Lleva años analizando sistemas tributarios y realizando investigaciones sobre los impuestos. Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), ha sido partidario de que se avance más rápidamente en reducir exenciones tributarias y de subir el impuesto al diésel. “Nadie está hablando de ese tema en esta discusión”, sostiene el economista, aludiendo al debate sobre el pacto fiscal que ahora plantea el Ejecutivo. A su juicio, dada la situación en la que está el gobierno, se debió reimpulsar el debate tributario partiendo con la presentación de los proyectos de impuestos verdes y correctivos, y luego insistir con la reforma rechazada. “Pueden tener recaudación y efectos positivos en la economía, pero da la sensación de que desaparecieron de la agenda”, acusa.
El gobierno rearticuló el proyecto de reforma tributaria y lo dividió en dos: uno de evasión y elusión, y otro del sistema de la renta, y le sumó otras medidas procrecimiento y para hacer más eficiente el gasto público. ¿Qué le parece esta nueva estrategia?
-Me parece bien que se pongan todos los temas sobre la mesa. En qué se quiere gastar, cómo se quiere financiar y algunas medidas procrecimiento teniendo una mirada más global. Es una invitación a conversar. Ahora, lo que sí hubiera querido o que quedó pendiente, es un mayor detalle. En algunas materias hay más detalles, y en otras, menos. Entonces, es difícil conversar solo con titulares.
Esta forma de proceder del gobierno, abriendo nuevamente diálogos previos, pero luego presentando una propuesta de pacto fiscal no acordada con la contraparte, ¿cómo la evalúa?
-Uno entendía que ya había pasado todo ese proceso de diálogo. Hubo diálogos tributarios antes que se presentara la reforma que se rechazó. Luego de ese episodio, se abrieron otros diálogos y ahora se presenta un pacto, que es una propuesta, pero si uno se basa en los diálogos que ya se realizaron, se esperaba una propuesta más consensuada y detallada.
¿Hizo bien el gobierno en separar el proyecto tributario en dos?
-Lo que me llama la atención es que en el calendario original de este gobierno estaba primero la reforma tributaria que se presentó y se rechazó, después venía el proyecto de impuestos verdes y luego correctivos. Esa propuesta todavía no se presenta, y debido a que esta reforma se rechazó, me parecía más razonable haber presentado estos otros proyectos, que no han sido nunca discutidos. Pueden tener recaudación y efectos positivos en la economía, pero da la sensación de que desaparecieron de la agenda. Me cuesta entender por qué comenzar nuevamente insistiendo en lo que se rechazó. Pese a que me parece bien que se insista, se podría haber partido al revés, con estos otros proyectos primero. Por ejemplo, el subir el impuesto al diésel reduce la contaminación y genera mucha recaudación. Políticamente es difícil, pero hay que discutirlo al menos, porque ahí sí que hay recaudación.
Varios lo han puesto sobre la mesa, pero no se ha materializado ni siquiera como propuesta. ¿Esa idea tiene alguna opción de concretarse?
-Entiendo que la viabilidad política es difícil, porque los camioneros se tomarán la Ruta 5 apenas se anuncie, pero ahora como se está discutiendo para qué son los recursos y una parte importante es para la Pensión Garantizada Universal (PGU), me parecía razonable que se debata al menos en el Congreso. Ahí se vería a quién se quiere ayudar: a los pensionados o a los camioneros, y que se sepa que por subsidiar a los camioneros se está dejando de pagar mejores pensiones.
En cuanto al sistema de impuesto a la renta, el gobierno ha dicho que ya no insistirá con el tributo a la riqueza ni tampoco al de utilidades retenidas, que apuntaban a gravar a los sectores de mayores ingresos.
-Me parece bien que se hayan sacado esas dos cosas. Era de las cosas malas que tenía el proyecto.
No obstante, el gobierno ha dicho que va a mantener la idea de que las alzas de impuestos provengan de los sectores de mayores ingresos, pero gravando el flujo y no el stock. ¿Qué espacio hay para ello dejando afuera esos dos tributos?
-No hay mucho espacio, y el espacio que hay me parece que es distinto al que se planteaba en la reforma que se rechazó. Lo único que se discute hasta ahora es subir las tasas en el impuesto global complementario. Si bien recaudará algo, no es mucho. Ya están relativamente altas. Tenemos tasas del 40%. Las tasas que habría que subir son las más difíciles, porque son las que están más abajo. Si queremos que los más ricos contribuyan más, no hay que subir sólo las tasas de arriba, sino que las que están más abajo, ya que esas afectan a las que están arriba. Además, si queremos que los que ganan más paguen más, debemos terminar con un montón de exenciones. Ahí es donde está la plata, porque hay un montón de exenciones tributarias que las aprovechan las personas de altos ingresos con un ejército de abogados tributaristas y contadores que hacen planificación tributaria y logran pagar mucho menos.
Una de esas exenciones es la ganancia de capital. Si bien ahora, luego de la discusión del financiamiento de la PGU, paga una tasa del 10%, ¿esta debería ser todavía mayor?
Sí. Hoy es el 10%, pero cuando se avanzó, y es importante acordarse de la historia, varios, incluyendo un exministro de Hacienda, dijeron que iba a colapsar la Bolsa de Comercio. Pero nada de eso pasó. Pese a que varios economistas lo dijeron, este año la Bolsa lleva batiendo récord como nunca. El impuesto no era tan malo como se anticipaba. Lo otro es que ahí está la plata, ahí está el 2% o 3% de mayores ingresos. Cualquier trabajador dependiente que está en los tramos altos paga un 40%, paga mucho más que una persona que vive de la venta de acciones, y eso es discriminación. Esto no ha estado en el debate actual, pero entre los expertos hay bastante consenso.
Dentro de la propuesta se mantendría la idea de crear el sistema dual para las grandes empresas. ¿Qué le parece?
-No me gusta. Seguimos teniendo varios regímenes. En vez de simplificar el sistema tributario, tenemos varios sistemas: uno que es semiintegrado con una tasa del 27%, otro integrando con el 25%, un propyme, un pyme transparente y renta presunta. Hay cinco regímenes cuando deberíamos tener uno o dos. Entonces, esto vuelve a generar más espacio de elusión y vuelve a complejizar el sistema.
¿El foco para gravar a las personas de mayores ingresos debe estar puesto en eliminar exenciones dentro del proyecto de impuesto a la renta?
-Debería apuntar a cerrar las exenciones e incorporar las ganancias de capital en el global complementario. Lo otro, es que el impuesto que de verdad captura una parte importante de activos de los más ricos es el impuesto a las propiedades. Hoy día, el 77% está exento de ese pago de contribuciones. Hace un tiempo se propuso tener una tasa más alta para las viviendas más caras. La propuesta inicial era $200 millones y el Parlamento la subió a $400 millones. Se puede hacer más progresivo. Una tasa para las viviendas sobre $200 millones y otra tasa para quienes están arriba de $400 millones. Todo esto se debería discutir si es que queremos tener un pacto fiscal.
Hay una enmienda constitucional del Partido Republicano que apunta a eximir del pago de contribuciones a las primeras viviendas…
-En ningún caso eliminarlas, sería regresivo. Sería bajarles los impuestos a los sectores más ricos.
Otro de los temas que ha generado debate es la propuesta del gobierno que apunta a que la aplicación de la norma antielusión dependa del Servicio de Impuestos Internos (SII), y no de los tribunales. Además, se crea un consejo asesor consultivo del director del SII que deberá emitir una opinión acerca de los casos de esta norma. ¿Cuál es su visión al respecto?
-Me parece bien que se aplique así, porque es primera instancia. En todas partes del mundo funciona de esa manera y ha sido efectiva. Es por un tema de rapidez, facilidad y gran parte de los problemas se solucionan ahí, en primera instancia. Lo otro es judicializar demasiado algo que se puede solucionar de manera más simple. La idea de crear una comisión me parece bien, si eso permite que se aplique esta norma.
Los críticos dicen que SII será juez y parte.
-No, es una visión exagerada. Genera una sospecha infundada. En todas partes del mundo funciona así y no ha tenido problemas. Un poco de racionalidad. Que el SII pueda ejercer esa atribución y que se pueda apelar a la justicia me parece lo más razonable que hay.
También ha generado cuestionamientos la figura del denunciante anónimo y por lo mismo el gobierno dijo que se subirán las multas a quienes entreguen información falsa.
-En los dos países que lo tienen implementado, que son Estados Unidos e Inglaterra, ha funciona bien. Ayuda a fiscalizar, baja los costos, aumenta un poco la recaudación y reduce la evasión. Es un buen instrumento que hay que usarlo. Funciona bien.
Las críticas de algunos expertos tributaristas y las dudas de la oposición, ¿qué le parecen?
-Se buscan casos rebuscados, se exagera. Se establecen sanciones importantes para quien hace una denuncia falsa, entonces dónde está el temor. Si no se está evadiendo impuestos, qué importa que te denuncien falsamente. No te pasará nada porque no estás evadiendo y a la persona que hace la denuncia falsa se le sancionará. Entonces, ¿por qué te opones? Ahí lo que uno sospecha es que entre quienes se oponen es porque están evadiendo y que si lo llegan a denunciar, no será falsa. Si no evades impuestos, por qué te preocupas. Son dudas infundadas. Hay mucho prejuicio, va contra la evidencia que hay en otros países.