, para terminar figurando en 2022 en la posición número 20.
Con sus 74,4 puntos, Chile se impone fácilmente a sus pares latinoamericanos, siendo seguido por Uruguay con 70 unidades en el puesto 34. En tanto, los líderes mundiales, Singapur, Suiza, Irlanda, Nueva Zelandia y Luxemburgo, anotan puntuaciones superiores a 82.
Soledad Monge, economista de LyD, explica que la nueva caída nacional obedece “al creciente desequilibrio fiscal que se traduce en el aumento sustancial de la deuda pública”. Según precisa, también influye “la mayor presión inflacionaria”, dado que suele distinguirse por la estabilidad de los precios.
“Lamentablemente, la agenda del futuro gobierno contiene elementos como el alza de impuestos, regulación laboral más rígida, creación de múltiples empresas públicas, entre otras, que nos harán retroceder sustancialmente en la libertad para emprender y con ello en nuestro crecimiento potencial”.
Detalles del resultado
En efecto The Heritage Foundation, centro de estudios estadounidense con la misión de “formular y promover políticas públicas basadas en los principios de la libre empresa, el gobierno limitado, la libertad individual, los valores estadounidenses tradicionales y una fuerte defensa nacional”, según se lee en su página web, considera cuatro categorías en su índice, una de las cuales es “tamaño del Estado”.
Es justamente en esta última donde se observan importantes diferencias en relación al resultado nacional del ranking 2021. Aunque en la subcategoría de “carga fiscal” se mantiene prácticamente plano con 72,4 unidades, la puntuación cae de 80,4 a 78,1 en “gasto del gobierno” y más pronunciadamente de 90,4 a 75,3 en “sanidad fiscal”.
Ese resultado es en función del análisis que da cuenta que en Chile “la tasa máxima del impuesto sobre la renta individual es del 40% y la tasa del impuesto corporativo opcional es del 27%. La carga fiscal global equivale al 20,7% de la renta nacional total”, según precisa el reporte. Asimismo, destacan que “el gasto público ha ascendido al 20,7% de la producción total (PIB) en los últimos tres años, y los déficits presupuestarios han promediado el 3,8% del PIB. La deuda pública equivale al 32,5% del PIB”.
En tanto, en “efectividad de la regulación se desciende de 85,5 unidades a 79,4 en “libertad monetaria”, mientras que en “libertad de empleo” se baja desde 62,5 a 58. En ese contexto, destaca positivamente la leve alza desde 75,1 puntos a 76,2 en la subcategoría de “libertad de negocios”.
En el análisis el reporte es algo más severo, al señalar que “las regulaciones ambientales se han vuelto costosas e impredecibles” y que “las leyes laborales son algo rígidas”, aunque matizan señalando que estas últimas “se aplican de manera uniforme”, que “el gobierno aumentó numerosos subsidios en 2021, especialmente proyectos de energía verde”.
Por otra parte, destacan en este ítem al Sistema Único de Permisos (SUPER) del Ministerio de Economía, que tiene por “objetivo facilitar la obtención de permisos para proyectos de inversión”.
En tanto, en la categoría de “Estado de derecho” predominan los ascensos. El más notable de estos es en el área de “efectividad de la justicia”, donde se pasa de 68,4 unidades a 91,4. También sube la puntuación de “derechos de propiedad”, de 74,5 a 73 y solamente se baja en “integridad del gobierno”, de 74,5 a 71,4.
“Chile tiene un marco legal sólido y los derechos de propiedad privada generalmente se respetan. Los intereses garantizados en bienes inmuebles se reconocen y generalmente se hacen cumplir, y la expropiación es rara”, destaca el informe.
Adicionalmente, destaca que “el poder judicial es independiente y los tribunales son, en general, competentes en la aplicación de los derechos de propiedad y contractuales y están libres de interferencias políticas”.
Finalmente, en “apertura del mercado” se mantienen con 70 puntos las subcategorías de “libre inversión” y “libertad financiara”, pero se desciende desde 83 unidades a 78 en “libre comercio”. En este materia, el reporte plantea que “la apertura del mercado a la inversión y un marco regulatorio relativamente eficiente han proporcionado una base para el dinamismo económico en las últimas décadas, además de lo cual “el sistema financiero competitivo facilita altos niveles de bancarización de acceso eficiente al financiamiento”.
