Hoy la consigna de Chilena Consolidada es transparentar, cooperar y reparar los impactos que generó el llamado Caso Seguros. Un primer paso lo dio el lunes último, cuando acordó el pago de US$ 22 millones a Codelco y sus trabajadores, por el impacto del sobrecosto en las pólizas de seguros que algunos sindicatos de la minera tuvieron con la compañía durante 14 años. El siguiente fue entregar al Ministerio Público las 1.914 páginas del llamado “proyecto Arcadia”, la investigación interna que la compañía terminó a fines de marzo pasado. Y ahora viene el turno de transparentar los hechos ante el mercado financiero.
El tema no es menor, pues luego de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se reuniera con los altos ejecutivos de Zurich cuando estalló el caso, en enero pasado, hoy el organismo está realizando una investigación sobre las potenciales responsabilidades administrativas que pudiera tener la compañía en los hechos, la que está a cargo del fiscal jefe de la Unidad de Investigación, Andrés Montes. De hecho, el propio Montes, en estos últimos días, ha estado citando a prestar declaración a los distintos implicados en el Caso Seguros.
Ante este proceso, Chilena Consolidada también presentó todos los antecedentes que recabó respecto del caso a la CMF. “Transparentar los hechos es un proceso enfocado tanto con Codelco como con la fiscalía y también con la CMF”, señala una fuente cercana a la aseguradora. El procedimiento que está realizando el organismo es de largo aliento, por lo que no se espera que haya un pronunciamiento pronto. Además, señalan las fuentes consultadas, si es que se llegara a la convicción de que en este caso hay responsabilidades administrativas, se tendría que iniciar un procedimiento administrativo contra quienes resultaran responsables, el cual es de carácter reservado.
Al ser consultada, la CMF señaló que “las eventuales infracciones a la normativa de la Comisión pueden ser sancionadas conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de la CMF. De acuerdo a lo dispuesto en dicha ley, las investigaciones de los procesos sancionatorios corresponden a la Unidad de Investigación, conforme la separación de las funciones supervisoras y sancionatorias de la Comisión, y están sujetos a la reserva dispuesta por la misma ley”.
