CMF busca aumentar el pago mínimo en tarjetas de crédito y el retail financiero teme que sea una “medida anticonsumidor”

Los emisores de tarjetas de crédito, como bancos y el retail financiero, están a la espera de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publique la versión final de la normativa que estuvo en consulta pública hasta diciembre de 2024, y que modifica su pago mínimo.

El pago mínimo con tarjetas de crédito es una posibilidad que entregan las instituciones con quienes las personas tienen sus plásticos, de pagar menos que el valor facturado total y no caer en mora por el saldo que no se pagó. Pero eso no es gratis, ya que se cobran intereses por el monto facturado que no fue pagado. Hay personas que, al no tener liquidez, utilizan este mecanismo del pago mínimo, porque pagar menos que eso significaría un interés más alto que se acumula día a día. Esos intereses se llaman moratorios, y generalmente son el máximo que pueden cobrar las instituciones por ley.

Hasta ahora, la regulación establecía que el pago mínimo “no podía ser inferior al monto correspondiente a los intereses del mes de facturación, salvo en casos excepcionales en los que las entidades ofrecieran una oferta o ´promoción´ donde se liberaba de la obligación de dicho pago mínimo por un periodo determinado”, señala la norma de la CMF que estuvo en consulta. En definitiva, cada institución definía su propio pago mínimo siguiendo solo esa regla, lo que se tradujo en que hoy existen distintos criterios entre entidades para determinar ese monto.

Sin embargo, eso ahora va a cambiar. El año pasado el Congreso aprobó una ley impulsada por el gobierno, que adopta distintas medidas para combatir el sobreendeudamiento de las personas. Entre otras cosas, allí se facultó a la CMF para “regular la formulación y los componentes del pago mínimo en tarjetas de crédito, así como de normar las situaciones excepcionales en las que las entidades podrán eximir a los deudores de la obligación de dicho pago mínimo”, explica el documento del regulador.

En ese sentido, la propuesta normativa establece que el pago mínimo incluya un porcentaje de amortización del 5% del capital insoluto, con lo cual se generaría un pago mínimo del 25% del monto facturado. Esto se compara con lo que existe actualmente, donde si bien el pago mínimo varía entre cada institución, representa en promedio solo un 4% del monto facturado. Con este aumento del pago mínimo, la CMF apunta a que se pueda amortizar, al menos, una parte de la deuda, y que no solo se paguen los intereses.

Y sobre las situaciones excepcionales propuso que “la misma institución las defina, de acuerdo con sus políticas internas, pero siempre cumpliendo que se amortice el total de la deuda exceptuada de pago en un plazo máximo de 24 meses, y que no se exceptúe el pago por más de dos meses consecutivos. Esta propuesta es consistente con la práctica actual del 40% de los emisores de tarjetas, que para determinados clientes y en situaciones específicas tienen dentro de su política establecer un pago mínimo nulo”.

La CMF argumentó en dicha norma que estuvo en consulta que, “si bien el pago mínimo puede aliviar la presión inmediata de caer en morosidad, con el fin de evitar consecuencias financieras a largo plazo, es esencial gestionar el saldo de la tarjeta con prudencia. Los riesgos asociados con la acumulación de intereses y la extensión del tiempo necesario para saldar la deuda pueden, a largo plazo, contribuir a mayores niveles de sobreendeudamiento y morosidad. Por ello, es relevante regular el pago mínimo, ya que, si su cálculo no considera la amortización del capital insoluto, su uso continuado puede tener un impacto negativo en las finanzas personales de los deudores”.

Y agregó que “una regulación que aumenta el pago mínimo podría incrementar la carga financiera a corto plazo, pero también reduciría el plazo total de pago, promoviendo una gestión financiera más saludable. Se espera que esta normativa beneficie a los deudores al limitar el horizonte de pago e incorporar la amortización del capital, lo que reduciría los costos totales del crédito y la probabilidad de morosidad”.

Para diseñar esta propuesta normativa, la CMF recopiló información sobre el comportamiento de pago de los deudores de tarjetas de crédito en bancos, sociedades de apoyo el giro, y emisores de tarjetas de crédito no bancarias. A marzo de 2023, “más de la mitad de los clientes de tarjetas de crédito pagaron el 100% del monto facturado. Un 14% de los clientes realizó solo el pago mínimo o menos, lo que representa el 29% de los saldos insolutos”, reveló la CMF en el documento.

También indicó que “en cuanto al último año, la mitad de aquellos clientes que realizaron pago mínimo lo hicieron entre 1 o 2 meses, mientras que el 6% de estos clientes pagaron el mínimo en todos los periodos. La recurrencia promedio de pagar el mínimo del sistema es de 1,5 meses, y se estima que el porcentaje de clientes con ´pago mínimo perpetuo´ fue del 0,7%”.

En la Asociación del Retail Financiero no gustó la propuesta. Alejandro Arriagada, su secretario general, argumenta que “el informe de evaluación de impacto regulatorio de la CMF evidencia que solo el 0,7% de los tarjetahabientes utiliza en forma perpetua la opción del pago mínimo asociado a las tarjetas de crédito. Estamos ante una situación de excepción que, de regularse, terminará afectando a más del 99% de los usuarios de tarjetas, quienes verán restringida la flexibilidad para el pago de sus compromisos, quedando expuestos a la morosidad, con todas las consecuencias que ello conlleva. Esto podría terminar siendo una medida anticonsumidor”.

Sostiene que “nos parece una norma bien intencionada, pero que no resuelve el sobreendeudamiento de algunas personas. Más que un tema de pago mínimo, es un tema de ingreso mínimo para aquellos segmentos del mercado que utilizan esta herramienta”.

Arriagada también dice que “la mejor evidencia del buen comportamiento de pago de las personas se observó tras los retiros previsionales. Con ingresos adicionales optaron por pagar sus deudas y redujeron significativamente la demanda por créditos. Esto demuestra que la propuesta normativa no aborda la raíz del problema. Creemos que el camino adecuado es adoptar las mejores prácticas que se usan en economías desarrolladas, perfeccionando la información que se entrega a las personas para que tomen conciencia de las implicancias de optar permanentemente por el pago mínimo. Es importante la coordinación regulatoria que exista respecto a esta medida, con el trabajo del Ministerio de Economía en materia de perfeccionamiento de la información al consumidor y los cambios al estado de cuenta de las tarjetas de crédito”.

Se suma a los reparos la economista y académica de la Universidad San Sebastián, Michèle Labbé, quien comenta que “siendo una política pública con las mejores intenciones de ayudar a la gente a que pague más rápidamente sus deudas y no esté tan endeudada, la verdad es que podría generar el efecto contrario”.

Indica que “arriesgarse a desbancarizar a la gente de menores recursos, para disminuir el plazo de pago del crédito del 0,7% de la gente que tiene deuda, me parece que no es correcto. Ahora, sí hay otras medidas que han aplicado otros países que se pueden utilizar en Chile, que me parecen muy buenas, como por ejemplo, que cuando vas a pagar la tarjeta de crédito te aparezca no sólo la opción de pago mínimo y pago total, sino que además aparezca una opción que apunte a un pago para que la deuda se salde en menos de cinco años, en menos de tres años, y entonces tú puedas elegir con más información. Pero así como se está planteando, no me parece una buena idea”.