La Cámara Nacional de Comercio (CNC) se mostró escéptica ante el Compromiso Transversal por la Seguridad impulsado por el gobierno. El gremio apuntó a que el mundo político no ha podido enfrentar la situación de la seguridad en el país por los “debates ideologizados” en vez de abordarlo mediante “discusiones generosas y técnicas”.

“Las propuestas que vemos hoy sólo están dejando esto en el rol de los privados, siendo que lo central es la responsabilidad principal del Estado en materia de seguridad”, indicó mediante un comunicado la CNC.

El gremio calificó de injustas ciertas afirmaciones tales como las del apartado del programa que indica la “prevención de asaltos al retail de alto valor en malls”, ya que aseguran que su sector sí invierte en seguridad constantemente.

Por otro lado, la entidad afirmó que en Chile no existe una ley única y clara de seguridad privada, “falta agilidad en las acreditaciones, mayor oportunidad de coordinación con las policías, que permitan realmente prevenir este tipo de situaciones, que ponen en riesgo no sólo al público, sino a los mismos locatarios y trabajadores”.

Sobre el comercio ilícito, la Cámara mostró preocupación en cuanto a las consecuencias que este genera y señaló que afecta finalmente a comerciantes locales, comunidades vecinas, estado de las calles y seguridad de las personas que desean transitar por esos sectores.

De igual manera, el gremio del comercio recalcó que “para alcanzar la seguridad no se puede abordar solo desde la colaboración, sino que el gobierno debe dirigir políticas siendo transversal en los territorios y que estas sean ejecutables en la práctica. Asimismo, se debe colaborar con los países vecinos, para evitar la entrada de bandas criminales.”

Del mismo modo, y aunque valoran el trabajo conjunto que se espera con las municipalidades, dijo el gremio, “no es menos cierto que estas, como gobiernos locales, ya se encuentran sobrecargadas y con problemas de financiamiento”.

El plan del Ejecutivo, que contiene compromisos relacionados a la seguridad nacional, plantea modificaciones legales para controlar la inmigración, trata de personas y delito de alta connotación social. Además, pretende seguir alcanzando compromisos con nuevos actores hasta fines de febrero para poder sumar apoyos más transversales y en marzo firmar el documento formalmente.

“Por eso, y aunque parece ser un avance el trabajo interinstitucional, preocupa que mientras este programa se desarrolla y las fuerzas políticas se ponen de acuerdo, los ciudadanos seguimos siendo víctimas de un fenómeno que parece imparable”, concluyó la CNC.