Clínicas de Chile y ley corta de isapres que prepara el gobierno: “Está lejos de resolver el problema y nos alerta sobre un posible colapso”

“Valoramos la iniciativa del Poder Ejecutivo de presentar una ley corta que haga frente a la denominada crisis que afecta al aseguramiento privado. Sin embargo, con extrema preocupación, hemos tomado conocimiento de su tenor y de las estimaciones de dinero que el sistema asegurador privado deberá devolver a sus afiliados para cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación de tabla de factores”.

Así comienza una declaración pública que emitió Clínicas de Chile para referirse al proyecto de ley corta que prepara el gobierno para evitar una caída de las isapres, a partir del cual trascendió que desde el Ejecutivo estiman que las isapres podrían tener que desembolsar hasta US$1.400 millones por el fallo, aunque el monto puede variar dependiendo del modo en que se aplique la sentencia.

Desde el gremio señalaron que, “en nuestra opinión, la propuesta que se ha formulado está lejos de resolver el problema y nos alerta sobre un posible colapso, cada vez más inminente, del sistema de salud”.

Ahí también Clínicas de Chile afirma: “Queremos ser claros y categóricos en señalar que la envergadura de la problemática compromete la viabilidad de los prestadores privados en el corto plazo. Las deudas que el sistema de isapres mantiene con los prestadores de salud privados ascienden a más de $500 mil millones, los cuales no fueron incluidos en los cálculos de los montos que el sistema asegurador debe regularizar, dado que sus garantías, en caso de requerirse, no son suficientes ni tampoco liquidables en el corto plazo, debido a las cuentas que están en proceso y no han sido reconocidas por las isapres”.

La declaración advierte que “un colapso del sistema de isapres, sea parcial o sistémico, generará una crisis de liquidez que, para muchos de nuestros establecimientos, significará insolvencia y quiebra por no contar con los recursos necesarios para financiar la operación”.

Por eso dicen que “esto se hace aún más crítico para los médicos, laboratorios y clínicas que atienden mayoritariamente a pacientes de menores ingresos y fundamentalmente en las regiones del país, pudiendo perderse importante capacidad instalada para resolver los problemas de salud de la población”.

Añadieron que “lo anterior, tiene un efecto gravísimo y directo en la atención de todos los pacientes que acceden y encuentran soluciones de salud en nuestras clínicas. Tal como se ha señalado reiteradamente a la opinión pública en los últimos meses, es la continuidad de la prestación la que está en riesgo, además de la posibilidad cierta de que se recargue al ya colapsado sistema público de salud que, a modo de ejemplo, acumula más de 360 mil cirugías en lista de espera”.

Así las cosas, señalaron que “cualquier solución que se plantee debe tener un claro y sólido respaldo técnico que permita su viabilidad y factibilidad. Las certezas para el sector prestador privado son urgentes y apremiantes. Hemos tenido que soportar largos meses de incertidumbre, con consecuencias lamentables como la paralización de proyectos de inversión en equipamiento e infraestructura, requiriendo en muchos casos incluso, el apoyo del sector financiero para poder seguir operando”.

Asimismo, comentaron que “cualquier propuesta que se discuta, debe considerar como prioridad la continuidad operacional de todas las clínicas y, para eso, es imprescindible que las garantías existentes para las deudas con los prestadores sean debidamente resguardadas por la autoridad y que se definan mecanismos que permitan su disponibilidad efectiva e inmediata en caso de un colapso del sistema”.

Finalmente, afirmaron que “como sector estamos abiertos a los cambios en beneficio de nuestros pacientes y valoramos la propuesta de fortalecimiento del Fonasa. Sin embargo, sabemos que no será viable el traslado de millones de afiliados al sistema público producto de una abrupta caída del sistema privado. Además, es necesario contemplar medidas para su sostenibilidad en el tiempo, que incluyan una gobernanza del fondo público que asegure su desarrollo futuro. independencia del gobierno de turno en su operación, modalidades efectivas de libre eleccion y consideración del precio de las prestaciones a su costo real y total”.