El próximo 21 de octubre se cumplirán 42 años desde que se promulgó la Ley de Mercado de Valores (N°18.045), cuya última modificación ocurrió el pasado 17 de agosto de 2023, con la Ley de Delitos Económicos (N° 21.595).

Según la normativa, en aquellos años contó con la participación de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) -hoy Comisión para el Mercado Financiero (CMF)-, la cual era dirigida por Arsenio Molina y tuvo la asesoría de Pedro Mattar, quien posteriormente asumió como fiscal nacional económico (2001-2006).

La puesta en marcha de la normativa buscó fortalecer la creación de un mercado de capitales incipiente para la economía chilena, e impulsada por el ministro de Hacienda de la época, Sergio de Castro. Pero su avance también significó la introducción de conceptos novedosos para una economía de libre mercado. Uno de ellos fue la regulación, por primera vez, del “uso de información privilegiada”.

Posteriormente, a finales de los años 90, a raíz del denominado caso Chispas, operación que permitió el ingreso de Endesa España a la región, la normativa fue modificada, quedando ampliamente estipulada en el título 21 del cuerpo legal vigente.

Hoy la Ley de Mercado de Valores sigue sirviendo de sustento legal para que la Comisión para el Mercado Financiero funde sus actuaciones y multas. La última, ocurrió hace poco más de una semana, cuando el 4 de octubre el regulador sancionó al gerente general de Cencosud, Matías Videla Solá, con una multa de 15.000 UF por usar información privilegiada al adquirir 613.026 acciones de Cencosud, por un monto total de $799.998.502 en mayo de 2022.

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A raíz del caso, Pulso solicitó a la CMF el detalle de las multas cursadas por uso de información privilegiada. La institución respondió a través de un archivo excel en el que se detallan 44 resoluciones sancionatorias por vulneración del artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores entre 2008 y el 6 de abril de 2023, las cuales suman 253.982 UF ($9.202 millones). A este monto se suman los 15.000 UF de la sanción de Matías Videla y, por lo tanto, a la fecha el regulador ha aplicado 45 multas que suman 268.982 UF ($9.745 millones).

En lo que va del año, la CMF ha dictado cuatro resoluciones sancionatorias por uso de información privilegiada. Las multas de los cuatro sancionados están vinculadas a la compra de acciones. Ese es el caso de María Ceroni (300 UF), Nicolás Hassi (600 UF) y Christian Traeger (1.000 UF), quienes adquirieron títulos de CAP, Banco Santander Chile y Clínica Las Condes, respectivamente. A ellos se suma el caso del gerente general de Cencosud, ocurrido recientemente.

El artículo 165 de la ley señala expresamente que cualquier persona que, en razón de su cargo, posición, actividad o relación con un emisor de valores o con las personas señaladas en el artículo 166 de esa ley, posea información privilegiada, deberá guardar reserva y no podrá utilizarla en beneficio propio o ajeno, ni adquirir o enajenar, para sí o para terceros, directamente o a través de otras personas, los valores sobre los cuales posea dicha información.

Las 10 multas más altas cursadas por el regulador a personas naturales por uso de información privilegiada entre 2008 y el 4 de octubre de 2023 corresponden a las sanciones cursadas a Juan Bilbao (90.000 UF); Vicente Aresti (38.970 UF); María Isabel Farah (20.000 UF); Julián Moreno (20.000 UF); Matías Videla (15.000 UF), Nicolás Ramírez (13000 UF); Aníbal Mosa (10.000 UF); Felipe Navarrete (10.000 UF) y Alejandro Irarrázabal (8.464 UF).

El 26 de noviembre de 2015, el regulador aplicó una multa de 90.000 UF al empresario Juan Bilbao por la compra de acciones CFR, usando información privilegiada. Hoy, el expresidente de Banco Consorcio, busca revertir en la Corte de Apelaciones de Santiago la sentencia de primera instancia que desestimó su reclamo presentado ante el 30° Juzgado Civil de Santiago. Bilbao pagó la multa, pero ahora a través de un procedimiento judicial busca que se anule la sanción y se le restituya el monto.

La defensa de Bilbao es liderada por los socios del estudio Claro: Cristóbal Eyzaguirre y Alex van Weezel.

Vicente Aresti López -exvicepresidente de Tucapel- también figura en el listado elaborado por la CMF. Tuvo la segunda multa más alta cursada por el regulador entre 2008 y 2023. Esto, tras la fallida fusión entre los gigantes Falabella y D&S. El empresario, fallecido en septiembre del año pasado, fue multado por la SVS el 15 de julio de 2008 al pago de 38.970 UF, tras comprar acciones de D&S, durante los días 11 y 16 de mayo de 2007. El anuncio oficial de la operación se hizo el 17 de mayo del mismo año.

Por su parte, la tercera multa cursada por uso de información privilegiada en el mismo plazo mencionado corresponde a dos exgerentes de La Polar en el bullado caso de las repactaciones unilaterales. La SVS multó a María Isabel Farah y Julián Moreno el 9 de marzo de 2012, a pagar cada uno 20.000 UF. Ambos asesorados por Alejandro Awad y Alex Caroca, respectivamente, llegaron hasta la última instancia para revocar la sanción, pero la Corte Suprema confirmó las multas.

A raíz del caso, Moreno y Farah enfrentaron demandas de indemnización de perjuicios de AFP Provida, Moneda Asset Management y la Tesorería General de La República con el embargo de sus bienes. Según sus cercanos, Farah no pagó la multa y Moreno sólo pagó 5.000 UF.

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