Complejo e incierto. Así anticipa el vicepresidente del Retail Financiero, Claudio Ortiz, será el 2020. Esto, porque, si bien reconoce que el estallido de la crisis condicionó de manera considerable el terreno de juego para este año, la aparición del coronavirus, de cierta forma, terminó de jugar la partida.

En este contexto, Ortiz cree que el rol del Estado y sobre todo el del empresariado son claves, por lo que señala que lo principal es garantizar la cadena logística para evitar se produzca desabastecimiento y por otro lado ejecutar todos los instrumentos financieros necesarios para mantener la cadena de pago.

Para ello, manifestó que desde el Retail Financiero existe toda la disposición de adoptar otras medidas de flexibilidad, -más allá de las acordadas con Economía para enfrentar la crisis-, que sirvan de insumo para evitar una situación más compleja que derive en un aumento en el nivel de endeudamiento en Chile.

Cuál cree será el impacto del coronavirus en la economía local, considerando que los expertos dicen que Chile podría tener una contracción del PIB en 2020

-Tanto en la crisis de 1999 y del 2009 decrecimos aproximadamente en un 1%, en circunstancias que, en ambos períodos, no existían las condiciones que vivimos actualmente.

Hasta el tercer trimestre de 2019, la principal preocupación empresarial era de qué forma nos adaptábamos a los desafíos que plantea la revolución digital y que impacta a la economía mundial. Con todo lo que pasó, hace rato nos olvidamos de todos los proyectos que tenían vinculación con esta materia. Hoy la prioridad está en restablecer la salud de la población, ese el foco que concentrará la energía del sector público y privado en estos meses.

No me atrevo a anticipar nada porque habrá que evaluar las consecuencias que esta pandemia implicará a todo nivel y ver en qué posición estará Chile en el contexto internacional, cuando logremos salir de todo este proceso político y social en curso y con una crisis global que está empujando un tipo de cambio que se acerca a los $900.

Entonces, ¿Cuál debería ser el aporte del empresariado a esta situación que estamos viviendo?

- Tenemos que aportar para cumplir un doble objetivo. Desde las empresas podemos hacer mucho por evitar contagios masivos extremando las medidas de cuidado y siguiendo las recomendaciones de las autoridades en materia sanitaria. Pero también tenemos un deber ineludible de garantizar la cadena logística y evitar que esta compleja situación, producto de la pandemia se amplifique con un desabastecimiento de productos básicos.

Adicionalmente, debemos ayudar a dar seguridad a la red de pagos. Para esto, es fundamental las medidas que adopten las autoridades competentes en esta materia. Finalmente, nuestras empresas acogiendo el llamado del Ministro de Economía con foco en las personas que están debiendo enfrentar un período de cesantía están impulsando importantes medidas de flexibilización.

¿Prevén altos números de morosidad este año? considerando que el entorno laboral está débil?

- La estadística oficial de morosidad a 30 días a diciembre de 2019 es de 8,85%. En comparación con el mismo mes del año 2018, esta cifra subió un punto. Pese a la crisis, el alza a diciembre de 2019 sigue siendo moderada.

Es evidente que seguirá el camino de la tasa de desempleo, principal variable que afecta la morosidad. Quienes quedaron cesantes a fines de año, aún mantienen ingresos, por la indemnización y el seguro de desempleo, por lo tanto, el momento más crítico donde se reflejará los efectos del desempleo será en el periodo junio-agosto.

¿Si la situación lo requiere es plausible que el retail financiero dé mayores flexibilidades a las que ya se habían acordado con el ministerio de Economía, se ha conversado?

- Debemos necesariamente ir adaptándonos a cómo se comporte el mercado. Históricamente hemos sido un sector resiliente y es un deber ineludible contribuir para flexibilizar condiciones y salir adelante en búsqueda de un país mejor.

¿Cuáles son los principales desafíos del sector en esta etapa?

-Como industria en 2020 tenemos que hacernos cargo de responder a varias inquietudes vinculadas a nuestro quehacer. Por esta razón nos hemos planteado como desafío construir una agenda industria con diversos actores relacionados a nuestro sector.

¿En qué consiste la agenda?

-Estamos en proceso de desarrollo. Nos hemos fijado un plazo de 90 días para bajar a tierra este compromiso con 3 ejes. En primer lugar, estamos trabajando en medidas en materia de autorregulación. Adicionalmente, tenemos un compromiso de avanzar en el ámbito de educación financiera. Y un tercer capítulo tiene que ver con el ámbito de la inclusión.

¿ Extenderán la flexibilización a otros meses?

- Las personas que estén en situación de cesantía entre el 1 de noviembre de 2019 y el 1 de mayo de 2020 y puedan certificar ante el emisor dicha condición, podrán acceder a la postergación del inicio de los procedimientos de cobranza judicial.

El gobierno envió al Congreso en estos días el proyecto de agenda antiabusos. ¿Cómo ven el proyecto?

- Todas aquellas acciones donde hay actos consientes de dolo, tales como colusión o uso de información privilegiada, son un verdadero cáncer del mercado y es por eso que debemos apoyar todas aquellas medidas que fortalezcan las sanciones y que mejoren los procedimientos persecutorios.

Ustedes han dicho que respaldan el proyecto de deuda consolidada en el que está trabajando el ministerio de Economía y Hacienda. ¿Pero qué otros elementos también tienen que estar presente?

- Esta iniciativa debiera contemplar al menos 5 capítulos: primero, uno relacionado con los criterios para tratar la información de deuda positiva. Segundo, la incorporación de los registros de información de deudas morosas y pagadas, tema que recomienda el Banco Mundial y que podría significar una mejora importante en la calificación de Chile en el informe Doing Business. Tercero, designar a la institución que deberá tratar esta información y distribuirla al mercado. Cuarto, definir los criterios para que esta información se distribuya al mercado. A modo de ejemplo, se entregará a las personas, ¿a los emisores o a ambos? Y por último definir los criterios para la transición entre los actuales sistemas de información vigentes en el mercado y el que se estructurará a partir de esta modificación legal.