EL 23 de mayo, el exministro Jaime Mañalich llegó hasta las dependencias de la Clínica Indisa, en Providencia. La crisis por la expansión del Covid-19 iba en alza, y la necesidad de camas críticas se incrementaba. El extitular de Salud fue justamente a eso: fiscalizar la reconversión... a renglón seguido declaraba su satisfacción. “Tuvimos la posibilidad de visitar una institución privada de salud que, para nosotros, se ha transformado en un ejemplo de colaboración, de cooperación con la pandemia (...). En la práctica, ya han duplicado y están dispuestos a seguir adelante en su capacidad de tratamiento intensivo”, subrayaba, en medio de un contexto donde ya se criticaba a otras instituciones privadas por no avanzar lo suficiente. Hoy, Indisa no solo cuenta con la UTI privada más grande del sector, sino que ha prácticamente liderado la ofensiva de reconversión, adelantándose -cuentan- a las necesidades de la autoridad, y ha instalado en la palestra una voz obligatoria del análisis diario de la pandemifa, con más de 70.800 seguidores en Twitter: el jefe de su Unidad de Pacientes Críticos, Sebastián Ugarte. Hoy, su modelo de negocios se transforma en pos del Covid-19: dos tercios de sus pacientes hospitalizados están justamente ahí por el virus.

El gerente general y socio de la entidad, Manuel Serra, recuerda que fue en el verano cuando se encendieron las alarmas. Se diseñó un comité de crisis con miras a preparar la clínica en base a los efectos que la pandemia estaba mostrando en Europa. “A principios de marzo, ya teníamos un proyecto de reconversión que contemplaba llegar a 149 camas críticas (...). En consecuencia, cuando la autoridad de Salud solicitó al sector privado duplicar las camas intensivas, nosotros ya habíamos triplicado el número”, explica. Ya pasaron de tener 32 a 106 camas UCI; y de 80 a 170, camas críticas. En el intertanto, se capacitaba a más personal, se adquiría más equipamiento crítico y se modificaban las plantas. “Hemos invertido más de $ 1.000 millones en equipos de alta complejidad, ventiladores mecánicos, centrales de monitoreo, redes de oxígeno, y en remodelar, provisoriamente, algunas áreas de procedimientos, pabellones, así como la UPC pediátrica”, reconoce. Una vez que la crisis pase, esas zonas debieran volver a la normalidad, destaca. Actualmente, un porcentaje relevante de sus instalaciones está abocado solo a esto. De hecho, tienen una solicitud elevada al Servicio de Salud Metropolitano Oriente por diez ventiladores más en calidad de arriendo. “Hasta el momento hemos operado con equipamiento propio”, cuenta.

Desde Anacleto Angelini al Covid-19

Más de 60 años tiene Clínica Indisa. En aquella época su principal accionista era Anacleto Angelini. Serra recuerda que a fines de los 90, el director médico de la entidad, Alberto Lucchini -su tío y muy cercano a Angelini- les comentó a él y a su hermano Andrés que estaba la posibilidad de venta de la participación del principal accionista. En 1998 entraban a la propiedad los hermanos Serra, y los grupos Marín y Ergas -”Con los cuales teníamos una gran amistad desde el colegio”, relata el actual gerente general-. Al poco andar, sin embargo, estos dos últimos decidieron vender. Y en 2001, ingresó Juan Antonio Guzmán -hoy presidente de la clínica-, Jorge Selume, Miguel Ángel Poduje -quien falleció y sus acciones quedaron en poder de su familia, representada por Ignacio Poduje-; Luis Cordero -que más tarde vendió su participación a Alejandro Pérez- e Ignacio Fernández -que también murió, quedando las acciones en propiedad de su familia, representada por Patricio Valenzuela-.

Y la apuesta era clara: “Nos dimos cuenta de la creciente necesidad de salud por el envejecimiento gradual de la población. Los avances médicos iban a ser los responsables principales del aumento en la longevidad y de la calidad de vida de la población. Entonces, nos propusimos ser muy eficientes para poder entregar una medicina de excelencia a la mayor cantidad de gente posible, a un costo que fuera accesible”, rememora Serra, que en 2003 asumió la gerencia general; período en que también se sumó el exdirector médico de la Posta Central, Leonardo Ristori, como jefe del Servicio de Urgencia, y Ugarte, como jefe de la Unidad de Paciente Crítico. Y en 2004-2005 un aumento de capital marcó el crecimiento futuro.

Hoy, la Indisa -con un 10% del mercado- es una de las pocas clínicas privadas que no posee un gran socio controlador -la sociedad Agrícola y Comercial Santa Inés de Alejandro Pérez tiene un 35%; Juan Antonio Guzmán y Julio Dittborn, vía Inversiones La Caleta, un 16,7%; mismo porcentaje que tiene Jorge Selume, a través de El Maderal Inversiones, y que ostenta también Poduje Abogados; los hermanos Serra tienen un 9%-, además, no está ligada a ninguna empresa aseguradora; situación que Serra califica como un valor: “La independencia nos ha permitido responder más ágilmente y poder adecuarnos de forma eficiente a la evolución de esta pandemia”.

Si antes de marzo, la parte ambulatoria representaba un 36% de sus ventas, hoy prácticamente no existe; ahora la realidad es diametralmente opuesta. “El cambio en los ingresos ha sido consistente con el cambio de modelo, generando variaciones significativas en la composición de los ingresos”, explica Serra. Y añade: “No puedo desconocer que, al igual que el resto de las clínicas, hemos experimentado una fuerte caída en la actividad ambulatoria y quirúrgica electiva, con el consecuente deterioro económico”; precisa así que la actividad quirúrgica (cirugías y partos) ha bajado un 65%; mientras que la ambulatoria se ha contraído un 50%. Tales variaciones -reconoce- han sido mitigadas, en parte, por el ingreso hospitalario que ha aumentado en un 50% a junio. “Esto implica un deterioro económico significativo para la clínica”, dice. A marzo, los ingresos ya habían caído un 4,18% -hasta los $ 34.356 millones- impactados por el Covid que alcanzó a pegar durante la segunda quincena del tercer mes del año. El efecto de solo esos días hizo que los retornos por hospitalización del trimestre disminuyeran un 3,42%, y un 5,57% los servicios ambulatorios.

Adicional a ello, la integración público-privada de la red asistencial nacional también ha tenido sus consecuencias: la proporción del ingreso por pacientes atendidos del sistema público ha aumentado considerablemente. En diciembre, un 79% de sus ventas eran generadas por beneficiarios de isapres; y un 17% venía de Fonasa, el porcentaje restante eran particulares y empresas con convenio. Tras el estallido del Covid-19, y puntualmente durante estas últimas semanas, los ingresos totales por pacientes del sistema público saltaron al 45%. De hecho, un 70% de las personas hospitalizadas por el virus son Fonasa, y un 30%, provienen de isapre; “cifras que obviamente han impactado en una fuerte disminución de los ingresos y que estamos analizando cómo revertir más adelante”. Si bien no revela la distancia entre el pago de una persona Fonasa y otra de isapre, en la industria reconocen que es abismal.

Y los efectos ya se ven. Los costos de la clínica se han elevado más de un 10% durante este período, en el cual el tratamiento de los pacientes Covid-19 ha sido mucho más elevado que aquellas personas que sufren de afecciones respiratorias promedio. “El gasto se incrementa por los elementos de protección que se requieren y por los mayores costos de personal, remodelaciones internas, equipamiento, entre otros factores. Se trata de costos adicionales a la operación normal de la clínica y que, naturalmente, deberán ser reconocidos y compartidos con los aseguradores privados y estatales”, enfatiza.

El sentido de normalidad

Actualmente, Clínica Indisa cuenta con la unidad de Maternidad con la segunda mayor cantidad de partos de las clínicas privadas a nivel nacional, con 400 al mes; además de la unidad de neonatología privada más grande del país. Y justamente radicada ahí su normalidad; ambas áreas han seguido operando como tradicionalmente lo hacían, aunque absolutamente aisladas y con las medidas de prevención necesarias. Las consultas médicas solo han continuado para aquellos pacientes con enfermedades o patologías que, necesariamente, requieren de atención presencial; mientras que para todo el resto, la telemedicina ha sido la opción. Y es por todos estos cambios que los análisis de liquidez ya se han hecho.

Si bien Serra asegura que existen los recursos disponibles, durante la última junta de accionistas se redujo en un 20% el dividendo correspondiente al ejercicio anterior, además de asegurar capacidades de acceso a más dinero en el sistema financiero si ello fuera necesario.

En febrero, de hecho, la compañía inscribió dos líneas de bonos desmaterializados, con un plazo de 10 y 30 años, por UF 2,5 millones cada una.

En el intertanto, las inversiones se aplazan. Hoy, lo único que sigue su marcha tal cual es el desarrollo de una nueva clínica en la comuna de Maipú, la cual debiera estar operativa en 2022, y superar el número de camas del establecimiento de Providencia. “Sobre el resto del capex, las mejoras en infraestructura se han visto aplazadas por los cambios que hemos tenido que realizar para hacer frente a la pandemia; el nuevo equipamiento ha sido reenfocado a aquellos que se requerían por la contingencia y las inversiones en TI han sido aplazadas parcialmente”, señala el ejecutivo.

Y así, si bien no piden medidas adicionales de parte del Estado para fortalecer su posición financiera, sí urgen por el pago de la deuda proveniente de las atenciones Fonasa. “Más que medidas adicionales, creo que las gestiones que está realizando Clínicas de Chile serán fundamentales para agilizar los plazos de pago por parte de los aseguradores públicos y privados, así como para poder percibir pagos por las prestaciones que reconozcan los significativos costos del Covid-19 y los cambios a la modalidad de pago para los pacientes de libre elección del sistema de Fonasa ingresados por Ley de Urgencia”. Y reconoce que en este momento, la deuda con los servicios públicos es de aproximadamente $ 14 mil millones, con plazos de pago muy superiores a los del sistema isapre. “Es una situación generalizada de las clínicas que se está gestionando a través de la asociación gremial”, señala. A su juicio, lo más importante es que, respecto a los valores pagados por atender a pacientes Covid, se sinceren los verdaderos costos involucrados en la pandemia, y que los plazos para cancelar lo adeudado por parte del sector público les permitan a las clínicas privadas operar con la suficiente liquidez, enfatiza.

Es que hoy no existen fechas que apunten a regularizar la operación. Por ahora, el modelo de negocios imperante será el que venga de la mano de la pandemia... ya habrá tiempo de operar bajo una nueva normalidad.