El Comité de Ministros se reunirá este miércoles, pero sin los ministros, para zanjar el futuro del polémico proyecto minero-portuario Dominga. La iniciativa que impulsa Andes Iron, firma ligada a la familia Délano, volverá a ser vista por la instancia para abordar el cumplimiento de lo ordenado por el Primer Tribunal Ambiental, que en su sentencia del 9 de diciembre otorgó un plazo de 15 días para que la instancia dictara resolución sobre las reclamaciones en contra del proyecto.

Dicho plazo expiró el 31 de diciembre, pero en el gobierno esperaban un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que llegó la noche del viernes 3 de enero. Allí, el órgano contralor fijó las subrogaciones en Medio Ambiente, el ministerio que preside el Comité de Ministros, y por tanto, cuenta con facultades claves como convocar, abrir, dirigir, suspender o levantar las sesiones.

Durante la tarde de este lunes, desde el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) enviaron las citaciones a los subsecretarios de las demás carteras involucradas: Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería. Todos los ministros que participaron en la sesión de enero de 2023 que rechazó el proyecto están inhabilitados.

Con ello, el cuerpo colegiado estaría integrado en su totalidad por subrogantes, partiendo por el presidente, quien sería el fiscal del MMA, Ariel Espinoza, ya que tanto la ministra Maisa Rojas como el subsecretario Maximiliano Proaño estarían inhabilitados. El resto de los subsecretarios que estarían habilitados para votar son la subsecretaria Andrea Albagli, en Salud; la subsecretaria Suina Chahuán, en Minería, y el subsecretario Luis Felipe Ramos, de Energía. En Agricultura, sería la subsecretaria Ignacia Fernández, mientras en Economía, las opciones son dos: el subsecretario de Pesca, Julio Salas y la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen.

Conocedores destacan que durante este martes cada ministerio deberá resolver las subrogancias definitivas y enviar por escrito al Comité de Ministros quiénes asistirán en cada caso.

En tanto, Andes Iron presentó un nuevo escrito ante el Primer Tribunal Ambiental, solicitando que se ordene el cumplimiento incidental del fallo del 9 de diciembre. En un texto de cuatro carillas firmado por los abogados Carola Salamanca y Patricio Leyton, controvierten la tesis planteada por el Ejecutivo, de que han actuado dando cumplimiento al fallo.

El subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, resumió así la posición del gobierno respecto del fallo: “Se está cumpliendo. Lo que no nos puede pasar es que citáramos a un Comité de Ministros apresuradamente, y cometiéramos algún error. Estamos cumpliendo este fallo de buena fe. Vamos a cumplir el fallo, sin perjuicio que ejercemos nuestro derecho a que el desacuerdo que tengamos con el contenido se ejerce mediante el recurso de casación”.

En el escrito, la defensa de Andes Iron refutan un téngase presente de la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, en representación del Comité de Ministros, en la misma posición. “Queda de manifiesto, en la Sesión Extraordinaria N°10/2024 del Comité de Ministros, no se dio cumplimiento a la Sentencia Definitiva dentro del plazo establecido, pues no se resolvieron las reclamaciones deducidas en contra de la RCA. Así, lo cierto, y de lo que no hay duda alguna, es que no se cumplió con el fallo judicial, vulnerando con ello nuestro ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho”.

En la misma línea, la Asociación Comunal de La Higuera presentó un escrito pidiendo al 1TA “desestimar del todo los erráticos y equivocados argumentos de la contraria ligados a un supuesto e imaginario cumplimiento de lo que se ha resuelto y ordenado”.