Clasificadoras de riesgo advierten por eventual deterioro de cuentas fiscales en Chile tras rechazo de reforma tributaria

Con los recursos que el gobierno iba a obtener con la reforma tributaria pretendía aprobar aproximadamente la mitad del programa de gobierno. Por ello, ahora con el futuro incierto del llamado “corazón” tributario, las cuentas fiscales podrían verse presionadas. Si bien no para el cortísimo plazo, ya que el Presupuesto 2023 no incluyó los recursos del proyecto tributario, el problema se podría producir para el mediano plazo si es que el Ejecutivo quiere perseverar con sus propuestas en pensiones y salud principalmente.

Esto alertó a las clasificadoras de riesgo internacionales, quienes desde ya están analizando los posibles escenarios que se abren en materia de posición crediticia y calificación de Chile, en caso que las demandas por mayor gasto aumenten y el gobierno deba tomar otras medidas.

Así, desde Fitch Ratings, el analista de riesgo soberano para Chile, Richard Francis, señaló que “el rechazo de la Cámara de Diputados de Chile al proyecto de ley fiscal insignia del gobierno es un gran revés para la agenda de reformas de Boric”. En ese contexto, argumentó que “el gobierno deberá reevaluar cómo implementar su programa de gasto social, es decir, un mayor gasto en atención médica, educación y pensiones, que sin una reforma fiscal importante podría conducir a mayores déficits y deudas en el futuro”. Y resaltó que “este es un riesgo fiscal que hemos descrito anteriormente”.

Asimismo, Francis reiteró que actualmente tienen una perspectiva estable para Chile. “El superávit fiscal de 2022 y la deuda/PIB relativamente bajo en comparación con la categoría ‘A’ respaldan la calificación”. Sin embargo, advirtió que “si vemos mayores déficits y aumentos en la deuda/PIB a lo largo del tiempo, esto podría afectar negativamente la calificación”.

Por su parte, William Foster, analista principal para Chile de Moody’s, también alertó por un eventual deterioro de las cuentas públicas y dijo que “el rechazo de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Boric complicará el proceso de consolidación fiscal en Chile”.

Esto, según su análisis, respalda la visión que han entregado de que, si bien el gobierno ha expresado un compromiso con la consolidación fiscal, “presiones por un aumento del gasto social habrán de dar lugar a déficits fiscales superiores a los previstos por las autoridades”.

Ante ello, Foster enfatizó que “esperamos que se registre un aumento gradual del nivel de deuda del gobierno, lo cual llevará a que la razón deuda/PIB se ubique ligeramente por encima de 40% en los próximos años”.

Los economistas en Chile refuerzan la mirada que entregan las clasificadoras, puesto que coinciden que se generará un mayor estrés para las cuentas fiscales, ante lo cual plantean que el gobierno debe avanzar en su programa sólo en la medida que cuente con los recursos, y que en ningún caso debe emitir más deuda pública de la que ya tenía prevista.

Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, sostiene que “con el rechazo a la reforma tributaria no habría recursos para financiar el incremento en Pensión Garantizada Universal (PGU) y por ello le pone más presión a la reforma de pensiones”. En ese sentido, añade que “habrá mayores presiones de gasto y será clave ver cómo el ministro Marcel los enfrenta sin arriesgar su objetivo de alcanzar un equilibrio fiscal en los próximos años”.

Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, subraya que “hacia mediano y largo plazo hay claramente un escenario de presión por más gasto por el aumento de la PGU, lo cual tiene que ser financiado de alguna manera, por lo que se va a requerir de una reforma tributaria de todas maneras”. Sin embargo, subraya que “el punto en discusión será que esa reforma va a tener que ser consensuada por un espectro político más amplio, lo que tendría que desembocar en un proyecto más moderado y probablemente que ataque impuestos que no fueron contemplados en el proyecto que fracasó”.

En cuanto a si el Ministerio de Hacienda debe replantear la trayectoria fiscal futura, el economista dice que “dependerá de la estrategia que se siga. Si deciden insistir en el Senado de manera viable y negociada, o financiarse con un proyecto distinto. Pero deberán generar algún cambio”.

Misma visión entrega Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo, quien menciona que este rechazo “obliga al gobierno a reprogramar la trayectoria fiscal, porque evidentemente no podrá pretender tener la misma trayectoria de expansión de gastos sin una reforma. Entonces diría que el impacto en términos de trayectoria de gasto público o de política fiscal es sustancial”.

Luis Eduardo Escobar, economista y consultor de empresas, ve “difícil que el gobierno pueda abdicar todo su programa”, pero sí cree que lo “debe hacer más gradual” y que se avance en la medida que tenga recursos. Escobar acota que “más que cambiar las metas de balance fiscal, el ministro debería buscar acuerdos y avanzar en las principales reformas, quizá a un paso más lento, pero que se avance”. Argumenta, además, que “en ningún caso es recomendable emitir deuda para financiar el programa”.

Alejandro Fernández, economista de Gemines, asevera que “este año no hay problema con el financiamiento y, en principio es pequeño para 2024, por lo que hay tiempo para evaluar estrategias que permitan resolver las dificultades de financiamiento”. De hecho, apunta que “para 2024, según el último Informe de Finanzas Públicas, existe una holgura importante de gasto, que puede crecer 7% y ser compatible con la reducción de los déficit efectivo y estructural, de manera que el problema de financiamiento es, en principio, de 2025 en adelante”.