El subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, tiene claro el marco de principios sobre los cuales se debe construir la reforma de pensiones del gobierno del Presidente Gabriel Boric, aunque “todavía no hemos entrado en el diseño del área chica”, confiesa.

Pero el diagnóstico es uno solo. “La legitimidad del sistema de pensiones está desfondada. Está en el suelo. Y hay distintas razones que explican esto”, señala. En ese sentido, comenta que son tres las que, a su juicio, son las más importantes. Primero, “las bajísimas pensiones”.

Lo segundo que explica esta deslegitimidad del sistema cree que “es la desprotección que tiene para las personas, tanto ante los vaivenes de los mercados financieros, como en el mercado del trabajo, y la gente tiene que tomar decisiones de alta complejidad”.

Y como tercer punto, todo eso ocurre “en un contexto en que las AFP están blindadas en sus utilidades, con un ROE cercano al 25% anual, con niveles de riesgo que no tienen ninguna correlación con esa rentabilidad”, puntualiza.

¿Eso fue lo que llevó al país a aprobar tres retiros desde las AFP?

-El alto interés de la población por los retiros es, para mí, la prueba irrefutable de la falta de legitimidad. ¿Por qué? Muy simple: porque mucha gente no ve ningún beneficio en tener los ahorros para jubilarse, y prefiere tener su plata hoy. Esto es gravísimo, porque no hay seguridad social sin el principio de que las cotizaciones y los ahorros son para jubilar. No hay un sistema de pensiones que funcione bien y que no se sustente en ese principio. Y sin seguridad social no va a haber nuevo contrato social. Por eso es que como gobierno estamos en contra de los retiros, porque no sólo dañan las pensiones, los retiros dañan la posibilidad de construir un nuevo sistema de pensiones que opere bajo una lógica de seguridad social.

¿La reforma va a cambiar eso?

-Entendemos que es esencial hacer una reforma estructural que permita restablecer la legitimidad del sistema, sobre la base de pagar pensiones dignas a los actuales y futuros pensionados. Si no restablecemos la legitimidad del sistema, no vamos a poder lograr que la gente esté dispuesta a contribuir para ahorrar y obtener pensiones. Todo esto, obviamente, sobre la base de un punto de partida que es básico: respetando que las personas son dueñas de su actual stock de ahorros y, por ende, ellas tendrán que decidir si mantenerlo en las entidades privadas que resulten de la reforma, o llevarlo al nuevo ente público (...) Dicho eso, bajo ningún punto de vista dicho stock será usado para financiar contribuciones de terceros. Esta reforma se tiene que construir sobre la base de cinco principios.

¿Cuáles son esos principios?

-El primero es solidaridad, que no es otra cosa que compartir riesgos entre generaciones y entre individuos. Por una parte, los trabajadores activos pueden contribuir a financiar a sus padres y a sus adultos mayores. Segundo, los hombres podemos contribuir en financiar a las mujeres. Y hay un tercer tipo de solidaridad: aquellos que hoy día están bien en el mercado del trabajo, contribuyen a apoyar a los que no les va tan bien, a los que tienen lagunas, los que están desempleados.

El segundo es un principio del tripartismo. La solidaridad podríamos hacerla en torno al aporte patronal del 6%, con gradualidad. El aporte patronal no existe en el sistema que tenemos en Chile y nosotros creemos que, a partir de eso, es como se puede hacer solidaridad, no a partir de las cotizaciones individuales que hoy corresponderían al 10%. Y gradualmente, teniendo en cuenta los impactos en el mercado del trabajo, en las pymes. El tercer principio es transparencia hacia el cotizante.

¿Qué significa esa transparencia?

-Predictibilidad para el cotizante, lo que significa que los cotizantes deben poder ver con claridad, mes a mes, cómo se construye el derecho a su futura pensión. Esto, como resultado tanto de sus aportes individuales, como de los aportes que reciben del fondo colectivo, del 6%. Y esto significa contar con reglas muy claras de asignación de beneficios. Este es un principio fundamental para nosotros. Entendemos que para los trabajadores es importante tener claridad sobre cómo se constituye el derecho a su futura pensión.

Hoy las personas ven una cartola en su AFP. ¿Cómo lo están pensando hacer en este nuevo sistema?

-Pueden ver su historial de contribuciones, eso va devengando cierta rentabilidad, que no es únicamente la rentabilidad de los mercados financieros, es una combinación. Esa es una de las ventajas de este sistema: ayuda a diversificar riesgos.

¿Cómo va a ser esa combinación?

-La rentabilidad de los sistemas de reparto puro, por ponerlo en simple, es el crecimiento de la masa salarial. Y los sistemas de capitalización rentan en función de la tasa de interés que se logra en el rendimiento en los mercados financieros. Como aquí habría un componente de reparto, la rentabilidad final que esto vaya generando será un promedio ponderado entre la rentabilidad de los mercados financieros y la rentabilidad de la masa salarial. Entonces, lo que verá el individuo en su cartola es cómo se constituye eso: verá su historia contributiva, lo que va acumulando; y la idea es que también vea cómo contribuye el fondo colectivo a su propia historia contributiva.

¿Cuáles son los otros principios que están considerando para esta reforma?

-Sostenibilidad. Los beneficios que se diseñen deben hacerse para sostenerse en el tiempo. Y, por ende, las pensiones que se establezcan deben fundarse en sólidos cálculos actuariales y financieros. El correlato lógico de la sostenibilidad es que la capitalización y el ahorro seguirán siendo componentes centrales del nuevo sistema. Y obviamente seguirá habiendo excedentes que serán invertidos en el mercado de capitales. Por último, hay un principio de participación de los afiliados en la gobernanza. Tendremos mecanismos a partir de los cuales, los que aportan, también tengan algo que decir en la toma de decisiones.

Y para llevar estos principios a la práctica, ¿van a construir una nueva institucionalidad?

-Exacto, donde el eje pasa desde las AFP hacia una nueva entidad pública, autónoma, altamente profesionalizada, del tipo CMF o Banco Central.

Pero mover el eje desde las AFP al nuevo ente público no implica necesariamente el fin de las AFP. ¿Se van a acabar?

-No hemos definido la modalidad específica en la cual van a participar los privados en el sistema. Eso es parte de lo que tenemos que discutir, tanto en el diálogo social, como en el diseño técnico. Dicho eso, sí tenemos una convicción: la participación de los privados seguirá siendo muy relevante en el sistema de pensiones, en la medida que contribuyan a sus objetivos y a su buen funcionamiento. Y claramente el diseño institucional que tenemos hoy, al menos bajo la modalidad actual, no es funcional a eso.

¿De qué manera podrían contribuir los privados?

-Hacer una buena gestión de inversiones es donde los privados mejor pueden aportar, pero para eso existen distintos diseños que no son sinónimo de AFP. La modalidad específica no la hemos definido. Lo que sí está claro es que el mismo ente público, que sigue teniendo un componente de ahorro, de recursos y de excedentes muy relevante, que requerirán ser administrados, va a tener la necesidad y la posibilidad de licitar la gestión de esos fondos a los privados.

Eso se parece en algo a la propuesta B de la Comisión Bravo...

-No, esta es la propuesta del gobierno del Presidente Boric. Y estamos trabajando en eso.

Pero la propuesta inicial del gobierno también decía que se iban a eliminar las AFP y que todo iba a ser administrado por un ente público. No daba espacio a los privados.

-No. Una cosa es que haya un ente público que sea el eje en torno al cual se estructura el funcionamiento del sistema, que sea el responsable por recaudar, por administrar cuentas, por pagar. Pero eso no es en absoluto contradictorio con la posibilidad de que ese ente público pueda licitar la administración de los fondos, o licitar el pago de la pensión a una entidad privada.

¿El diálogo social cuándo va a partir?

-En abril-mayo. El diálogo social que estamos diseñando será un insumo muy importante para la futura reforma. Entendemos que reformas de esta envergadura ojalá tengan el mayor nivel de acuerdo posible, por una cuestión práctica: para que sean perdurables y el gobierno de turno no venga a cambiar lo que hizo el anterior. Pero será un diálogo acotado en el tiempo.

¿El diálogo social va a terminar después del 5 de julio, cuando la Convención tiene que entregar el borrador de la nueva Constitución?

-Esto debiera estar terminado por ahí, junto con el término del proceso de la nueva Constitución.

¿Le preocupa lo que se está discutiendo actualmente sobre seguridad social en la Convención, donde hay dos propuestas aprobadas en general, y una de ellas apunta a un sistema de reparto puro?

-No conozco una propuesta que proponga un modelo de reparto puro. Pero, prefiero concentrarme en lo que nosotros queremos hacer y no opinar sobre temas de la Convención. Preferimos no especular mucho y dejar que la Convención haga su trabajo, y estar atentos a lo que resulte de ahí, porque obviamente también es relevante para lo que estamos haciendo.

¿Que van a hacer diferente al anterior gobierno para poder frenar los retiros en el Congreso?

-El eje aquí tiene que ser construir una reforma estructural. Construir un nuevo sistema de pensiones que permita pagar buenas pensiones a los actuales y futuros pensionados. En la práctica, eso significa que si la gente piensa que esta es una promesa creíble, naturalmente debiera estar dispuesta a no seguir retirando su plata, porque vuelve a creer en un sistema de pensiones. Este gobierno, a diferencia del gobierno anterior, desde el inicio ha planteado la importancia de una reforma estructural del sistema de pensiones, con un diagnóstico muy claro y consistente respecto de los problemas que tiene el sistema en la actualidad. La situación es muy distinta, porque el gobierno anterior partió con una propuesta de reforma que profundizaba los problemas de desprotección que tenían los individuos en el actual sistema.

En un Senado donde no tienen mayoría ¿cuáles son sus intransables en esta reforma?

-Hablar de eso es prematuro. Nosotros vamos a tratar de llevar adelante el programa de gobierno, pero también vamos a ser receptivos con las conclusiones que salgan del diálogo social, y entendemos que esto tiene que ser aprobado en el Parlamento.

Existe temor a un “manotazo” de los actuales dineros que hay acumulados en las AFP. La ministra del Interior, Izkia Siches, criticó la publicidad de las AFP en televisión, y dijo que lo más probable es que en esta mirada de “es mi plata”, ningún sistema previsional del futuro se pueda sustentar. ¿Cómo hay que leer eso?

-Eso último que dijo la ministra, es exactamente lo que he tratado de transmitir en toda la entrevista. No existe posibilidad de construir un buen sistema de seguridad social sin el principio de que las contribuciones y los ahorros son para jubilar. No existe. Y eso lo tiene que creer toda la población. Por eso comenté que la legitimidad del sistema de pensiones está desfondada y que es urgente recuperarla.

¿Coincide con la crítica que hizo la ministra a la publicidad de las AFP?

-La campaña de las AFP no le hace bien al país. Lo que invitaría a pensar mejor, es de qué manera los recursos de las personas ayudan a mejorar su propia pensión. Eso es a lo que deberíamos estar todos abocados. Y segundo, campañas que pongan en duda esto del manotazo...

Las campañas no hablan de un “manotazo”.

-No, pero está implícito con declaraciones de mucha gente, de que aquí está el riesgo de que el gobierno quiera tomar los ahorros de las personas, y que van a perder la propiedad individual de su stock, cuando las autoridades de gobierno hemos sido majaderos en repetir que eso no es así. Entonces, claramente aquí hay una defensa de un interés corporativo. En el fondo, hay intereses involucrados: no perder las significativas rentabilidades que ha tenido esta industria. No sé si hay otras industrias con estos niveles de riesgo y con ese nivel de utilidades. Las industrias que tienen estas rentabilidades, son industrias de capitales de riesgo, otro tipo de industrias, pero no industrias que tienen garantizado, por ley, una cotización obligatoria del trabajador. Hay una defensa muy intensa de ese interés corporativo. No nos parece que se usen recursos que provienen de las comisiones obligatorias que pagan los afiliados, para defender intereses corporativos.

En ese sentido, ¿estuvo bien la sanción que cursó el regulador a AFP Habitat por su publicidad?

-La Superintendencia de Pensiones es autónoma. No me corresponde meterme en esos fundamentos. Pero lo que sí nos parece claro, es que esta es una campaña que no le hace bien al país, porque lo que el país necesita es darle fuerza y recuperar la legitimidad del sistema de pensiones, restableciendo el principio de que las contribuciones y los ahorros son para las jubilaciones. De lo contrario, no funciona. Por ejemplo, en esa campaña está implícito hacer un símil entre ahorro y capitalización, con las AFP, cosa que es del todo errónea.