Dentro de las incontables quejas del empresariado chileno en contra de lo que han calificado como excesos del proceso de permisos que deben enfrentar, o la llamada “permisología”, existe una institución a la cual se le ha cargado el mayor peso de las quejas: el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Esto, debido al supuesto incumplimiento de los plazos legales para llevar a cabo su labor de revisar proyectos de inversión, reaccionar ante hallazgos con posible valor patrimonial, y, sobre todo, por las paralizaciones de proyectos.

“Monumentos Nacionales es una desgracia”, dijo en marzo Leonardo Daneri, presidente de la Asociación de Concesionarios Copsa. “Las cosas que están sacando es basura arqueológica”, agregó Juan Armando Vicuña, el expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Sin embargo, los fríos datos dan cuenta de que los reclamos pueden resultar exagerados, aunque en algunos casos se justifiquen. Y a la hora de excavar en las razones de estas dificultades, saltan problemas que están lejos de lo ideológico o la mala fe, sino que podrían calificarse de estructurales. Y que vienen de factores internos y externos.

El consejo, según el artículo 2° de la Ley N°17.288 de 2018, “es un organismo técnico que depende directamente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”. Su presidenta es la subsecretaria del Patrimonio Cultural, hoy la licenciada en Literatura de la UC Carolina Pérez. Su funcionario principal es el secretario técnico, actualmente Erwin Brevis, arquitecto de la Universidad de Concepción.

Cuenta con una dotación máxima de 226 personas, según establece la Ley de Presupuesto 2024, una cifra que más que cuadruplica las 48 que tenía antes del 2018, pero que, dada la carga laboral que se le ha impuesto, sigue quedando corta, concuerdan en general dentro y fuera del organismo.

Uno de los roles centrales del CMN es el resguardo de los bienes arqueológicos y paleontológicos, que, según la ley, deben ser protegidos por el Estado de Chile, pues son de su propiedad. Por eso, tiene el deber de conocer el impacto de un proyecto de inversión sobre el patrimonio afectado. “De ahí que se solicite una caracterización, es decir, la extensión vertical y horizontal del sitio, además de los componentes culturales y su adscripción, pues los hallazgos dan cuenta de la actividad humana desarrollada en el pasado. Una vez caracterizado, y dado que será severamente afectado por las obras, cubierto o incluso destruido, se solicita el rescate -si procede- de una mínima porción de esos bienes culturales, que son destinados a los museos para investigación y/o exhibición”, explica el secretario Brevis.

Para realizar la labor de evaluación de proyectos y solicitudes de permisos hoy existen 55 profesionales, principalmente arqueólogos y paleontólogos, dos más que el año pasado, según información solicitada por Transparencia.

Entre enero de 2023 y julio de 2024, tales evaluadores recibieron 1.132 solicitudes de permisos de intervención arqueológica y paleontológica, que corresponden a un 9% del universo total de requerimientos al Consejo, que suman más de 13 mil, referentes a declaratorias, intervenciones, denuncias, entre otras, según el CMN. Tales peticiones fueron asignadas a las áreas de Patrimonio y Desarrollo Sustentable, Patrimonio Arqueológico y Patrimonio Natural. Estas áreas no sólo se dedican a ellas, sino también a otras tareas como evaluación de informes técnicos, peritajes y casos de tráfico ilícito.

“El CMN tiene una estructura muy débil y se le exige una carga de trabajo tremenda, está absolutamente recargado. Poco y nada podemos hacer ante la demanda creciente de proyectos. Desde hace un par de años contamos con más personal, pero por debilidad del Estado, son profesionales a contrata y muchos por tiempo limitado”, reclama Mauricio Uribe, profesor de Arqueología de la Universidad de Chile y consejero del CMN desde hace ocho años.

A tanto llega la demanda de trabajo, dice Uribe, que él mismo, pese a no ser evaluador y a ser consejero ad honorem, dice dedicar tres días completos de su semana sólo al consejo.

Aunque algunos en el empresariado admiten la gran carga de trabajo del CMN, otros insisten en sus críticas, que van más allá de la dotación. “La productividad es baja, sin duda, y los motivos no son sólo de dotación. En materia de hallazgos tenemos un sistema que impone procedimientos y exigencias que no son consistentes con la dotación y capacidades que tenemos. No sólo la falta de arqueólogos, tampoco contamos con los espacios de tratamiento, almacenamiento y exhibición suficientes”, reclama Leonardo Daneri, de Copsa. Y apunta a proyectos emblemáticos retrasados, como el del Hospital del Salvador-Geriátrico, que paralizó dos años por hallazgos.

De las 1.132 solicitudes de permiso en 2023 y 2024, 842 fueron cerrados, un 74,4%. Dentro del resto, los que están en proceso con acuerdo de la comisión son 36 y en proceso y en estudio, 233. La región más demandante por permisos es la Metropolitana, con 267, seguida por la de Antofagasta, con 127.

Justamente la región más minera de Chile es una muestra de la debilidad estructural del CMN. Pues el consejo ha ido generando una estructura regional, pero se ha encontrado con dificultades para contratar profesionales.

“Si bien se han abierto varios concursos para ampliar la dotación, sobre todo en regiones, es muy difícil llenarlos. Antofagasta no se llena, porque los profesionales prefieren trabajar en una minera que en el servicio público”, cuenta el consejero Uribe.

Y aquí surge otro problema estructural, pero externo: La falta de profesionales especialistas, en un mercado laboral cada vez más demandado, puesto que los proyectos de inversión deben contar con la asesoría de arqueólogos en caso de excavar o intervenir áreas.

Según cálculos de los propios profesionales, en Chile hay unos 300 arqueólogos. Al menos los registrados en el Colegio de Arqueólogos son 146 y en la Sociedad Chilena de Arqueología, unos 200. Y si se restan los que sólo se dedican a la investigación, los destinados a esta actividad aplicada son aún menos. “En el escenario actual, parece que hubiese pocos para cubrir la demanda. Al interior del CMN siempre están al debe”, asegura la presidenta del colegio, Verónica Baeza. “Y se gana más en el ámbito privado que en el público”, agrega.

Las remuneraciones de estos profesionales han subido en los últimos años gracias a la alta demanda y la poca oferta. Sólo las universidades de Chile, Católica, Tarapacá, Alberto Hurtado, Católica de Temuco y Austral de Puerto Montt ofrecen la carrera.

De acuerdo al portal de Transparencia, los arqueólogos y paleontólogos a contrata del CMN tienen un sueldo mensual que varía entre $ 2,5 millones y $ 3,8 millones brutos, a lo que se agregan bonos variables.

En el mundo privado, las remuneraciones varían de acuerdo al proyecto, pero “nadie va a terreno por menos de $150 mil diarios en promedio”, cuenta Baeza. “Hay proyectos grandes que ofrecen sueldos de más de $ 4 millones líquidos al mes, y en consultoras puedes ganar $ 2 millones, no menos”. “Somos tan pocos que el mercado funciona de manera brutal”, acota Uribe.

El consejo del CMN está integrado por 23 consejeros representantes de servicios públicos (desde el Ministerio de Defensa hasta conservadores de museos), entidades especialistas (sociedades de Arqueología, Historia, Arquitectura o Paleontología) y de órganos de la sociedad civil (como la Sociedad de Escritores o las asociaciones de barrios y zonas patrimoniales).

Durante 2023, el consejo emitió 5.589 oficios con pronunciamientos. Y en 2024, hasta julio, otros 3.164. Es decir, en el último año y medio, emitió 23 oficios por día hábil y 115 por semana. Y esto, pese a que los consejeros que son funcionarios públicos, que son más de la mitad, no cobran dieta.

Daneri, de Copsa se queja por “la incertidumbre que se instala en relación con los plazos que se puede tomar el proceso”. En la CChC también apuntan a que el consejo tarda más de lo legal en responder, citando incluso un informe de la Comisión Nacional de Productividad de 2019, que hablaba de demoras de hasta 300 días hábiles.

El Reglamento de Excavaciones Arqueológicas y Paleontológicas establece un plazo de 60 días hábiles para dar respuesta. “Al 30 de junio de 2024, el tiempo promedio de respuesta era de 34,6 días hábiles”, responde el secretario técnico del CMN.

Y en cuanto a las paralizaciones de proyectos, el consejo dijo por Transparencia que entre enero del 2023 y julio del 2024 sólo ha ordenado la paralización de 11 proyectos.

En la Cámara de la Construcción, uno de los gremios más afectados con las decisiones del CMN, creen que esta cifra de 11 paralizaciones “puede estar subestimada”. “En mayo de 2023 hicimos una encuesta a los socios que arrojó 57 proyectos con problemas relativos a hallazgos arqueológicos o paleontológicos, lo que, si bien es una fotografía del momento, sirve para hacerse una idea de la magnitud del problema”, dice el gerente de Vivienda y Urbanismo de la CChC, Tomás Riedel.

En todo caso Riedel, más que las mismas paralizaciones, que resultan del aviso obligatorio que se debe realizar al CMN ante cualquier hallazgo, critica, al igual que Daneri, “el tiempo que el consejo se toma para procesar y calificar esta denuncia, así como para aprobar los informes respecto de los cuales debe pronunciarse, y el tiempo que demandan los trabajos en terreno que emanan de requerimientos del propio consejo”.

Los expertos admiten que más allá de atacar los problemas estructurales, hay otras vías para mejorar el trabajo del CMN. Una idea es “despatrimonializar” todo lo que se encuentra: “En algunos casos se piden cosas excesivas, debe existir una racionalización de lo que pide el CMN. Deberíamos ser más selectivos en lo que patrimonializamos. No necesitamos proteger todos los objetos del pasado, porque nos quedaríamos sin espacio para vivir en el presente”, dice la presidenta del Colegio de Arqueólogos.

Por su parte, el consejero Uribe plantea un desafío a las empresas: incorporar sus hallazgos a sus propios proyectos, en vez de sacarlos y que los museos se hagan cargo. “Hoy todo se resuelve desde lo extractivo y no reforzando la protección; ¿por qué no generar zonas de exclusión, pero de puesta en valor, o sea, sitios arqueológicos que se incorporen a los proyectos? En vez de extraer y sacar las cosas, que tiene un costo gigante, ¿por qué no optar por conservar para hacer que los proyectos fluyan y se proteja el patrimonio?”.