CMF ya ha pagado $415 millones a denunciantes anónimos como compensación económica
Así lo reveló la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Berstein, en el marco de la cuenta pública de la entidad, donde también mencionó que entre 2021 y 2023 recibieron 55 solicitudes de reconocimiento de calidad de denunciante anónimo.
Una alta convocatoria de asistentes tuvo este martes la cuenta pública de la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, sobre la gestión de la entidad en 2023.
Hasta el Edificio Moneda Bicentenario, ubicado en Teatinos 92, llegaron distintas autoridades, entre ellos, el fiscal nacional, Ángel Valencia; el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo; el tesorero General de la República, Hernán Nobizelli; el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez; la superintendenta de Casinos de Juego, Vivien Villagrán; el presidente del TDLC, Nicolás Rojas; el consejero del Banco Central, Claudio Soto; el director nacional del Sernac, Andrés Herrera; el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg; el director de la UAF, Carlos Pavez; y la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza.
Entre las cosas que destacó la presidenta de la CMF durante su cuenta pública, estuvo el rol desempeñado por la figura del denunciante anónimo, que empezó a operar en junio de 2021. En ese sentido, dijo que entre 2021 y 2023 recibieron 55 solicitudes de reconocimiento de calidad de denunciante anónimo, y que finalmente resolvieron pagar un total de UF 11.160 (unos $415 millones) por concepto de compensación económica a ellos.
“Ha resultado ser una figura muy útil, y ya tenemos resultados concretos”, comentó Berstein en su presentación. Y dijo que eso “significa que esa denuncia tuvo un aporte material a la investigación y a la resolución del procedimiento sancionatorio. Eso es lo que se reconoce a través del pago”.
Luego, en un punto de prensa, agregó que ese monto se desembolsó porque “la figura del denunciante anónimo implica que para que nosotros como Consejo hayamos decidido una compensación, es porque efectivamente la contribución del denunciante fue material respecto de resolver el comportamiento infraccional y la sanción que correspondía. En algunos casos puede implicar que sin el denunciante no hubiese sanción, o en otros, eventualmente la configuración de la sanción es posible hacerla, el tipo de infracción, el tipo infraccional es el que se contribuye”.
En el punto de prensa, Berstein también se refirió a los máximos que tocó en febrero recién pasado la morosidad mayor a 90 días en la cartera de consumo de la banca desde 2009, y el máximo desde que hay registro en la morosidad de la cartera comercial.
Al respecto, mencionó que “la morosidad ha crecido, era algo que podíamos esperar. Justamente los niveles que hubo durante la pandemia, que fueron los más bajos de la historia (...), se esperaba que volvieran a la normalidad, y efectivamente ya han ido superando esos umbrales. Por lo tanto, hoy día es un tema a monitorear el cómo evoluciona esto hacia adelante. Tenemos una actividad que se empieza a recuperar de manera lenta, por lo tanto, eso debiese ayudar a también ir frenando el comportamiento de morosidad que podamos observar en las distintas carteras, pero sin duda es un tema que hay que continuar monitoreando”.
En todo caso, la presidenta de la CMF también sostuvo que “cuando hablamos del tema de suficiencia de provisiones, o el impacto que esto tiene sobre el sistema bancario, en las pruebas de tensión que nosotros hacemos, que hace el Banco Central (...), tenemos la tranquilidad de que tenemos una banca sólida, por lo tanto, tenemos instituciones financieras que son resilientes. Estos momentos de morosidad hay que monitorearlos, pero tenemos una banca que tiene provisiones y que tiene estándares de capital que hoy día son más adecuados incluso de los que eran hace algún tiempo, porque estamos en plena implementación de Basilea III”.
En la cuenta pública, Berstein señaló que en 2023 la CMF emitió 91 normativas y realizó 35 consultas públicas e informes de impacto regulatorio. De las normativas emitidas, el 49% correspondió a bancos e instituciones financieras; 46% a seguros y un 5% respecto al mercado de valores.
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