Quién debe fiscalizar a Codelco, si Cochilco o Contraloría, es uno de los temas que más debate generó el año pasado. La polémica se encendió cuando el organismo de control emitió el informe 900, acusando varias irregularidades en la estatal, las que la minera desestimó pues, a su juicio, Contraloría no tiene la facultad de fiscalizarla, pues esa potestad recae en la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). El tema incluso llegó a Tribunales.

En ese contexto, Contraloría emitió el final 1064 del 6 de febrero de 2018, que se encuentra en poder del Ministerio Público. El documento fue enviado por el fiscal nacional (S) Pablo Gómez a la Fiscalía Metropolitana Oriente, la cual está a cargo de la causa penal en que se investiga una serie de presuntas irregularidades en la Corporación Nacional de Cobre (Codelco).

En un principio, la investigación de supuesta negociación incompatible la lideró el exfiscal Carlos Gajardo, sin embargo, tras su renuncia, hoy está al mando el nuevo jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda.

El informe tomó como base algunos procesos de fiscalización de Cochilco e indagó si esta fue la adecuada. Los resultados no sólo cuestionan el actuar de Cochilco sino que, además, revelan nuevas irregularidades que fueron advertidas por Cochilco y que hasta ahora no se conocían. Es el caso de una investigación al plan de egreso de Chuquicamata entre 2012 y 2014, en que se detectaron irregularidades como, por ejemplo, que si bien el convenio establecía que no habría reposición de vacantes, la administración realizó 275 nuevas contrataciones, 241 de ellas en las mismas áreas operacionales. Además, Cochilco detectó el caso de un trabajador de 36 años que se acogió al plan de retiro, pese a que la edad mínima para hacerlo era de 46. Pero, además, el trabajador, a la fecha del informe, se encontraba de vuelta en Codelco, desempeñando funciones en la División Radomiro Tomic.

Sobrecostos

Otros dos casos detectados por Cochilco tienen que ver con sobrecostos de los planes de retiro. La práctica fue la siguiente: del total de 817 trabajadores, 498 percibieron un aumento en la escala de sueldos, lo que en definitiva engrosaba su indemnización por años de servicio. Uno de ellos incluso subió 6 niveles.

Esto generó un impacto monetario por unos $1.663,1 millones, acusó la Comisión. Esto fue advertido por Cochilco, que según el reporte de Contraloría, envió una serie de recomendaciones que fueron acogidas solo parcialmente por la corporación.

"Codelco no comprometió acciones en entera concordancia con lo recomendado por Cochilco", acusó Contraloría.

También se reveló el caso de una "licuación" de los beneficios de salud ofrecidos en estos planes. Se trata de 95 personas a quienes les "compró" este beneficio, lo que suma $2.328 millones.

Al respecto, Cochilco recomendó a Codelco que realizara una investigación, la que de acuerdo con Contraloría nunca se acreditó que se hubiera realizado.

También hubo cuestionamientos por el aumento de la inversión en dos proyectos: Radomiro Tomic y Nuevo Nivel Mina El Teniente. En ambos casos, el presupuesto aprobado por Cochilco permitía una desviación de 25%, la que fue superada largamente en ambos casos. Si bien esto fue observado por la Comisión, no hubo seguimiento.

En respuesta, Cochilco comentó que "dimos respuesta íntegra a las observaciones contenidas en dicho informe antes del plazo otorgado por el órgano contralor, cumpliendo con la totalidad de los requerimientos formulados. (...) Hemos puesto en marcha una serie de iniciativas para robustecer nuestra función fiscalizadora, siendo una de ellas justamente una mejora al seguimiento de las auditorías".

"Cochilco solicita todos los antecedentes que sean necesarios (...). Por tanto, no es efectivo que Cochilco no utilice las herramientas suficientes para fiscalizar a Codelco. Además, durante el año 2017 creamos el Panel de Sanciones, compuesto por el mayor nivel de esta institución, para resolver eventuales incumplimientos de entrega de los antecedentes necesarios para cumplir adecuadamente nuestras funciones fiscalizadoras", dijo esa entidad.

Visión de Codelco

Codelco advirtió que, si bien no ha sido notificada ni tiene conocimiento del contenido, plantea que "las conclusiones del informe aludido necesariamente se refieren a la forma en que Cochilco desempeña sus funciones, no resultando procedente que Codelco, como sujeto fiscalizado, emita opiniones sobre la materia".

Pese a ello, plantea que responde a algunos de los cuestionamientos, como es el caso de los planes de egreso que, según la minera, tuvieron como consecuencia la desvinculación de tres personas, la aceptación de renuncia a cuatro personas y la aplicación de otras sanciones, "además de reforzarse los mecanismos de control y de toma de decisión en estas materias para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Este proceso de investigación estuvo en conocimiento y fue revisado por Cochilco".

Respuesta de Codelco tras la publicación de la nota 

Este viernes en la tarde, Codelco respondió a la publicación de PULSO a través de una declaración en la que aseguran:"Se afirma que esta empresa ha asegurado que "la Contraloría no tiene la facultad de fiscalizarla, pues esa potestad recae en la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco)". Codelco en distintas instancias, como entrevistas en medios de prensa, declaraciones del directorio y presentaciones ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, ha reiterado exactamente lo contrario".

Desde la estatal además precisan que el informe 1.064 del 6 de febrero de 2018 mencionado en la nota, es una auditoría realizada por la Contraloría a Cochilco y no a las actividades de Codelco. "Por su carácter de reservado, nuestra compañía no ha tenido participación ni oportunidad de aportar antecedentes a dicho informe. En consecuencia, sus conclusiones necesariamente se refieren a la forma en que Cochilco desempeña sus funciones".