Codelco, un debate necesario

Aunque aún admite ciertos perfeccionamientos, el gobierno corporativo de Codelco siempre ha sido un ejemplo de modelo de diseño organizacional para las empresas públicas. Sin embargo, los recientes casos de conflictos de interés de su Exvicepresidente Ejecutivo y de contratación fraudulenta de seguros de vida para sus trabajadores, han revivido el debate sobre cuál es el mejor modelo de supervisión, vigilancia y fiscalización para la empresa estatal.

Más allá de la necesidad de modernizar su marco regulatorio, todo parece indicar que el modelo vigente falló. Pero aquí no solo hay un problema de fiscalización, también hay uno de gestión. El excesivo tamaño de Codelco, dividida en 8 divisiones de compleja operación, hace pensar que cualquier esfuerzo del directorio y de la administración, a pesar del enorme trabajo que desarrollan y a las importantes mejoras que se han incorporado en la última década, no sean suficientes para gestionar a la empresa con la profundidad y transparencia necesaria.

La diversidad, complejidad y tamaño de sus operaciones, invitan a pensar en soluciones a este desafío. A las ya conocidas propuestas de privatización total o parcial de Codelco, también han surgido voces que, manteniendo su carácter estatal, promueven la división de sus operaciones en dos filiales autónomas: Codelco Norte y Codelco Centro Sur, que tendrían sus respectivos gobiernos corporativos y su propia administración, lo que permitiría una gestión más cercana y profunda que aquella que permite el actual modelo.

En cuanto a los perfeccionamientos al marco regulatorio relativo a la supervisión, vigilancia y fiscalización de Codelco, debería privilegiarse el reforzamiento del rol fiscalizador especializado y técnico de Cochilco, aclarando el rol fiscalizador especial de la Contraloría General de la República sobre aquella. Con ello, junto con resolver el conflicto judicial vigente sobre las competencias fiscalizadoras sobre Codelco, se lograría robustecer el rol original de fiscalización y auditoría de Cochilco sobre esta empresa, permitiendo que aquellas otras atribuciones que sean ajenas o se aparten de dichas funciones originales, sean transferidas al Ministerio de Minería.

Tratándose de una empresa que es de todos los chilenos, la ley orgánica de Codelco amerita una profunda revisión, junto con una amplia discusión sobre su modelo de gestión y de fiscalización, con altura de miras y participación de todos los actores relevantes. Aunque este debate se debería extender a todas las empresas públicas, es urgente partir a la brevedad con la empresa estatal más importante del país.