El ministro de Agricultura solicitó a Iansa que aplace el cierre de la planta industrial de Linares y anunció una serie de programas de ayuda para los pequeños productores que resulten afectados.
Hay que reconocer la rápida reacción del ministro, que sigue el patrón de todos los gobiernos en las últimas décadas ante hechos similares.
Vienen a la memoria los cierres de las fábricas textiles en Santiago y en el Biobío, la mina de carbón en Lota, la fábrica de neumáticos en Coquimbo, las ensambladoras de vehículos en Los Andes y en Arica y, más recientemente, la planta de contenedores reefers en San Antonio, para mencionar solo algunos de los casos que alcanzaron notoriedad pública.
Estas situaciones son parte de la dinámica de los mercados globales, en que nuevas actividades productivas desplazan a otras cuya competitividad se queda rezagada. El problema es para los territorios en que estas plantas estaban emplazadas, porque allí las nuevas áreas de especialización no nacen en forma espontánea, sino que requieren de capacidades de coordinación efectiva entre los actores relevantes, y nuestra realidad ha mostrado una y otra vez un déficit en este ámbito.
En ausencia de estas capacidades, los gobiernos han optado por estrategias asistencialistas, que entregan recursos a los grupos afectados sin un proyecto de desarrollo de la economía local. De esta manera estos grupos siguen dependiendo por años de las políticas públicas, sin que se genere la necesaria transformación de la estructura productiva.
Esta realidad, que ahora amenaza a Linares, deja al descubierto la ausencia de estrategias efectivas de desarrollo productivo en los territorios, las que no vienen desde arriba, sino que se generan localmente en un proceso de descubrimiento público-privado, que aprovecha la información y el conocimiento que está distribuido entre todos los actores relevantes del territorio. Las políticas del nivel central son muy relevantes para apoyar estos proyectos, pero no pueden sustituirlos.
En este esfuerzo es fundamental la gobernanza que organiza el trabajo conjunto de los distintos niveles del gobierno (nacional, regional y municipal), el sector privado, las universidades y otros agentes intermedios que ayudan a construir ambientes de colaboración.
Estos planes necesitan estar basados en un buen diagnóstico de la economía local, que identifique las amenazas y las oportunidades, así como los recursos públicos y privados que estén efectivamente disponibles. Lamentablemente, existe poca información confiable sobre la economía de los territorios, lo cual representa un déficit que se debe abordar. Los datos objetivos son el mejor facilitador de las conversaciones entre los actores y en su ausencia se cae frecuentemente en enfoques ideologizados.
También es necesario construir mecanismos de coordinación de las iniciativas concretas de transformación productiva, que aborden todas las actividades que existen en los territorios, incluyendo la capacitación de las personas, la exploración de mercados y los proyectos de I+D.
En síntesis, el cierre de la planta de Linares debe generar un remplazo del enfoque asistencial que los gobiernos han seguido hasta ahora por la construcción de proyectos de desarrollo integral en los territorios.
