Las implicancias del repentino anuncio del cierre definitivo de la siderúrgica Huachipato la semana pasada han puesto en alerta al gobierno. Más allá de la sorpresa y la desazón que generó el fin de las operaciones de la emblemática empresa del Biobío, en el oficialismo existe preocupación por las repercusiones que tendrá en el empleo, en medio de un periodo de alta crispación política y elecciones parlamentarias y presidenciales.

Controlada por el grupo CAP, la acerera acusó esta vez una situación financiera insostenible y decidió no seguir adelante con sus operaciones, pese a las sobretasas a las importaciones de acero chino impuestas hace cuatro meses y que la misma empresa había solicitado. En marzo de este año, adicionalmente, el directorio de la compañía ya había decidido paralizar sus operaciones en Talcahuano luego que la Comisión Antidistorsiones definiera tasas menores a las pedidas por la siderúrgica.

Según un estudio reciente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), el cierre de Huachipato tendría un impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) regional del 3%, además del consecuente efecto en la tasa de desempleo. De acuerdo a estimaciones realizadas por el gobierno regional, el fin de las operaciones significará la pérdida de unos 20 mil empleos en total, de los cuales cerca de 3.000 son empleos directos y de contratistas. El resto corresponde a empleos indirectos asociados al encadenamiento productivo generado por Huachipato, una empresa de 70 años de vida.

“Somos una región industrial y sobre el 20% del PIB interno proviene de la manufactura, a diferencia de otras partes de Chile, donde su aporte es bajo el 10%. Hoy la cesantía está en torno al 8,5% y se estima que con este cierre de Huachipato el desempleo aumentará unos 3 puntos, es decir, subirá a entre un 11% y un 12%”, alerta el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, quien lidera las conversaciones del gobierno en la zona, se ha comprometido a presentar un plan para amortiguar los efectos del cierre de Huachipato, tanto a nivel productivo como de empleo.

“Hemos comunicado nuestro compromiso de presentar en unas semanas más un plan que tenga como foco la capacidad productiva de la región del Biobío, de generar nuevos empleos de calidad. Es un plan que va a tener dimensiones de corto plazo y otros de un horizonte mayor. Para el corto plazo, en términos productivos, nuestro foco principal es identificar todas las empresas que, dada su relación comercial con Huachipato y producto del cierre, pueden tener dificultades en su continuidad operacional y, por tanto, dificultades en mantener los empleos. Ese tema en términos productivos es lo más urgente”, aseguró a Pulso el secretario de Estado, quien también reveló estar entregando apoyo a los sindicatos para que los trabajadores de Huachipato “tengan la mejor salida posible”.

El ministro evitó entrar en detalles sobre las medidas que se analizan y del momento en que se darán a conocer, pero fuentes oficialistas confidenciaron que el plan está diseñado en lo grueso y que se presentará un “borrador” de propuesta a La Moneda esta semana para su aprobación definitiva. “El anunció global se hará antes de un mes”, estiman en las filas del gobierno.

El mismo Grau reconoce que ya existe una mesa de trabajo, donde se incluye a 35 sindicatos, el gobierno regional y el mundo empresarial del Biobío, que viene elaborando hace varios meses un plan de fortalecimiento de la industria local y que va más allá de los coletazos que ha tenido la crisis de Huachipato.

“Lo que ha pasado con la siderúrgica nos pilla con una buena articulación y con un avance bien importante en términos de propuestas”, destaca Grau, quien estuvo a principios de semana de visita en la región.

Si bien en el gobierno mantienen en secreto los detalles del plan, las líneas gruesas de las propuestas ya han sido transmitidas a nivel interno en el gobierno y a diferentes actores empresariales y regionales.

“Hay un piso político para el plan y ya tenemos dos tercios del trabajo armado”, confidencian en el gobierno.

Lo más urgente para el Ejecutivo es evitar una “corrida de quiebras” entre las pymes ligadas al encadenamiento productivo de Huachipato, especialmente las proveedoras.

Si bien aún no existe un número concreto de pymes afectadas y su peso en el comercio que tenía con Huachipato, se estima que la acerera realizaba compras por alrededor de US$150 millones a pequeñas y medianas empresas, dentro y fuera del Biobío.

“Vamos a apoyar a esas pymes de una forma similar a como se hizo tras los incendios en Viña del Mar, donde se acudió con BancoEstado, Corfo y otras instituciones para generar los instrumentos necesarios. A diferencia de las pymes en Viña, donde ellos tenían sus clientes bien afianzados, en el caso del Biobío el desafío es identificar caso a caso nuevos clientes en la zona u otras regiones para estas empresas”, reconocen fuentes ligadas al proceso.

Tras los incendios en la Región de Valparaíso, BancoEstado anunció en febrero de este año un crédito de emergencia con tasas preferenciales y un crédito para reordenamiento interno de deudas, para apoyar a las empresas de menor tamaño afectadas por la catástrofe.

Otro pilar que se evalúa en el gobierno es acelerar los proyectos de infraestructura pública que sean altamente intensivos en empleo dentro de la región. Según un catastro hecho por la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) del Biobío, hay seis proyectos prioritarios en el corto plazo, como la segunda concesión de acceso norte a Concepción y la ruta Pie de Monte, que implican una inversión de casi US$1.300 millones y una generación de más de 42 mil empleos nuevos al mes.

“En la región hay varios proyectos aprobados con presupuesto de infraestructura vial y logística aprobados por el MOP que son básicamente rutas y carreteras, pero su proceso de adjudicación y licitación ha estado más lento de lo esperado. Si se apuran esos proyectos, se podrían contratar empresas y proveedores... se generaría empleo y se dinamizaría la economía”, destaca Álvaro Ananías, presidente de la CPC del Biobío, quien también menciona la posibilidad de acelerar las aprobaciones ambientales del proyecto de Tierras Raras en Penco, el que generaría más de 2.000 empleos directos e indirectos.

Sin embargo, en algunos sectores de la coalición de gobierno existe resistencia a este proyecto impulsado por CAP y Aclara, confidencian desde el oficialismo.

Otra base del plan estaría radicada en fortalecer la industria nacional de construcción de naves por parte de Asmar, una iniciativa clave para el empleo regional y para la Armada de Chile, ya que posibilitaría la renovación de sus buques en el país en vez de adquirirlas en el extranjero. “El Presidente Boric anunció en la reciente cuenta pública la política nacional de construcción naval. Es algo que se ha estado trabajando con el Ministerio de Defensa y que es parte del plan”, afirma una fuente de gobierno.

Pero uno de los temas de mediano y largo plazo que se evalúan como parte de la propuesta que hará el gobierno en las próximas semanas es fortalecer la producción de madera industrial y de aserraderos ligados a las pymes. Se estima que en la última década las plantaciones forestales, especialmente de pymes, se han reducido en un 14%, lo que implica la pérdida de 3.200 empleos anuales, explican desde la CPC del Biobío, quienes piden una nueva ley de fomento forestal para las empresas menores del sector.

“Se está estudiando una estrategia para el sector forestal en particular, donde se puedan activar distintos instrumentos financieros para activar nuevas plantaciones. Sin embargo, hay que tener claro que este es un tema de mediano y largo plazo”, resumen desde el gobierno.

“Un tema relevante es apurar el tema del fomento a la replantación forestal. Por ahí hay un espacio”, complementa Álvaro Ananías.

También desde el mundo privado del Biobío se ha propuesto que el sector industrial retome por vía administrativa la captura de la jibia ante la crisis de Huachipato.

“Hay que revocar la Ley de la Jibia, que fue una mala decisión, y también postergar la Ley de Pesca que hoy se tramita en el Congreso: no soportamos otra bomba atómica como esta”, afirma, a su vez, el gobernador Rodrigo Díaz.

No obstante, desde el gobierno se han alejado de la posibilidad de incluir ambas propuestas. “Una cosa es ser proindustria y otra, ser pro una empresa en particular”, contestan desde el gobierno.

Con todo, el líder de la CPC del Biobío recuerda que el 85% de lo que exporta la región es atribuible a los sectores de pesca y forestal. “Es importante que nos preocupemos de cuidar las industrias que son las mayores generadoras de empleo de la zona”, añade Ananías.

Carlos Smith, docente del CIES-UDD, suma un factor relevante a la hora de pensar en reactivar el empleo en la región.

“Sabemos que hay problemas con la ‘permisología’ de muchos proyectos. Estimo que hay que potenciar el crecimiento en la región para que sean los privados quienes terminen absorbiendo el empleo que se perderá”, afirma el economista con sede en Concepción.

El académico propone también hacer un correcto plan de reconversión laboral de los trabajadores que quedarán desempleados y aprender de los errores que se cometieron con los planes de cierre de las minas de Lota y Schwager, hace casi 30 años.

“En el caso de los trabajadores de Huachipato, se pueden reconvertir a trabajos relativamente parecidos y con la misma productividad. Hay que pensar en la minería del norte, donde son muy apetecidos como trabajadores. Es una buena opción si se tiene en cuenta que la minería del cobre, con precios de US$5 la libra a futuro, va a impulsar el crecimiento del país”, precisa el economista de la UDD.

En el gobierno coinciden y creen que una parte del desempleo generado por la crisis de Huachipato puede ser absorbido por la gran minería del cobre en el norte del país.

“Vamos a ayudar a que el mundo de la minería pueda incorporar esta mano de obra que quede cesante, especialmente la más joven”, concluye una fuente de gobierno.