Nada amistosa está resultando la salida de Nelson Pizarro de Codelco, quien abandonó en septiembre pasado la presidencia ejecutiva.
En octubre, la compañía presentó antecedentes al Ministerio Público para que se investigara un eventual caso de conflicto de interés. Esto se relaciona con la compra de una vivienda en la localidad de Chicureo, comuna de Colina, por solo $75 millones, en circunstancias que el avalúo fiscal supera los $684 millones. En paralelo, el vendedor de la vivienda, José Miguel Julián -antiguo socio del hijo de Pizarro, Nelson Pizarro Contreras- firmaba como contratista de la división El Salvador de la estatal.
Y lo que partió como una denuncia, se convirtió en querella. El 23 de diciembre, la cuprífera presentó tal requerimiento ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por tráfico de influencias contra "don Nelson".
En la causa, que fue declarada admisible el 24 de diciembre, se detalla que los hechos del delito ocurrieron en 2015, cuando el gerente general de la división El Salvador, Juan Carlos Avendaño, contrató a Indak -para el transporte de material-, empresa perteneciente a José Miguel Julián. Este se hizo mediante asignación directa y en el que se beneficiaría a Nelson Pizarro hijo con la compra de la propiedad en Chicureo.
"El 1 de septiembre de 2015 -un mes después de que se adjudicara el contrato de la división El Salvador a Indak, de propiedad del señor Julián- (Inmobiliaria e Inversiones) San José (también de Julián) vendió el inmueble a Nelson Pizarro hijo y a su esposa, doña Caterina Vernengo, quienes pagaron $75.592.350. Un detalle relevante para considerar es que la propiedad tenía, al año 2015, un avalúo fiscal de $684.413.166", se señala en el documento.
Se agrega que "el expresidente de la empresa habría ejercido influencias sobre quien fuera el gerente de la división El Salvador el año 2015, en tanto habría utilizado la posición favorable que le concedía estar en un cargo de mayor jerarquía que el referido gerente, dentro del organigrama de Codelco, para incidir en la decisión de contratación de Indak en la división El Salvador".
Codelco plantea que Pizarro debió informar la existencia de dicho conflicto de interés al directorio y abstenerse de participar en cualquier decisión que implicara a Indak u otra empresa de propiedad de Julián. Sin embargo, nada de eso se realizó.
Posibles penas
La querella presentada contra Pizarro podría traerle diversas consecuencias. Según el documento, al expresidente ejecutivo se le puede aplicar: "reclusión menor en su grado medio, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo y multa del 10% al 50% del valor del interés que hubiere tomado en el negocio".
Consultado por PULSO, Pizarro dijo escuetamente que "por el momento estamos trabajando con mis abogados al respecto", avanzando en una estrategia que darán a conocer dentro de estos días. Agregó que con esto "se está dañando mi prestigio personal y profesional".
